Es que ante un amparo presentado por el ahora ex concejal Guillermo Grandi, “surge de la declaración de los funcionarios municipales” que la obra comenzó el 3 de agosto de 2011 “sin dar cumplimiento a los artículos 11 y 12 de la Ordenanza Nº 6495”. “Ello es sin Estudio de Impacto Ambiental y, lógicamente y en consecuencia, sin Certificado de Licencia de Funcionamientos”, explican los radicales en la presentación judicial.

Por eso, es que entienden que el responsable de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano de la Municipalidad -que fue ratificado en su cargo por el nuevo intendente, Carlos Schepens- “claramente ha omitido cuestiones atinentes a su cargo”.

Creen que en esta “omisión” se encuentra configurada el tipo penal contemplado en el Artículo 249 del Código Penal.

Presentaron como prueba la propia respuesta de Argüello al amparo de Grandi, “en la cual éste afirma que la documentación de obra bajo Expediente Nº 904558, correspondiente a la construcción de la nueva terminal, cumple con todos los requisitos exigidos”. “Tal manifestación deja a la vista un obrar doloso por parte del funcionario”, aseveran.

Por las razones que dispararon la denuncia, desde la UCR le exigieron en noviembre al secretario de Salud y Medio Ambiente, el actual concejal Sergio Bertellotti, que “de cumplimiento al Artículo 25 de la Ordenanza 6495 respecto del proyecto vinculado con la licitación pública 04/2010, adjudicada a Construcciones Antonio C. Caballi SA- Jorge Cura UTE”.

El pedido está basado en el reconocimiento por parte del Municipio, ante el amparo antes mencionado de que “la obra de la nueva Terminal de Ómnibus comenzó el 3 de agosto de 2011 sin contar con el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente”.

Por último, le reclamaron que “dada la rotunda oposición de muchos uruguayenses al proyecto convoque usted a Audiencia Pública en un todo de acuerdo a las posibilidades que le brinda el Artículo 20 de la Ordenanza 6495”, publicó El Miércoles Digital.