Loretta Preska, le envió ayer una señal negativa al país en el juicio por la renacionalización de YPF en 2012. La jueza del segundo Distrito Sur de Nueva York, invitó a formar parte de la audiencia del 11 de julio al fondo Eton Capital, el otro demandante que se sumó a la presentación de Burford Capital a la causa.

Eton había esperado agazapado hasta ayer a que la Corte Suprema de los Estados Unidos resolviera si aceptaba o no la mudanza del caso de ese país a la Argentina. Luego, con la negativa oficial del tribunal del lunes pasado, y la reapertura del juicio en el tribunal de primera instancia; los abogados que representan a Eton se presentaron ayer en la Corte de primera instancia de Manhattan, y recibieron el visto bueno de Preska para que participen de la audiencia.

Antes tendrán, al igual que la Argentina y Burford, que presentar un escrito justificando su demanda y los argumentos propios. Según los analistas que siguen el caso, sería una señal negativa para la posición de argentina, que insistirá en la audiencia en el traslado de la causa a Buenos Aires, pero con nuevas justificaciones. Según el director de Fin Gurú, Sebastián Maril, se trata de un gesto que indicaría que Preska “busca consolidar los casos”, publicó Ámbito.

La demanda de Eton Capital es por un monto sensiblemente menor al de Burford, pero con argumentos similares. En total el reclamo es por unos u$s500 millones; y así como Burford le reclama al país por sentirse damnificado por la forma en que el Gobierno de Cristina de Kirchner realizó la nacionalización y dejó afuera al 25% de la empresa que mantenía el Grupo Petersen; Eton Park reclama también por ser socio, pero sin haber vendido su parte.

Según Eaton, la manera de realizar la nacionalización prohibiendo que se repartieran dividendos durante un tiempo -también el argumento de Burford- hizo que las acciones de la empresas cotizantes en Nueva York se desplomaran, perjudicando a los inversores privados que quedaron fuera del proceso. Este sólo alcanzó el 51% de Repsol, a la que se le pagaron u$s5.371 millones. El resto de los socios no recibió dinero por la reestatización (según la propia ley que autorizó la operación), a la vez que se les prohibió recibir dividendos, lo que derivó, supuestamente, en una pérdida en el valor de los activos.

Eton Park había adquirido en diciembre de 2010 el 1,63% del capital de YPF (entonces controlada por Repsol) por unos u$s250 millones, y nunca vendió su parte. Esto la separa del caso de Petersen, que luego de la renacionalización vendió sus acciones a un grupo financiero, mientras que el derecho del juicio contra la Argentina lo compró el fondo Burford, un especialista en litigios de empresas concursadas o en bancarrota contra terceros supuestamente provocadores de esas quiebras. El argumento de Repsol para vender a Eton fue que la empresa necesitaba capitalizarse para avanzar en otras inversiones en territorios “menos complejos” como la Libia de Muamar Gadafi y otros mercados del norte de África.

Eton no era desconocido en la Argentina. Ya había ingresado en 2019 en Pampa Energía, comprando el 5% de la compañía. En esos tiempos se presentaba como un poderoso fondo concentrado en inversiones de energía, que prometía volcar al país miles de millones de dólares en un mercado que prometía ser muy rentable. Eran días en los que se hablaba insistentemente de la decisión del Gobierno de Cristina de Kirchner de revalorizar las tarifas de los servicios energéticos, decisión que nunca se tomó.

En el momento de la expropiación, YPF tenía un valor aproximado de u$s15.300 millones, y la acción se pagó a u$s39. Al momento de la presentación de la demanda, la cotización de la petrolera era de u$s24,31; mientras que en la actualidad el valor llega a 18,19 dólares. Eton Capital reclama por no haber recibido la oferta de compra, obligándola a sostener sus acciones en la petrolera y ver como se depreciaba su valor.

De prosperar esta demanda, para la Argentina se le abriría otro problema extra: que el resto de los socios a los que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner bajo la conducción teórica de Axel Kicillof tampoco les ofreció la recomprar de las acciones, y que aún permanecen en el cartel de accionistas o vendieron sus porcentajes después de la reestatización; se convoquen en el tribunal de Preska para reclamar por los mismos derechos de Burford y Eton Capital. En el escrito presentado originalmente por Eton en junio de 2017, al formalizar su demanda contra el país, el fondo culpó directamente al ex ministro de Economía por la situación. Eton, para justificar que la acción del Gobierno en 2012 fue a propósito, dijo en sus argumentaciones que Axel Kicillof estaba al tanto de la operación. Mencionó el 17 de abril de 2012, cuando Kicillof dijo concretamente en el Congreso Nacional que “los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¡Si no dónde está la seguridad jurídica?”. Según estos escritos presentado en su momento por Eton, los demandantes mencionan al exministro como un virtual “interventor” de la empresa durante el kirchnerismo, con lo que conocía a fondo la vigencia del estatuto de la petrolera y la obligación de avanzar en una “tender offer”.

La presentación de Eton se diferencia así de la de Burford, aunque el reclamo de fondo es por la misma operación de dejar afuera al 49% restante de los accionistas, luego de haber liquidado el 51% de las acciones en poder de Repsol. La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera. El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, con lo que el gran misterio (por ahora) de esta megacausa es quienes son los socios de Burford en los reclamos.

Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino en megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Fue el caso de Petersen, que tras la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner, y se vio obligado a presentarse en concurso. Antes dejó claro que no podía seguir adelante sosteniendo ese porcentaje por la manera en que se decidió reestatizar la petrolera y la prohibición explícita del Gobierno de Cristina de Kirchner de redistribuir dividendos en la nueva YPF. La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una OPA, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada por Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.