La escalada de tensión entre el Gobierno nacional y el bonaerense por la autorización para la toma de deuda sumó otro capítulo y además promete mudar la discusión al Congreso. La Casa Rosada exhortó a gobernadores e intendentes a congelar el gasto y advierte que de no hacerlo, cortará envíos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y anulará permisos de endeudamiento.
Forma parte del informe del Consejo de Mayo difundido en las últimas horas y que incluye una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Se trata de la iniciativa que contempla castigos penales para funcionarios que habiliten gastos no presupuestados o directores de BCRA que convaliden emisión monetaria.
El texto en que el Gobierno nacional expuso las conclusiones de las reuniones del Pacto de Mayo también se refiere a la necesidad de que provincias y municipios hagan su propio ajuste fiscal. La cuestión responde a uno de los puntos del Pacto de Mayo que propuso bajar el peso del gasto público hasta 25% del PBI.
Según cálculos oficiales, este año entre Nación, provincias y municipios esa proporción es cercana a 32%, un punto más que en 2024. Esa diferencia se habría dado por un avance en el ritmo de erogaciones de las provincias.
"De mínima sería necesario congelar el gasto real", fue una de las conclusiones del documento que emitió el Consejo de Mayo, que además mencionó que "sería imperativo que las provincias que no adhieran al acuerdo o que no cumplan con las metas establecidas quedarían excluidas de la posibilidad de recibir Aportes del Tesoro Nacional".
Los ATN son fondos que el Gobierno nacional puede distribuir a discreción y que tienen, al menos en su definición, el objetivo de cubrir emergencias financieras o presupuestarias que los gobernadores no pueden asumir por su cuenta de manera inmediata.
El Gobierno libertario no es propenso a utilizar este recurso: en lo que va de 2025 el fondeo para ATN -que sale del esquema de coparticipación entre Nación y provincias- sumó $860.115 millones pero solo se distribuyeron $131.500 millones, estimó Analytica.
Las que más recibieron fueron Neuquén ($18.000 millones), Tucumán ($15.000 millones) y Salta ($13.000 millones). Quedan sin repartir, así, $728.000 millones. La tajada presupuestaria es tan relevante que los gobernadores empujaron una ley para que se distribuyan con un esquema automático y, luego de sancionado, el Poder Ejecutivo lo vetó. El Senado rechazó ese veto y el trámite quedó estacionado en Diputados desde septiembre.
Hay un segundo castigo que el Gobierno blande en caso de que los gobernadores no mantengan a raya su gasto público: el corte en los permisos de endeudamiento en provincias que registren déficit fiscal. La legislación prevé que la Nación debe autorizar las operaciones de deuda en los mercados internacionales que quieran hacer las gobernaciones.
Este punto en particular tomó fuerza en los últimos días por el cruce entre la Nación y la provincia que gobierna Axel Kicillof. La administración bonaerense consiguió aval parlamentario local para tomar deuda por más de US$ 3.600 millones que corresponden a parte de los vencimientos de este año y todos los de 2026.
El Consejo de Mayo presentó sus conclusiones este martes y los primeros proyectos de ley.El Consejo de Mayo presentó sus conclusiones este martes y los primeros proyectos de ley.
En la provincia mencionaron ante una consulta de Clarín que se trata solo de refinanciamiento de vencimientos, sin aumento neto de la deuda, y aseveran que no necesitan colocar bonos para financiar el pago de aguinaldos de fin de año.
El argumento de la Casa Rosada de que solo podrán tomar deuda las provincias sin déficit es nuevo: la ley de responsabilidad fiscal establece que el criterio principal para determinar las autorizaciones de endeudamiento adicional es el peso de los intereses en el presupuesto de cada gobernación. No deben superar el 15% de los ingresos provinciales.
Hasta el momento tres jurisdicciones fueron autorizadas y salieron a buscar dólares a Wall Street: Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe. Esta última tiene un déficit equivalente a 1,9% de sus ingresos. Su gasto, además, avanzó a un ritmo mayor a la inflación. Esas circunstancias no fueron un impedimento para conseguir autorización de la Casa Rosada para tomar deuda.
Un informe de la consultora Equilibra planteó que todas las provincias tuvieron un deterioro fiscal este año por un fuerte aumento del gasto, muy por encima de los ingresos. Ocho provincias que el año pasado no tenían déficit, este año cayeron en desequilibrio.
