Organizaciones ambientalistas piden acceso a la información para conocer los datos catastrales de las islas del Delta del Paraná que atraviesa Entre Ríos. Por ahora, el Estado niega esa información.
El Foro Ecologista Paraná y la Asociación Civil por la Justicia Ambiental (AJAM) ingresaron una solicitud de acción de amparo ambiental a fin que el Gobierno de Entre Ríos cumpla con el acceso a la información pública y “brinde de manera perentoria y urgente los datos catastrales de la totalidad de los terrenos de las islas del Delta del Paraná en territorio provincial”.
El 24 de agosto pasado las entidades ambientales demandaron conocer detalles dominiales de los terrenos que el Estado entrerriano posee en Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú; e Islas de Ibicuy y si los mismo han sido afectados por los incendios.
Ahora, el 19 de octubre pasado, representantes del Foro Ecologista y AJAM ingresaron un escrito promoviendo una acción de amparo ambiental ante la falta de acceso a la información pública ambiental solicitado en agosto pasado al Estado provincial. Se requiere que en el término de siete días de ser notificados se “produzca un informe circunstanciado sobre la exactitud de los hechos denunciados en la demanda, dando en su caso las razones pertinentes”, se indicó en las actuaciones, según consignó el portal Era Verde.
La intervención se da luego de haberse cumplido 30 días hábiles sin respuestas al pedido inicial. “El Estado no cumplió con proveer la información de forma oportuna, pertinente y veraz, que es a lo que está obligado por la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental por la que es la Ley General del Ambiente y más que nada por la vigencia del Acuerdo de Escazú, el acuerdo internacional que obliga a los Estados a cumplir con esto. A través todo este marco que tiene una regulación de acceso a la información y participación ciudadana, con todas las garantías constitucionales que tienen los ciudadanos y organizaciones de poder acceder a la información pública ambiental, y por las características que tiene el pedido de informe que tienen que ver con las quemas continuas que se producen en el Delta, hicimos un amparo ambiental. Porque las respuestas que esperamos del Estado no es una respuesta para cumplimentar los plazos, sino que es una respuesta que debe tener algún tipo de contenido, que brinde algún tipo información o respuesta en relación a lo que estamos pidiendo”, explicó la abogada patrocinante, Aldana Sasia.
Antecedentes
Como se recordará, a fines de agosto las entidades solicitaron se dé cuenta en detalles de:
1) Las tierras de dominio público del estado; ubicación, extensión, permisos de usos otorgados y tipo de actividad productiva habilitada.
2) Las tierras de dominio privado; titulares del dominio y calidad de la adquisición, tipo de actividad productiva que se desarrolla.
3) Que ponga en conocimiento público el ordenamiento territorial de bosque nativo (OTBN) que corresponde a la zona Delta del Paraná de jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos.
La inquietud por conocer esta información surgió luego que trascendiera un informe realizado en base a datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) donde se registra las unidades productivas ganaderas existentes en las islas, publicó el portal Era Verde.
En esta base de datos figura que 76 establecimientos se encontraban en propiedad del Estado entrerriano. Así, en una superficie de 83.925 hectáreas se contabilizaba la presencia de 13.395 bovinos en tierras fiscales entrerrianas. El dato tomó por sorpresa al titular de Tierras Fiscales de Entre Ríos, Leonardo Caluva, quien afirmó que el Estado no contaba con tal actividad y conjeturó que estas tierras podrían estar actualmente ocupadas por intrusos o ser datos viejos.
Luego que esta situación quedara expuesta, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, a través del Decreto Nº 3.005/22 formalizó el traspaso de la Dirección de Tierras Fiscales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería a la órbita de la Secretaría de Ambiente provincial. La decisión apuntó a “regularizar la posesión a través de identificación de actuales usuarios”, comentó en su momento a este sitio de Ambiente, Daniela García.
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