Antonio Tardelli (*)

Lejos está de ser la provisión de vacunas contra el covid un problema argentino.

En mayor o menor medida el inconveniente aqueja a buena parte del mundo.

También es verdad que, por razones de peso económico y diferencias de funcionamiento institucional, hay países que en la materia están en mejor condición que otros.

La enfermedad y su tratamiento reveló una vez más, por si era necesario, que la desigualdad es un problema que aqueja a los países hacia su interior y a los países entre sí.

Se planteó en su momento el problema de por qué la Argentina no adquiría las vacunas de Pfizer.

Para explicar el desencuentro, las dos partes (el gobierno y la empresa) hablaron en su momento de exigencias inadmisibles y de pedidos imposibles de satisfacer.

Porque la pandemia tiene también una dimensión lucrativa (mal de muchos, negocio de algunos), y porque la opacidad en las contrataciones argentinas es una constante, se pensó inmediatamente que Pfizer no llegaba a la Argentina por algún indebido pedido que merodeaba la coima.

No se dijo tan abiertamente. Pero se lo sugirió mucho.

A partir de la revelación de ciertas notas que intercambiaron el ministro de Salud y directivos de la empresa, da la sensación de que las cosas pasaron por otro lado.

El tema es complejo y mereció incluso una ley del Congreso que le entregaba, en algo que pareció entre imprescindible y escandaloso, una serie de prerrogativas (inmunidades) a los laboratorios responsables de las vacunas que se aplicaran en el país.

Se desprende de aquel intercambio epistolar que el gobierno se mostró fastidiado con la empresa por la falta de predisposición mostrada por la firma hacia la Argentina pese a las mencionadas modificaciones legales.

A través de su gerente general en la argentina Nicolás Vaquer, la empresa asevera que las demoras en la negociación dilataron la llegada de la vacuna pese a un cronograma que se había establecido a mediados del año pasado.

En nota dirigida a Pfizer el 11 de diciembre, el ministro Ginés González García enumero las facilidades otorgadas a la compañía para que desarrollase la vacuna en la Argentina.

Esas facilidades incluían, por ejemplo, la cesión de las instalaciones del Hospital Militar Central.

Se recordaba también allí que el gobierno y el laboratorio trasnacional habían suscripto un acuerdo de confidencialidad en el que se evaluaban alternativas de suministro, plazos, cantidades y precio.

Y que se había negociado la indemnidad.

Y que se había considerado también la variante de un seguro de caución, alternativa desestimada por la empresa.

Se pidió desde la compañía que la Argentina firmara el contrato de compra en un plazo que, alegó el gobierno, era incompatible con las normas de la administración.

Se dice textualmente luego: “Distintos proveedores de la industria farmacéutica solicitaron al gobierno argentino condiciones tales como la prórroga de jurisdicción, indemnidad patrimonial y confidencialidad. Entre ellos, Pfizer reclamó además condiciones de inmunidad que exceden las que brinda el Estado argentino a organismos internacionales o programas de organismos multilaterales”.

La nota de Vaquer, a su vez, ensaya algunos reproches.

Aparece en su texto una palabra clave: el supuesto de “negligencia” como excepción a la indemnidad establecida en la ley.

Pfizer entendía que la inclusión del término “negligencia” en el texto legal le quitaba a la empresa los beneficios asociados a la indemnidad.

Dicho en otros términos: el temor de la empresa era que la indemnidad no se aplicara en los aludidos casos de “negligencia”.

Del intercambio de notas surge que el término “negligencia” era también para el ministro González García el nudo de la disputa.

Hasta acá el detalle.

Una información más prolija y minuciosa, difundida a su debido momento, hubiera evitado el escandalete y las sospechas que se arrojaron contra el gobierno.

Es lo que sabemos.

Y sabemos que sabemos, es cierto, solo una parte de las cosas que suceden en la trastienda: del iceberg apenas si divisamos la punta.

Pero el intercambio aclara un poco las cosas y, en lo que esos documentos respecta, se libera al gobierno de sospechas de comportamientos indebidos.

La publicidad de los actos de gobierno no sólo es un derecho y una garantía para los ciudadanos.

Cuando no hay nada que ocultar, puede ser, también, de gran ayuda para los gobiernos.

Un montón de problemas, si cabe, se eluden con la debida y, por qué no, entrañable transparencia.

(*) Periodista. Especial para ANÁLISIS.