El juez Claudio Bonadío elevó a juicio oral y público la investigación por la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo. Se trata de una de las causas desprendidas del caso que se inició por las anotaciones del chofer Oscar Centeno cuando describió un sistema de distribución de coimas pagadas por empresarios de obra pública y recibida por funcionarios del gobierno de ese momento. En un escrito al que accedió Infobae, el juez recordó unas palabras escritas en los cuadernos en donde el remisero decía: “La verdad que cada vez que veo toda esta corrupción me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias…”

Bonadío determinó que fueran a juicio 52 personas, entre las que se encuentran la ex presidente y actual vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López y el financista Ernesto Clarens, quien confesó haber recolectado las coimas y entregarlas a Daniel Muñoz, secretario privado de los Kirchner. Están acusados -y por eso irán a juicio oral y público- del delito de cohecho pasivo cometido en 174 ocasiones. A Fernández de Kirchner, De Vido y López se los considera coautores; Clarens fue acusado en calidad de partícipe necesario.

Los empresarios que irán a juicio son los que están acusados de pagar las coimas. Entre ellos se encuentran el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Cristóbal López, Juan Chediack, Carlos Román, José Cartellone y Carlos Wagner.

Wagner, que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, confesó como arrepentido haber armado con De Vido el sistema de cartelización de la obra pública. Esa estructura consistía en que las empresas decidían cuál de ellas ganaba las licitaciones y luego pagaban coimas a los ex funcionarios. La existencia del mecanismo fue avalada por José López en su declaración como arrepentido. Fue el financista Clarens quien aportó planillas con los pagos y cobros de las coimas y señaló a las empresas y a las personas involucradas. Explicó además que los desembolsos se realizaban en pesos que luego se cambiaban a dólares o euros y finalmente eran entregados en bolsos a Muñoz.

También fueron enviados a juicio los ex funcionarios de Vialidad Nacional -que era el organismo que realizaba los pagos a partir de los cuales se devolvían las coimas- Nelson Periotti, Sergio Passacantando y Sandro Férgola y también el ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Germán Nivello. Ellos deberán ir a juicio en tanto miembros de una asociación ilícita.

Con la elevación de este caso, se cierran todos los capítulos que se abrieron luego de la aparición de los cuadernos de Centeno, ex chofer de Roberto Baratta y mano derecha de De Vido en el ministerio de Planificación durante los doce años del gobierno kirchnerista. El expediente fue girado esta mañana al Tribunal Oral Federal 7 que tiene las otras causas conexas surgidas a partir de las anotaciones en los cuadernos.

“A pesar del material probatorio reunido en el marco de todos estos legajos, algunas defensas continúan sosteniendo que esta investigación se trata de una ‘persecución judicial’ -escribió Bonadío en la resolución firmada el último día hábil del 2019-. Pero veamos. Anteriormente se detallaron las setenta y ocho (78) personas imputadas, que confesaron haber formado parte y/o afirmaron la existencia misma de este esquema de corrupción estatal –tanto en relación a la concreción de los pagos ilegales como en la recepción y distribución de los mismos, en el seno de la administración pública nacional, y hasta la cúspide máxima–, al igual que aquéllos sujetos que admitieron haber integrado la estructura conformada para lavar parte del dinero ilícito recaudado por la organización”.

“Sobre ese grupo de imputados, ha recaído auto de procesamiento, confirmado por el Superior, respecto de sesenta y tres (63) de ellos, cuando la totalidad de los procesados en estos expedientes, asciende a ciento quince (115) personas. Es decir que, más del cincuenta por ciento (50 %) de los procesados, ha reconocido el mecanismo de recaudación ilegal de dinero, involucrando tanto a los empresarios particulares como a los funcionarios públicos. En adición, corresponde resaltar los cruces de llamados telefónicos constatados entre cohechantes y cohechados, que deben interpretarse como verificatorios de las reuniones mantenidas entre aquéllos”, se añadió.

Bonadío reforzó la hipótesis de la investigación diciendo: “se ha verificado la existencia de esta organización delictiva enquistada en la administración pública nacional, sus integrantes y sus planes delictivos, al igual que la intervención de los empresarios en este mecanismo de corrupción. Ello fue posible, a partir de la actividad desarrollada por este Tribunal”.

“Como se dijera, no se trata de una ‘persecución judicial’, sino de una verdadera investigación judicial. Como epílogo de este apartado, con el cual se clausura la instrucción de este grupo de causas conexas, identificadas como ‘Los Cuadernos de las Coimas’, se estima ilustrativo recordar la anotación de Oscar Bernardo Centeno, de fecha 7 de septiembre de 2015: ‘…La verdad que cada vez que veo toda esta corrupción me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias…’”, recordó Bonadío.