Es un documento con el cual el ex legislador intenta demostrar ante el juez federal Sebastián Casanello que ya fue sobreseído por ese delito en un juzgado de Chilecito (La Rioja). El abogado de Yoma presentó -en sede judicial de Capital Federal- la fotocopia de la resolución en la que él supuestamente quedó desvinculado en su provincia, pero el despacho original nunca apareció.

En 2005, la Justicia porteña comenzó a pedir el expediente que supuestamente coexistía en La Rioja a cargo del entonces juez Alfredo Eduardo Ramos, quien intervenía en el caso con el fiscal Daniel Nader, este último destituido por mal desempeño en sus funciones. Cuando Casanello se hizo cargo del juzgado federal 7 de la Capital Federal en 2012, siguió reclamando la causa a su par riojano.

En el juzgado de Chilecito informaron que la causa “fue prestada” al abogado defensor José Tomás Yoma, pariente del ex diputado, y nunca lo devolvió. El letrado luego informó que él no tiene el original del expediente, y nunca se ordenó su reconstrucción.

Según fuentes consultadas por Infobae, existe la sospecha de que en verdad el expediente en Chilecito nunca existió, y por eso no aparece. Ahora Casanello denunció el caso y pidió abrir una investigación al respecto.

“El término escandaloso ha quedado corto, y no es posible seguir indagando desde aquí ya que asoma la posibilidad cierta de estar frente a un delito de acción pública. El único camino que se vislumbra como debido es la radicación de una denuncia penal”, sostuvo Casanello.

La causa contra Yoma data de 2004, cuando el dirigente era del entorno kirchnerista, y la denuncia la realizó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) por supuesto enriquecimiento ilícito.
El caso ahora fue delegado al fiscal federal Federico Delgado -tal cual lo dispuso Casanello- y se sigue investigando, más allá que la defensa de Yoma intenta que se archive al insistir en que ya fue sobreseído en su provincia, y no puede ser investigado dos veces por un mismo delito.

No obstante, para Casanello, “la saga iniciada tras la noticia del sobreseimiento dictado por un juez de Chilecito no debe operar como un inhibidor de la tarea pesquisitiva encarada en esta encuesta, porque las noticias que llegan desde allí obligan a radicar una denuncia penal”.

Por el caso incluso hasta se reclamó la intervención de la Corte Suprema de Justicia. El expediente en Chilecito sigue sin aparecer.