La problemática por el gasto que demandan los alquileres no afecta solo a los vecinos en distintos puntos del país. El Estado también tuvo que destinar un importante monto de sus cuentas para poder cubrir la renta de edificios donde funcionan organismos y dependencias públicas.

La información surge del informe que compartió en Diputados el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a partir de datos recopilados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado. De acuerdo a la planilla que figura en ese documento, hay más de 50 entidades estatales que trabajan desde inmuebles alquilados, dentro de los que se encuentran ministerios, secretarías, institutos y otros organismos.

El gasto total en concepto de alquileres durante 2024 fue de $25.611.941.508, que equivale a US$21.837.727,12 al tipo de cambio oficial de este miércoles 16 de abril. En tanto, el costo mensual estimado fue de $2.583.521.608.

En concreto, se trata de contratos de alquiler que firma el Estado con personas o empresas que tienen a su cargo un edificio, una oficina, un piso o un terreno. Cada organismo que necesita de ese espacio lanza una licitación para pactar un entendimiento. Por eso, pueden variar los montos, los plazos y los cánones de actualización de cada acuerdo.

Si se observa en detalle, los organismos que más gastaron en alquileres por mes fueron:

• La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que destinó $478.138.222.
• La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) gastó $247.004.830.
• La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS): $233.879.964.
• La Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT): $198.512.282.
• La Secretaría de Obras Públicas: $164.793.297.
• La Junta de Seguridad en el Transporte (JST): $150.429.114.
• La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia: $129.272.313.
• El Ministerio de Seguridad: $102.358.831.
• La Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat: $100.080.696.
• La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: $96.234.864.

El Ejecutivo ya había alertado sobre esta problemática, especialmente bajo la idea de encontrar mecanismos para achicar al máximo el gasto público para mejorar las cuentas fiscales. Es por eso que se puso en marcha un plan para reducir la demanda presupuestaria en concepto de alquileres a través de reubicación de personal y readecuación de los espacios donde funcionan esas dependencias públicas, explicaron fuentes oficiales a TN.

Incluso, en el informe que la Jefatura de Gabinete presentó ante el Congreso, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) argumentó que el objetivo es relocalizar paulatinamente las dependencias estatales a inmuebles que sean propiedad del Estado.

“Este plan forma parte de una estrategia de optimización de recursos y eficiencia en la administración de inmuebles, con el objetivo de disminuir las erogaciones y poner en valor el patrimonio inmobiliario del Estado Nacional”, explicó la AABE en el documento que Guillermo Francos llevó a los legisladores.

En concreto, el Gobierno explicó que para bajar el gasto en alquileres actualmente trabaja en analizar los contratos vigentes, identificar los inmuebles del Estado nacional en desuso, subocupados o sin una afectación específica, para luego relocalizar los organismos “en aquellos espacios que resulten adecuados para su nuevo destino”.

Además, en ese mismo documento se precisó que durante el primer trimestre de este año se dieron de baja 21 contratos de alquiler, lo cual representó un ahorro fiscal de $30.247.143.