En diez días se cumplirá un año del escándalo que sacudió a la política, la justicia y el mundo empresario: la causa de los cuadernos, aunque el kirchnerismo prefiera decirle “de las fotocopias”. El caso tuvo tiempos exprés para la habitualidad de Comodoro Py: la Fiscalía y las querellas del gobierno solicitaron la elevación a juicio y llegó el turno de opinar de las defensas. Fue Cristina Kirchner, la ex presidenta que está acusada de encabezar una asociación ilícita que recaudaba coimas, la que eligió dar la sorpresa: pidió ir ya mismo a juicio oral.

En un escrito que fue entregado al juez Claudio Bonadío planteó que “ante la ausencia manifiesta de un órgano jurisdiccional que en esta instancia pueda reparar la cadena de ilicitudes” que se llevaron adelante en el expediente, la defensa considera “imprescindible” pasar al juicio oral para reclamar allí, “una vez más, el restablecimiento de los principios constitucionales que hacen al debido proceso legal, del que deben gozar todos los habitantes de la Nación, sin excepción alguna”.

Con estas palabras, en medio de una campaña electoral que la postula como precandidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner hizo su jugada en la causa de los cuadernos de Centeno. Dejó en claro que prefiere enfrentar el banquillo, como ya está haciendo ante el Tribunal Oral Federal 2 por la causa de la obra pública entregada al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, y que el caso deje la órbita del juzgado de Bonadío y la fiscalía de Carlos Stornelli, informó Infobae.

“En condiciones normales, la posibilidad de que estas actuaciones pudieran ser elevadas a juicio, en términos jurídicos, resultaría absurda. Ello así, pues todo lo actuado es insanablemente nulo, al haberse vulnerado todas y cada una de las garantías previstas en la Constitución Nacional”, sostuvo el defensor Carlos Beraldi.

En la presentación, Beraldi hizo un repaso del caso. “La causa se inició a partir de un supuesto elemento de prueba obtenido por medios ilegales: los presuntos cuadernos del chofer Oscar Centeno”, afirmó. “Según fue informado, estas presuntas anotaciones habrían sido sustraídas a su titular por el ex sargento de la Policía Federal Argentina, Jorge Bacigalupo, para luego ser entregadas al periodista Diego Cabot” y luego, “el juez y el fiscal llevaron a cabo una inequívoca maniobra de fórum shopping para retener la causa sin practicar el sorteo correspondiente, en contra de lo previsto en la ley vigente, invocando un presupuesto totalmente falso, esto es, una presunta conexidad con la causa del Gas Licuado”.

“Los supuestos cuadernos nunca aparecieron y sólo obra en la causa lo que serían fotocopias de los mismos”, se señaló. “Insólitamente, el juez y el fiscal habrían tenido noticias de estos supuestos cuadernos desde marzo del año 2018 y pese a tratarse de una prueba básica, recién fueron a buscarla cinco meses más tarde -junto con Oscar Centeno-, cuando el proceso había tomado estado público” y se habían ordenado las detenciones de ex funcionarios y empresarios.

Fue entonces, se añadió, cuando “Centeno habría confesado que incineró los supuestos cuadernos en la parrilla de su casa, no obstante lo cual pasó a ser considerado por los instructores como un importante colaborador en la búsqueda de la verdad”. Precisamente, Centeno ya pidió su sobreseimiento para no llegar a juicio oral.

Uno de los puntos clave que tuvo el caso fue la aplicación de la figura del imputado colaborador. El primero fue Centeno, pero después se sumaron empresarios y más tarde ex funcionarios, que hicieron acuerdos con la Fiscalía y lograron esquivar o salir de la cárcel, luego de que el juez validara esas declaraciones.

“Como es de público conocimiento, se realizaron detenciones arbitrarias a mansalva y se efectuó una aplicación totalmente ilegítima de la ley 27.304, la cual terminó siendo utilizada como un medio coactivo no sólo para arrancar supuestas confesiones a los imputados, sino también para manipular sus dichos, siempre en una misma dirección: imputar, como sea y por cualquier delito, a mi representada”, afirmó la defensa de Fernández de Kirchner. “Así, decenas de imputados fueron colocados ante la siguiente disyuntiva: o reconocían la comisión de supuestos delitos, vinculando a la ex Presidente de la Nación con los mismos, o serían privados de su libertad por un lapso indefinido”, sostuvo.

Beraldi manifestó que "en un pícaro intento por no dejar rastros de estos atropellos, de manera deliberada se omitió obtener registros audiovisuales de estos actos procesales, vulnerando la clara disposición prevista en el artículo 6 de la ley 27.304″, pero "como la mentira tiene patas cortas quedó expuesto públicamente que las actas que documentaron las supuestas declaraciones de los arrepentidos no eran un fiel reflejo de las mismas".

Y citó a "prestigiosos abogados defensores que actúan en la causa e incluso el dueño de un importante medio periodístico", pero afirmó que "la reacción no fue otra que la de bloquear la posibilidad de que potenciales testigos de estas ilicitudes prestaran declaración, fabricándose una falsa imputación de que todo esto era una maniobra para que el titular de este Juzgado fuera despojado de la causa".

"Preparado así el terreno y como era de esperar, se dictó un auto de procesamiento en contra de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, nuevamente por el supuesto delito de asociación ilícita (multiplicado de manera obscena), con el aditamento de imponerle como medidas cautelares la prisión preventiva y un embargo multimillonario para dar a estas maniobras la repercusión pública perseguida. A todo ello se le adicionó una nueva práctica ilegítima, consistente en conformar nuevas causas conexas, multiplicar la misma imputación y dictar nuevos procesamientos en contra de mi representada aunque no existe una sola prueba directa que demuestre que mi asistida hubiera recibido coimas", sentenció el letrado.

Por último, añadió el defensor, "en otro capítulo de la saga de ensañamientos protagonizados en este proceso se allanaron distintos domicilios de mi representada, se destrozaron paredes y expresamente se incumplieron las directivas del Senado de la Nación sobre la manera en que debían desarrollarse estos procedimientos".

“Así las cosas y frente a la ausencia manifiesta de un órgano jurisdiccional que en esta instancia pueda reparar todas estas ilicitudes, resulta imprescindible que las actuaciones transiten hacia el juicio oral”, completó.

De esta manera, la ex jefa de Estado fijó su postura sobre el futuro de la causa de los cuadernos. Junto a ella también se pronunciaron el resto de los implicados, que buscan pedir más medidas de prueba antes de la elevación a juicio o reclamar los sobreseimientos, sobre todo de aquellos que colaboraron como arrepentidos.

Con el planteo de los acusadores y las defensas, Bonadío tomará la decisión de decidir la elevación a juicio. Se acaba también así el tiempo de los arrepentidos. Apenas el caso pase a otra instancia, se sorteará un tribunal oral. Será ese el que terminará absorbiendo el resto de las causas anexadas a este expediente que también llegarán a juicio oral.