Detenciones masivas, arrestos a menores de edad, uso excesivo de la fuerza frente a “cortes de rutas no violentos” y exclusión de comunidades originarias: esos son los principales motivos que argumenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la represión en Jujuy en un comunicado publicado este martes. Pese a las movilizaciones, el Gerardo Morales reformó la Constitución provincial y profundizó la represión.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver a las protestas en la provincia de Jujuy en Argentina, una de las provincias con mayor población indígena auto reconocida”, inicia el comunicado publicado por Ámbito, que llama a “respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

El organismo internacional denuncia que “fuerzas de seguridad locales habrían utilizado del uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos y balas de goma, para disolver cortes de rutas no violentos y que respetaban el derecho de paso en autopistas federales. De acuerdo a lo indicado por el Estado, la situación continúa en desarrollo. Al respecto, la CIDH expresa preocupación ante una posible escala de la respuesta de las fuerzas de seguridad provincial en el contexto de las manifestaciones”.

Apuntando que el origen de las protestas es las “reformas al sistema electoral local, así como la criminalización total de los cortes de ruta” sin “la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales”.

En ese sentido, solicitaron “asegurar que los agentes de la fuerza pública mantengan información que permita identificar la cadena y ejecución de órdenes” y reiteraron que los cortes de ruta “son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta”. Es necesario que se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana.

Finalmente, la CIDH “insta a Argentina a establecer procesos de diálogo transparentes y voluntarios, que incluyan a las autoridades tradicionales locales, con el fin de abordar las demandas de los pueblos indígenas. En particular, hace un llamado a las autoridades locales de la Provincia de Jujuy a dialogar de manera amplia y constructiva con los gremios docentes y sindicatos movilizados en torno a las protestas relacionadas con reclamos salariales docentes y con la reforma constitucional provincial”.