De ANÁLISIS

El actual diputado Diego Lara (FdT-María Grande) respondió a la Comisión de Asuntos y Acuerdos del Senado, en el marco de la audiencia pública para ocupar la Presidencia del Tribunal de Cuentas. La instancia se transmitió por el Canal de YouTube del, y antes de la entrevista a Lara tuvieron su oportunidad los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (Copnaf), Gabriel Leconte y Alejandra Ramírez respectivamente.

La audiencia se llevó delante de los senadores Horacio Amavet (FdT-Uruguay); Armando Gay (FdT-Concordia); Nancy Miranda (FdT-Federal); Gastón Bagnat (JxC-Victoria); Rubén Dal Molín (JxC-Federación); Marcelo Berthet (FdT-San Salvador); y de modo virtual participó Amílcar Genre Bert (FdT-La Paz).

Lara fue concejal en María Grande; intendente en dos oportunidades; y tres veces diputado (actualmente cumple mandato en la Cámara baja). También fue titular del Jurado de Enjuiciamiento en 2017, y 2018-2019. Nació el 2 de junio de 1972 en Paraná. Es abogado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), especializado en derecho notarial.

En los tramos más importantes de su presentación ante los senadores, consideró que este proceso de selección es “un salto de calidad institucional para Entre Ríos”. “Quiero decir que siempre fui autoexigente en cuanto a todas las tareas que me tocaron cumplir, eso me permitió tener trayectoria en funciones públicas que se dijeron”, aseguró.

Además recalcó que ha sido “estudioso de la temática del control”. “Experimenté ser controlado cuando fui intendente y en la Legislatura, por la propia naturaleza y desarrollo de la tarea que hace al control de instituciones del Estado. Allí hacemos una tarea de control permanente por el sistema republicano y la división de poderes”.

Posteriormente se refirió al trabajo en los Jurados de Enjuiciamiento. “El control que venimos desempeñando en la tarea legislativa despertó un interés particular. Trabajé en normas para el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Esto fue lo que me inspiró a plantearme un nuevo desafío. Por eso decidí participar del concurso. Hasta el momento soy hombre de la política, por eso quise participar. La sociedad de hoy exige que demos una mirada diferente al control. La sociedad en su conjunto exige que los mecanismos de control funcionen y den resultado, que en definitiva no es otra cosa que funcionen las instituciones”, consideró y acotó que se requiere una “mirada compleja del control en una sociedad distinta, más informada, con otras herramientas tecnológicas”.

“El control es un medio para mejorar la gestión pública, no un fin en sí mismo. De nada sirve buscar culpables sino se puede mejorar la gestión, evitar que se incurra en desvío de fondos públicos. En líneas generales, esas son mis motivaciones”, completó su presentación.

Patrimonio

En cuanto a la situación patrimonial, Lara dijo ser monotributista categoría H en actividad agropecuaria y por su condición de funcionario público como intendente y legislador. “La actividad profesional liberal está suspendida desde que asumí la responsabilidad de ocupar un cargo público, por eso tengo la matrícula suspendida matrícula”.

Ofreció su última declaración jurada y el pago del impuesto a los bienes personales. “Allí consta mi patrimonio aclarando que he cumplido con el mandato de presentar la declaración en cada inicio de período como funcionario y al finalizar, ante la Contaduría de la provincia”, dijo y detalló un total patrimonial de “5 millones 897 mil 187 pesos con 47 centavos”.

Mencionó un campo de 110 ha en María Grande Segunda, adquirido en 1982 en condominio con sus hermanos, y dividido en 2007, donde desarrolla la actividad agropecuaria; una casa habitación en María Grande, donación de su madre en 1996; construido con un crédito hipotecario ya saldado, donde residen los hijos y su madre; un 11 por ciento de un predio con galpón, adquirido con 8 apicultores porque desarrolló esa actividad hasta antes de la actividad legislativa; una casa habitación por donación de su hermano en María Grande; dos vehículos, un Vento 2016 y una Toyota 2018; y plazos fijos, cajas de ahorro en pesos y dólares y una cuenta corriente. “Son todos fondos justificados con mi actividad”, apuntó.

Dijo que hasta el año pasado poseyó un fideicomiso por 718 mil para un departamento de calle San Juan de Paraná, de un dormitorio, pero ya no lo tiene. “Todo esto fue adquirido antes de mi intervención como funcionario público en 2003”, agregó.  

“Nueva orgánica, integralidad, vocales políticos y control constructivo”

Más adelante el mariagrandense propuso “discutir y diseñar una nueva ley orgánica” del TdC. Habló de la “evolución de controles, la demanda social, y la complejidad del Estado”. “Tenemos antecedentes jurisprudenciales, fallos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que es el intérprete final de la legislación, y el mandato constitucional incumplido de cuestiones establecidas en artículos que tienen que ver con el funcionamiento del TdC. Tenemos que plantear esta necesidad para una ley que debe tener la particularidad de integralidad para regular todos los institutos externos de control”, planteó.

Refirió a una “nueva integración del TdC” y se expresó por “dejar de tener sólo miembros permanentes para pasar a tener dos vocales políticos que vengan de la Legislatura por la mayoría y la minoría”. “La función del TdC debe ser un control constructivo, que el organismo no solo tenga el enfoque de revisar las cuentas que ya están cumplidas, ejecutadas y solo controlar la naturaleza financiera. El TdC tiene que tener activos de control de gestión, contribuir a mejorar gestión, no para interferir en cómo debe gastarse, sino para que se cumplan objetivos de una gestión”, propuso.

Fue consultado por el acceso a la información pública. “Debe ser incorporado en la nueva orgánica, con mecanismos simples para que la gente acceda a la información, por ejemplo los sueldos, la cantidad de profesionales. El TdC debería tener además profesionales en sistema, en obras públicas, ingenieros civiles, medioambientales, no sólo abogados y contadores”, consideró. “Entiendo que es necesaria una norma de acceso a la información pública. Hay restricciones y determinada  información que no puede brindarse o brindarse en otro momento, porque podría contrariar una investigación”, acotó.

Proceso de selección y puntaje en el Consejo de la Magistratura

Por último fue consultado por el proceso de selección que llevó adelante el Consejo de la Magistratura, y que cosechó diversas críticas e impugnaciones de otros postulantes y sectores políticos no oficialistas. “Tengo que dejar la mirada política para ocupar este cargo, pero no por eso puedo desmerecer el proceso del Consejo de la Magistratura. Participaron reconocidos juristas, miembros del TdC, ex intendentes que integraron un Jurado de Enjuiciamiento o integran organismos de control. Sobre aquellas cuestiones vertidas por los medios, poco responsables, nunca hice declaraciones públicas -es la primera vez que la hago-, por respeto a la institucionalidad. Pero venir de la política no influye para nada”, subrayó.

“Me siento orgulloso y con gran responsabilidad si el Senado brinda acuerdo para ocupar el cargo y estar a la altura de las circunstancias, y contribuir a mejorar la institucionalidad de la provincia y responder a todas las demandas sociales. El viernes se emitirá dictamen de comisión”, completó.