La integración del Consejo de la Magistratura, que desató un conflicto institucional entre el Congreso y el Poder Judicial, empezará a destrabarse esta semana con una decisión de la Corte Suprema de Justicia de tratar el recurso de per saltum presentado por el senador Luis Juez para frenar la designación del camporista Martín Doñate, confirmaron al diario La Nación fuentes judiciales y cercanas al caso. A partir de entonces, reafirmarán su decisión original de anular la designación del senador oficialista.

El Consejo de la Magistratura está conformado por 20 integrantes: su titular, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; y los representantes del Poder Ejecutivo (uno), de los jueces (cuatro), los abogados (cuatro), los académicos (dos) y los legisladores (ocho). Este último grupo no fue puesto aún en funciones en el Consejo: son cuatro senadores y cuatro diputados cuya designación determinó el conflicto de Cristina Kirchner y su tropa con la Corte. La disputa provocó también una ruptura total de diálogo entre el Frente de Todos y Juntos por Cambio, al punto que la oposición bloqueó la reelección de Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara de Diputados.

La pelea de la política es por determinar la composición por los próximos cuatro años del organismo que elige a los jueces, los controla y remueve.

La última vez que se reunió el pleno del Consejo de la Magistratura fue en junio. Desde entonces no aprobó ternas de jueces para ocupar las vacantes del Poder Judicial, que ya alcanza a un tercio de los juzgados, ni votó las sanciones para magistrados que esperan que se decida su futuro, como Walter Bento, juez federal de Mendoza acusado de cobrar coimas a presos y de enriquecerse de manera ilícita.

El 18 de noviembre pasado vencieron los mandatos y la Corte Suprema ya le tomó juramento a los nuevos consejeros académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit (que responderían al exconsejero Diego Molea); los abogados Miguel Piedecasas (UCR), Héctor Recalde (Frente de Todos), Jimena de la Torre (Pro) y Fernanda Vázquez (también ligada a Molea); los jueces Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero (de la lista Bordó, crítica del Gobierno), Alberto Lugones (de la lista Celeste, más cercana al kirchnerismo) y Alejandra Provítola (de la lista Compromiso Judicial). También juró nuevamente en su cargo Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo y hermano del ministro Eduardo de Pedro.

Aún resta que asuman cuatro senadores y cuatro diputados, que de acuerdo a la ley deben representar al bloque mayoritario (dos en cada cámara), a la primera minoría (uno) y a la segunda minoría (uno). La Corte dictó un fallo donde dijo que Cristina Kirchner hizo trampa este año al partir en dos el bloque del Frente de Todos para quedarse con los dos representantes de la mayoría y un tercer senador por la segunda minoría.

Después del 18 de noviembre, el kirchnerismo en el Senado repitió la maniobra, calificada por la Corte como un “ardid” falto de “buena fe”, y propuso al camporista Mariano Recalde (CABA) y la kirchnerista Inés Pilatti de Vergara (Chaco) por el bloque Frente Nacional y Popular (21 miembros), y al camporista Martín Doñate (Río Negro) por el bloque Unidad Ciudadana (14 miembros). La oposición envió el nombre del senador Eduardo Vischi (Corrientes) por el bloque de la UCR (18 miembros) y el de Luis Juez (Córdoba) por el bloque Pro (9 miembros). Pero el decreto que el Senado envió al Consejo y la Corte volvió a dejar afuera a Juez y mantuvo el nombre de Doñate.

Con el primer fallo de la Corte en la mano, Juez fue a la Justicia para impedir que nombren a Doñate y reclamar que le tomen juramento a él. En primera instancia, la jueza María Alejandra Biotti rechazó su pedido, pero Juez apeló y además presentó un recurso de per saltum para llegar directamente ante la Corte sin esperar la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Los jueces de la Corte planean destrabar el asunto en el acuerdo de esta semana y reafirmar lo que dijeron cuando anularon la designación de Doñate. Que no se puede hacer trampa y dividir el bloque para violentar la voluntad de la ley, que es asegurar la representación proporcional de las minorías políticas en el Consejo de la Magistratura.

Por eso es que podrían tratar el recurso de per saltum de Juez y de su suplente, el senador de Pro Humberto Schiavoni. En su escrito de 30 carillas, los senadores dijeron que la Corte debe pronunciarse de inmediato y que hay un peligro en la demora pues ya “durante meses el senador Doñate ocupo de manera fraudulenta un rol institucional, realizando actos para los que carecía de legitimidad”. Y reclamaron la nulidad absoluta e insanable del decreto del Senado que designa a Doñate, la inoponibilidad de la partición del bloque del Frente de Todos a los fines de la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación, como ya lo dijo la Corte hace un mes, y ordenar a Cristina Kirchner “que cumpla en designar a Juez y Schiavoni como consejeros” titular y suplente.

La Corte analiza que tiene dos semanas hábiles por delante para resolver el asunto, al menos en cuanto a lo que se refiere al Senado. Desde lo político, los jueces se vienen plantando ante el avance del kirchnerismo: ya lo hicieron con fallos en casos de corrupción y plantaron bandera con el fallo que anuló la integración del Consejo de la Magistratura que ideó Cristina Kirchner y volvieron al viejo Consejo de 20 integrantes presidido por Rosatti.

Uno de los cortesanos confió a sus contertulios en una reunión social de la que participó hace unas semanas que, si no actuaban en este momento para pararse ante el kirchnerismo y recuperar autoridad, luego iba a ser más difícil. La justicia adquirió otra centralidad.

Claro que despejar el problema de los consejeros senadores (que la Corte ya resolvió, pues dijo hace un mes que es inoponible partir el bloque del Frente de Todos para elegir consejeros) deja en pie el problema de los consejeros diputados. Otra vez la política.

La Corte en una acordada ya dispuso que le iba a tomar juramento a los consejeros diputados incluidos en el decreto que envió la presidenta de la Cámara baja. Eran Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, del Frente de Todos (118 miembros); Álvaro González, de Pro (50 miembros), y Roxana Reyes, de la UCR (33 miembros).

Pero un juez, Martín Cormick, cercano a La Cámpora, objetó la designación de Reyes en un amparo presentado por Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos. Con esa excusa, Moreau retiró todos los nombres de los consejeros diputados y se armó un escándalo institucional de tales proporciones que la oposición y el oficialismo se trenzaron a los insultos en el recinto de la Cámara de Diputados. En esa sesión se debía reelegir a Moreau como presidenta de la Cámara Baja, pero no consiguió los votos necesarios.

Los diputados afectados, entre ellos Álvaro González, recurrieron a la Justicia para que la Corte les tome juramento, ya que el fallo de Reyes no lo afecta. González, además, reclamó a la Corte que se inmiscuya en el asunto para resolverlo.

Luego de que Moreau anulara su propio decreto, hoy en la Corte no hay ninguna propuesta de la Cámara de Diputados para que juren consejeros. El viernes pasado, en una conferencia de prensa, el Frente de Todos le “exigió” una reunión a la Corte. En los tribunales se encojen de hombres ante los problemas que provoca la política y pretende que resuelva la Justicia.

En el expediente administrativo está la acordada para que juren los consejeros diputados y la nota de Moreau retirando sus nombres. Además, hay un recurso de amparo apelado de Roxana Reyes para su designación y otro del bloque de Juntos por el Cambio. En paralelo, en el Consejo de la Magistratura ya se presentó un pedido de juicio político contra el juez Cormick.

La pelea política de fondo, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio y entre el kirchnerismo y el Poder Judicial desbordó los carriles institucionales. Esta semana la Corte puede empezar a encauzarlo.