La Asociación Solidaria para la Promoción de la Educación y el Mejoramiento Ambiental de Gualeguay (SEA) presentó una carta dirigida al Director de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación, profesor Alfredo Biochinger, manifestando su profunda preocupación ante el posible cierre de varios Centros Educativos de la ciudad.

La nota, fechada el 23 de junio de 2025 y firmada por Cristina Arias y Julio Benítez, fue enviada con copia al senador provincial Casiano Otaegui, a la presidenta municipal de Gualeguay, Dora Bogdan, y a la directora departamental de Escuelas, Patricia Aguiar. En ella, la entidad advierte sobre las consecuencias sociales y educativas del inminente cierre de los Centros Educativos N° 322, N° 324, N° 18 y N° 23.

Desde la asociación expresaron: “Consideramos que una decisión de cierre de los centros educativos afectaría los derechos de acceso a la educación básica a miembros de nuestra comunidad que, mayoritariamente, pertenecen a sectores sociales que el Estado no debe desproteger”.

Asimismo, plantearon que estos espacios son fundamentales como ámbitos de promoción humana y que, lejos de clausurarlos, deberían ser visibilizados y fortalecidos. “Se debería difundir su existencia y fines, relevando las necesidades educativas de los barrios donde se encuentran los centros, para que más personas los conozcan y puedan asistir a sus clases, respetando los espacios físicos donde actualmente funcionan", señalaron.

En su planteo, SEA también subrayó la importancia de fortalecer los vínculos institucionales entre docentes, supervisores y autoridades departamentales, con el n de atender adecuadamente la realidad social de cada comunidad a la que estos centros brindan servicio. “El Estado debe trabajar para asegurar la inclusión social de sectores postergados en nuestra sociedad. Por ningún argumento presupuestario puede justicarse el ‘ahorro’ en la atención educativa de personas que más lo necesitan, y que profundizaría aún más la desigualdad social existente”, señalaron.

La carta también hace referencia a una nota rmada por el propio Biochinger, con fecha 29 de mayo del corriente, en la que se expresa la intención de cesar los cargos docentes con fecha 30 de junio, medida que, según SEA, conllevaría el cierre denitivo de los mencionados centros. “Por lo expuesto, requerimos que en forma urgente se expida dejando sin efecto la medida, y dando tranquilidad a la comunidad educativa implicada”, concluye la nota enviada a las autoridades.

Diputados reclamaron por el cierre de 60 centros educativos
Diputados peronistas alertaron sobre el inminente cierre de 60 Centros Educativos distribuidos en Concordia, Paraná, La Paz, Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Federación, Diamante, Feliciano, Concepción del Uruguay, Nogoyá, Villaguay, Islas del Ibicuy, Victoria y Colón. Se señaló que quedan comprometidos la continuidad pedagógica de los estudiantes y la estabilidad docente y el derecho constitucional al trabajo y a la educación consagrada en nuestra Constitución Provincial y Nacional.

Diputados del bloque Justicialista de la Cámara Baja provincial presentaron este martes un proyecto de declaración en el que se instó al Cuerpo a adherir a la “profunda preocupación ante el inminente cierre de 60 Centros Educativos en diversos departamentos de la Provincia de Entre Ríos, lo cual representa una medida regresiva en términos de derechos y de acceso a la educación para sectores vulnerables”. El pedido incluyó “la inmediata intervención del Consejo General de Educación (CGE), arbitrando las medidas necesarias para preservar la continuidad de las instituciones educativas esenciales”.

La autora del proyecto, la diputada Silvina Decco, precisó en los fundamentos que los Departamentos “se ven severamente afectados” son Concordia, con 15 cierres; Paraná, con nueve; La Paz, Gualeguaychú, Gualeguay y Federal,  con cuatro cada departamento; Federación, Diamante, Feliciano, Concepción del Uruguay y Nogoyá, con tres cada uno; Villaguay e Islas del Ibicuy, con dos cada uno; y Victoria y Colón con un establecimiento cada uno.

En el proyecto, la autora precisó que “desde el Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos en concordancia con la Circular 08/25 DEJA ha propuesto a partir del 30 de junio del corriente año, el cese de los cargos del Centro Educativo 86 – CUE 3003058/03 – PLAZA 649752; Centro Comunitario 27 – CUE 3003058 – PLAZA 262440; y Centro Comunitario 27 – CUE 3003058 – PLAZA 262443”.

Sostuvo que “con esta medida se estaría afectando el principio de estabilidad docente conforme al estatuto docente y el derecho constitucional al trabajo y a la educación consagrada en nuestra Constitución Provincial y Nacional. Asimismo, la continuidad pedagógica de los alumnos a mitad de ciclo lectivo. Tal como expresa la ley provincial de educación de Entre Ríos N° 9890 que regula la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos, resulta indispensable garantizar la modalidad presencial del sistema educativo para adolescentes, jóvenes y adultos que no hayan completado la escolaridad obligatoria en edad establecida reglamentariamente, comprendiendo programas de alfabetización, primaria, secundaria, formación profesional, educación laboral y no formal”.

 Abandono
La legisladora sostuvo que de prosperar la medida “este recorte no solo limita el acceso a la alfabetización y la continuidad educativa, sino que vulnera derechos básicos, profundiza desigualdades y pone en riesgo la inclusión social de quienes más necesitan de la presencia del Estado”. Añadió que “cerrar estos centros implica abandonar a cientos de jóvenes y adultos que buscan, a través de la educación, mejores condiciones de vida y una participación plena en la sociedad”.

Decco manifestó que “necesariamente, se debe comprender a la educación de jóvenes y adultos como un proceso entre adultos, respetando sus particularidades biológicas, psicológicas y sociales. Los estudiantes requieren propuestas flexibles, significativas y contextualizadas, tanto en contenidos como en metodologías, para una verdadera inclusión educativa. Esta perspectiva exige una organización institucional y curricular acorde, participativa y abierta, que atienda a las realidades diversas de la población”. La legisladora expresó que “a nivel provincial se presenta una ‘situación alarmante’ que involucra a la sociedad en su conjunto".