Representación gráfica simulada (render) de la planta de e-Combustible HIF Paysandú. Esta iniciativa generó un conflicto ambiental y social entre ambos países.
Legisladores nacionales e intendentes del Partido Justicialista activaron una web con información pública de la causa judicial en la que está involucrada la empresa HIF de Paysandú, quien generó una conflicto ambiental y social en ambas orillas.
En la página web publicaron información del expediente que se tramita en la Justicia Federal por la instalación de esta planta de hidrógeno verde perteneciente a la empresa HIF en Paysandú. “La transparencia y el acceso a la información son fundamentales en un tema que puede afectar al Río Uruguay y a nuestras comunidades”, expresaron.
El senador nacional Adán Bahl y los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay del peronismo solicitaron intervención en la causa en carácter de Amicus Curiae, y el juez federal subrogante, Hernán Viri, hizo lugar al planteo sosteniendo que “se encuentran acreditadas las condiciones de legitimación necesarias”.
En ese marco, junto a los legisladores Gustavo Bordet y Blanca Osuna, y los intendentes de San José y Pueblo Liebig, Gustavo Bastián y Julio Pintos, respectivamente, pusieron a disposición de la ciudadanía el sitio web www.amigosdelriouruguay.com para acceder a información del expediente. “La transparencia y el acceso a la información son fundamentales en un tema que puede afectar al Río Uruguay y a nuestras comunidades”, manifestaron.
El sitio de internet es de fácil navegación y muy intuitivo y por el momento cuenta con 131 documentos de diversa índole, además de un canal de fácil acceso para que los lectores compartan otros aportes al respecto.
Tiene enlaces como “Planta de hidrógeno verde” donde se pueden acceder a los estudios de impacto, evaluaciones ambientales estratégicas e informes técnicos sobre el ecosistema afectado. Por el momento tiene 4 documentos.
Luego está el enlace a “Respuestas oficiales”, donde se accede a legislación aplicable, resoluciones ministeriales, decretos provinciales y normativa ambiental vigente. Posee hasta ahora 25 documentos.
También está el enlace a la “Causa judicial”, que permite conocer las demandas, contestaciones, recursos de amparo, resoluciones cautelares y sentencias del tribunal interviniente. Y cuenta con 43 documentos.
Finalmente, está el enlace a “Documentos anexos”, donde se puede acceder a las pericias técnicas, informes de laboratorio, análisis de muestras y dictámenes de expertos independientes y cuenta hasta el momento con 59 documentos.
“Del expediente surge que no se habría activado el procedimiento de información y consulta previa previsto en el artículo 7 y siguientes del Estatuto del Río Uruguay, el cual obliga a los Estados a regular y limitar el uso del río y proteger su medio ambiente”, señalaron.
En ese sentido, puntualizaron que “el artículo 7 es claro: cuando un país pretende realizar una obra que pueda afectar la navegación del río, su régimen, o la calidad de sus aguas, debe comunicar a la CARU acompañando la documentación técnica y los estudios correspondientes, para permitir la evaluación de sus efectos por la otra parte”.
Finalmente, los legisladores peronistas cuestionaron el rol del gobernador Rogelio Frigerio en la situación: “En diciembre de 2019, cuando Rogelio Frigerio era ministro del Interior, la delegación argentina ante la CARU designada por su gestión aprobó la Resolución 28/19 que modificó el Digesto del Río Uruguay debilitando estándares ambientales. Hoy afirma defender el ambiente y el río, pero lo cierto es que fue su propia gestión la que impulsó una decisión que viola el artículo 41 del Estatuto del Río Uruguay”.
