Todos coinciden en que el enriquecimiento ilícito es el delito más difícil de comprobar de los que afectan al erario público. Lo regula el artículo 268 del Código Penal, impone una pena que incluye prisión de 2 a 6 años, una multa que se calcula entre 2 a 5 veces del valor enriquecido y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los investigadores deben determinar el patrimonio del investigado, como así también a otras personas de su entorno que pueden hacer de prestanombre o testaferros. Una vez que se sabe cuánto es el patrimonio mediante una pericia contable, se establece un plazo para que el denunciado pueda justificar el crecimiento patrimonial. Lo que se mide son todos los bienes registrables (viviendas, automóviles, depósitos, etc.).

Según el Código Penal el delito se configura recién al momento en que el funcionario no puede justificar su patrimonio. Si el Ministerio Público Fiscal (MPF) observa que la explicación del funcionario no es suficiente para demostrar su patrimonio, recién en ese momento se dispone de la declaración indagatoria.

“La persona que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de personas interpuestas para disimularlo (testaferros), ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño”, asegura el artículo 268.

Uno de los principales escollos de las investigaciones es el cuello de botella que se produce a la hora de las pericias contables, ya que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispone de un escueto equipo de no más de 5 contadores para intervenir en todas las causas que requieren su atención.

El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) realizó un informe donde mostró el estado de situación de las causas vigentes por enriquecimiento ilícito en la provincia:

• Sergio y Mauro Urribarri: la investigación de la familia Urribarri comenzó en 2015 tras una denuncia periodística de ANÁLISIS que mostró el crecimiento patrimonial durante los períodos que el embajador fue gobernador de la provincia. La lupa no está puesta sólo en el exgobernador y su hijo Mauro, sino que en todo el círculo familiar. Hace más de un año que se está realizando la pericia contable.

• Luis Erbes: el actual secretario de presupuestos y finanzas fue denunciado por ANÁLISIS en 2016 y el Ministerio Público Fiscal (MPF) inició una investigación tras una denuncia penal. La Justicia investiga la compra de varios inmuebles por parte del hombre de confianza del exministro de Economía Diego Valiero. Hace más de un año que se está realizando la pericia contable.

• Juan José Canosa: el extitular de Sidecreer fue condenado por negociaciones incompatibles con la función pública en 2018 y a raíz de la investigación surgió un nuevo expediente que investiga el crecimiento patrimonial del actual asesor jurídico de la Cámara de Diputados y su entorno familiar. Durante el proceso se allanaron distintos domicilios y está próximo a solicitarse la pericia contable. Se está en etapa de acumulación de pruebas.

• Martín Fernández: Fue imputado formalmente y realizó su declaración indagatoria en mayo. El exgerente IAPSER se defendió de las acusaciones y aseguró su inoncencia. Ya está realizada la pericia contable.

• Aldo Ballestena: el actual titular del Ente Portuario Paceño y exsenador tiene su causa bastante avanzada en la investigación primaria. Se solicitaron informes a los escribanos que intervinieron en las transacciones que están bajo la lupa y el MPF pidió información sobre los movimientos bancarios que llamaron la atención. Está pronto a solicitarse la pericia contable para determinar su patrimonio y el foco está puesto en la derivación de bienes hacia sus hijos, principalmente en su hija que registró un vínculo laboral con la Cámara de Senadores cuando era empleada del Poder Judicial. 

• Patricia Díaz y Daniel Rossi: la defensa solicitó un exhorto a Uruguay para ampliar la información que ya está en el expediente vinculada a cuentas que tiene el matrimonio en el extranjero. Cabe recordar que el exgobernador ya fue condenado a 3 años por el mismo delito.

•  Silvio Moreyra: el exintendente de Santa Elena y extitular del IOSPER fue denunciado por su concuñado Daniel Rossi. El MPF solicitó a Catastro información vinculada a tres propiedades que tendría Moreyra en Paraná, se reunió toda la documentación y en estos momentos se está evaluando la pertinencia de la pericia contable. Moreyra ya fue indagado por los fiscales.

• José Ángel Allende: el exdiputado provincial y titular de UPCN está dispuesto a reconocer su enriquecimiento en el marco de un juicio abreviado. Hubo un primer intento pero los jueces rechazaron el acuerdo presentado entre la defensa y el MPF. Los abogados defensores solicitaron hace casi dos meses que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) disponga una fecha para el nuevo juicio abreviado. Aún no se conoce cuando se desarrollará.

• Pedro Báez: en 2016 el MPF inició una investigación contra el actual diputado provincial por la adquisición de inmuebles varios entre los cuales se encuentra un emprendimiento turístico en Concordia. El exministro también es investigado por negociaciones incompatibles y su vínculo con el comerciante Germán Buffa, apuntado como posible testaferro del dirigente. Se está acumulando prueba y ya se realizó la tasación sobre la propiedad en cuestión.

• Hernán Vittulo: el exlegislador gualeyo (entre 2003 y 2015) fue denunciado por el periodista Luciano Garro en Cuestión de Fondo (2018) en donde se mostró el crecimiento patrimonial y el vínculo fluido con la República Oriental del Uruguay (ROU). El informe mostró la sorprendente cantidad de viajes que realizó el exlegislador. En estos momentos, la investigación acumula mucha información a la espera de oficios que sigan ampliando la prueba. Entre esos oficios, hay un exhorto a la ROU para determinar el patrimonio del exlegislador en el exterior.

• Juan Carlos Lallana: la denuncia inicial fue realizada por dos afiliados al Sindicato Vial en 2018. El extitular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) fue acusado de adquirir propiedades de manera injustificada entre las que se destacan una quinta en Sauce Montrull y un departamento en CABA, entre otros bienes registrables. Lallana sólo tiene como ingreso formal el salario como empleado de la DPV.

• Nelio Calza: La investigación surgió de la denuncia original contra su sucesor en Sidecreer, Juan José Canosa. La misma fue realizada por dirigentes de la oposición. Actualmente la causa está en la etapa de recolección y pedido de medidas probatorias.