Fue en octubre del año 2003, cuando un cable de la agencia oficial Télam daba cuenta de la maniobra en la que se involucraba a la Aduana de la ciudad de Concordia, precisando que la Dirección General de Aduanas (DGA) había “desbaratado un complejo sistema de contrabando que permitía el ingreso al país de mercaderías declaradas como en tránsito, entre Uruguay y Chile, que incluyó diferencias en las declaraciones por unos 3 millones de pesos, sólo en las últimas transacciones detectadas”.

En ese sentido, el titular de la Unidad Fiscal de Delitos Tributarios y Contrabandos (UFITCO), Luciano González Valle, detallaba que una de las principales involucradas era la ex firma de indumentaria Chemea, investigada junto a los transportistas y Agentes de Transporte que facilitaron las maniobras.

Lo que se informaba oficialmente por entonces era que la Fiscalía había podido “constatar a fines de agosto (del 2003) el ingreso al país de un cargamento con destino a Iquique (Chile), a través de la aduana de Concordia (Entre Ríos), cuyo valor declarado era de 22.600 dólares, muy inferior a los más de 370 mil que se transportaban realmente”, sospechando que “el propósito era descargar el excedente no declarado en Argentina, para ingresarlo al mercado local”. En aquel operativo “el camión con la mercadería fue detenido en las cercanías de la localidad de Uspallata, donde se comprobó que llevaba artículos de electrónica e informática por más de 370 mil dólares” y los bienes “habían ingresado al país a nombre de Open Sport Business y Boeing S.A. (ex Chemea), bajo el rótulo de productos textiles, artículos de computación, bazar, del hogar, ferretería y otros”, precisaba Luciano González Valle. Agregando que esa solo sería una muestra de otros 9 casos similares y otras 11 que estaban sospechados.

Aduana intervenida

Vale recordar que tras aquel escándalo, a través de la Dirección General de Aduanas se determinó la intervención de la Aduana de Concordia, lo que hizo mediante la Disposición Nº 96/2003, del 10/10/2003, aludiendo a las “presuntas irregularidades detectadas por la Dirección General De Aduanas y por la Unidad Fiscal Para la Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO), llegando a suspender a algunos agente por un plazo de 60 días.

Llegando incluso a “trasladar al Administrador de la Aduana de Concordia, Eduardo Ramón Burgos (Legajo Nº 17.527-7) en comisión de servicios a la Aduana de Colón, por el tiempo que dure la intervención”, publicó Diario Río Uruguay.

De acuerdo a lo que se precisaba en la causa, por la investigación en su momento fueron citados a declarar los despachantes de aduanas Juan Montoreano y Eduardo Cristina, el transportista Daniel Pizarro y como personal de la Aduana Federico Hanson, Virginia Silvano, Eduardo Mella, Héctor Toulliet, Jorge Liberatori. Algunos de los cuales terminaron imputados de acuerdo a lo que resolvió la semana pasada la Justicia Federal de Concepción del Uruguay.