Daniel Enz
“Nosotros acá presos, encerrados en una celda a oscuras, cagados de frío, comiendo mal y ellos afuera, disfrutando de los dineros del poder que nosotros teníamos que subirle mensualmente durante una década. No sé hasta cuándo aguantaré”. La frase corresponde a uno de los detenidos por lo que se entiende el mayor affaire de corrupción en Entre Ríos de los últimos 35 años. Los primeros datos de la investigación que llevan adelante la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche y los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Arramberry, son claros y contundentes: desde fines de 2007 al 2018, se desviaron unos 1.200 millones de pesos de la Legislatura entrerriana, a través de contratos truchos, con gente a la que se le pagaba no más del cinco por ciento de lo que allí figuraba o, directamente, los ejecutores del plan perverso se quedaban con la totalidad del dinero. Entre diciembre de 2007 y el mismo mes de 2011, la banda encabezada por Hugo Mena y su mujer, Flavia Beckman, solamente administraban contratos del Senado de la provincia. El gobernador era Sergio Urribarri y el vicegobernador José Eduardo Laurito, actual intendente de Concepción del Uruguay y uno de los hombres más reconocidos del justicialismo entrerriano por sus definiciones y honestidad. Laurito vive en la casa familiar de siempre de la ciudad de la costa del Uruguay, no tiene vehículos particulares ni inversiones. Pero está visto que en su período le fallaron los controles del Senado y lo traicionaron algunos de los colaboradores que consideraba de confianza. De otra manera no se hubiera podido desarrollar un festival de contratos que arrancó con 90 nombres y fue creciendo año a año.
Los detalles del inicio del millonario fraude al Estado entrerriano quedaron al descubierto en los 8 cuadernos contables encontrados en la vivienda que habitan Mena y Beckman, con anotaciones casi diarias de las recaudaciones, que son la base de la acusación contra quienes están hoy detenidos en la Unidad Penal de Paraná y en la cárcel de mujeres. Los cuadernos entrerrianos eran sencillos, casi como de almacén: nombres, importes, número de los cheques, descuentos, aportes, fechas de pago e identidades de cada uno de los cobradores de esos cheques, lo que hubo que instrumentar a poco de iniciado el sistema, cuando algunos pícaros de los contratados se empezaron a fugar con el dinero de los cheques, sin dejarlos en su totalidad en los jefes de la banda. Y siempre había que rendirlo al jefe mayor: Alfredo Bilbao, también preso, desde el mismo enero de 2008, en que comenzó a funcionar de modo aceitado, después de un mes de afinamiento de cada detalle.
Cuando asumió Laurito, el director del Servicio Contable era Juan Domingo Orabona, actual titular del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPS) y uno de los principales allegados al gobernador Gustavo Bordet. Como segundo de Orabona estaba Gustavo Pérez, quien había llegado a ese lugar a fines de la gestión del exvicegobernador Pedro Guillermo Guastavino, después de un paso por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). Guastavino asumió como senador nacional del Frente para la Victoria de Entre Ríos a poco de terminar su mandato en la provincia: en diciembre de 2007 y de esa manera reemplazó a la senadora nacional Laura Martínez Pass de Cresto, esposa del exintendente Juan Carlos Cresto (PJ).
(Más información en la edición gráfica número 1088 de la revista ANALISIS del jueves 25 de octubre de 2018)
