¿Actualizar la composición de la Cámara de Diputados para hacerla más federal? ¿Nacionalizar ese cuerpo legislativo? ¿Reformar la Constitución o incluso elaborar una nueva? O quizá se trate simplemente de aumentar el número de habitantes fijado en la ecuación que permite establecer cuántos serán los legisladores nacionales por distrito.

Esas fueron algunos de los interrogantes esbozados por académicos y analistas políticos consultados por la agencia de noticias Télam, días después del censo nacional realizado esta semana, que reflotó viejas demandas sobre la desactualizada composición del cuerpo.

De acuerdo con la Constitución nacional, la representación en la Cámara baja debe modificarse luego de cada censo, pero la última adecuación fue concretada por la dictadura militar, en 1983, poco antes de la recuperación de la democracia.

Casi 40 años después, la Cámara de Diputados mantiene el mismo número de representantes por distrito de entonces, pese a las distorsiones ya visibilizadas en el censo del 2010, cuando en base a 40.117.096 habitantes, la provincia de Buenos Aires debió haber sumado 30 diputados más y, por el contrario, la Ciudad de Buenos Aires, con 2,8 millones de personas, tendría que haber retrocedido, en comparación con Santa Fe y Córdoba, que rondaban entonces los 3,2 millones de ciudadanos.

Ahora, con los datos provisorios del censo de esta semana, que contabilizó 47.327.407 de habitantes, la distorsión se presume todavía más acentuada.

“Es un debate equiparable a la discusión por la coparticipación; se trata de redistribuir poder y quien ahora está en desventaja, claramente, es la provincia de Buenos Aires; abrir la agenda sería hablar de ganadores y perdedores en cuanto a distribución de poder; creo que es bastante difícil que suceda porque implica una gran negociación y un acuerdo de las 24 unidades territoriales”, analizó el licenciado en Ciencias Políticas, escritor y docente, Sergio del Piero.

El académico e investigador Roberto Bugallo postuló como solución al problema “modificar” la ecuación fijada por la dictadura militar (con la promulgación de la ley 22.847 en 1983), que estableció un diputado cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500 y “mantener” el mínimo de cinco legisladores en el caso de las provincias más despobladas.

“Hay que pensar en algún momento en hacer una Constitución nueva, acorde al siglo XXI, que ponga en claro los conflictos que tiene el país”, opinó el docente de derecho constitucional y de derechos humanos en la UBA y en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en diálogo con la agencia de noticias Télam.

Bugallo aseguró que “hay una crisis de representatividad” y explicó: “hace 60 años un diputado de un partido político tenía una identidad determinada, ahora no es así, hoy hay pocos vasos comunicantes entre un diputado de La Matanza y otro de La Rioja del mismo partido; de ahí que hay una crisis de representatividad”.

“Hay que barajar y dar de nuevo, aunque se piensa que nunca es momento para una reforma; la Constitución tiene demasiados remiendos y perdió coherencia porque es un pacto político de gobernabilidad con una sociedad determinada en un momento determinado; hoy tenemos una Constitución formal que no se cumple en infinidad de cosas”, planteó.

Para la politóloga y directora de la consultora Zurban & Córdoba, Paola Zurban, “sería necesario hacer un balance de poder” en el Parlamento, aunque juzgó que “no están dadas las condiciones para alcanzar el tipo de consenso político necesario” que habilitaría, por ejemplo, un aumento en el número de diputados nacionales.

“Creo que el principal motivo para que esos consensos se traben es que la provincia de Buenos Aires obtendría un tercio de la Cámara de Diputados y lo que está más en juego en este momento es el protagonismo que tienen las provincias en las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno nacional”, argumentó.

Es que si Buenos Aires sumara las bancas que le corresponden conforme al aumento de su población desde 1983 tendría un peso mayor al 30 por ciento de la Cámara.

En las antípodas de esa propuesta, el docente e investigador de la UBA Julio Burdman expresó: “No soy partidario de seguir analizando la composición de la Cámara de Diputados en términos federales; creo que habría que llevar a la Argentina a un sistema que nacionalice ese Cuerpo, y no que lo federalice, porque en los últimos años se está pareciendo mucho al Senado, con diputados que responden al gobernador o al partido distrital”.

Explicó que la Constitución prevé que Diputados sea “la representación del pueblo argentino como un todo” y, por esa razón, -señaló- “hay que reformar la representación de la Cámara y convertirla al servicio de un proyecto de Argentina, como país, y no de las provincias como unidades políticas que confrontan con el Estado nacional”.

El constitucionalista Eduardo Barcesat se excusó de opinar sobre “derecho electoral” y sólo apuntó que “es el Congreso” el que debería modificar la representación de las provincias tras el censo porque -dijo- es una de las “formas factibles de la ley”.

Por su parte, la académica especializada en opinión pública Shila Vilker consideró “inviable” cualquier cambio que implique aumentar la composición del Congreso y evaluó que, “en este contexto de frustración frente al desempeño político, impulsar proyectos de esta naturaleza sólo perjudicará a las fuerzas mayoritarias” frente a la mirada de la ciudadanía.

Con todo, la Cámara de Diputados está conformada con reglas y en base a datos poblacionales de la década del 1980, cuando el país tenía 27.949.480 habitantes. En aquel momento se llegó a las 257 bancas actuales.