Carlos Merenson
En la superficie del escenario político argentino, la figura de Javier Milei concentra toda la atención. Su estilo disruptivo, su retórica incendiaria y su fundamentalismo de mercado ocupan el centro de la escena. Pero ese protagonismo, lejos de aclarar el rumbo del gobierno, cumple también una función de pantalla: mientras Milei vocifera, otro actor —más silencioso y sistemático— avanza en la reconfiguración estructural del Estado. Que Milei no nos impida ver a Federico Sturzenegger.
Porque si hay una coherencia profunda en el actual programa de gobierno, está en la persistencia doctrinaria de quien hoy encarna su arquitectura técnica. Sturzenegger no es un improvisado: es portador de una matriz ideológica que lleva décadas intentando abrirse paso en la Argentina. Una matriz que hunde sus raíces en los ciclos de liberalización más profundos del país —con antecedentes en la última dictadura y consolidación en los años noventa bajo la conducción de Domingo Cavallo, con quien trabajó directamente—. Desde entonces, su trayectoria ha sido una insistencia sistemática en los mismos principios: desregulación, primacía del mercado y reducción del Estado. Y lo notable no es solo esa coherencia, sino su persistencia incluso frente a resultados adversos: experiencias que terminaron en crisis profundas no modificaron el rumbo, sino que reforzaron la convicción.
Desde su paso por la Secretaría de Política Económica en los años noventa, en pleno proceso de apertura, privatizaciones y reconfiguración estructural, hasta su rol en el Megacanje de 2001, ya se delineaba con nitidez una orientación persistente: priorización de la lógica financiera, desconfianza hacia la regulación y apuesta por el mercado como principio ordenador.
Esa misma matriz encontró una expresión más acabada durante su presidencia en el Banco Central entre 2015 y 2018. Allí impulsó un esquema de disciplinamiento monetario y apertura financiera que terminó en inestabilidad y crisis. Pero lo relevante no es el resultado, sino la lectura posterior: lejos de abrir una revisión crítica, esas experiencias parecen haber consolidado un diagnóstico invariable según el cual la respuesta no es corregir el rumbo, sino profundizarlo.
En este punto conviene introducir una distinción que suele perderse en el ruido del debate público. Milei y Sturzenegger no son, estrictamente, lo mismo. Milei expresa una versión radicalizada del ideario libertario: su horizonte es la minimización extrema —cuando no la eliminación— del Estado como principio. Sturzenegger, en cambio, se inscribe en una tradición más tecnocrática: no busca abolir el Estado, sino reconfigurarlo para que funcione como garante del mercado. Pero lejos de atenuar el problema, esta diferencia lo vuelve más operativo. Mientras Milei corre los límites de lo decible y legitima una ofensiva antiestatal sin precedentes, Sturzenegger traduce esa radicalidad en diseño institucional concreto.
El punto de partida fue el mega decreto (Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023) y la Ley Bases, dispositivos de shock orientados a desarmar -indiscriminadamente- capas enteras de regulación. Pero la ofensiva no se agota ahí: avanza también sobre las capacidades mismas del Estado. La reducción estatal no es un eslogan, sino un proceso material de desarticulación institucional. Organismos como el INTA, el INTI, el PAMI, el Servicio Meteorológico Nacional, la ANMAT o el SENASA están siendo debilitados en sus funciones, recursos y capacidades técnicas. Y lo que se erosiona no es simplemente “burocracia”, sino infraestructuras críticas: sistemas de control sanitario, producción de conocimiento, prevención de riesgos, soporte a entramados productivos y cobertura social. Sus consecuencias, aunque muchas veces silenciosas, comienzan a hacerse visibles en forma de mayor vulnerabilidad, pérdida de información, deterioro de servicios y transferencia de costos a la sociedad.
La misma matriz se expresa con claridad en el terreno laboral. Las reformas impulsadas desde el inicio de la gestión —desde el mega decreto hasta la Ley Bases— no son medidas aisladas ni respuestas coyunturales: forman parte de una concepción que entiende al trabajo fundamentalmente como un costo a reducir. La flexibilización de las condiciones de contratación y despido, la extensión de los períodos de prueba y la atenuación de sanciones al empleador responden a una lógica consistente: remover “rigideces” para facilitar el funcionamiento del mercado.
En esa clave, el derecho laboral deja de ser un campo de protección frente a asimetrías estructurales para convertirse en un obstáculo a corregir. No se trata solo de modificar normas, sino de reconfigurar el equilibrio entre capital y trabajo en favor del primero. Y como en el caso de la propiedad, el movimiento es el mismo: reducir la capacidad regulatoria del Estado y desplazar el sistema hacia un esquema donde los derechos individuales del empleador ganan centralidad, mientras las garantías colectivas pierden densidad.
En ese terreno ya erosionado, el proyecto de ley sobre propiedad privada -que acaba de presentarse- aparece como la culminación lógica del proceso. No se trata de una medida aislada, sino de un paso adicional en la misma dirección: después de desregular y debilitar al Estado, se busca blindar jurídicamente el núcleo del orden económico. La propiedad privada es elevada a un estatuto reforzado, casi sacralizado, reduciendo al mínimo su exposición a la intervención pública. Se encarece la expropiación, se desplaza la noción de función social y se consolidan asimetrías en la gestión de conflictos. Y ese blindaje se apoya en un diagnóstico tan repetido como sesgado: que la propiedad privada en la Argentina está desprotegida.
La propiedad privada ya está protegida: lo que se busca es otra cosa
Uno de los argumentos centrales del proyecto es que la propiedad privada en la Argentina estaría insuficientemente protegida, asediada por regulaciones excesivas que generan inseguridad jurídica. Es un diagnóstico potente, pero engañoso. Porque si algo no falta en el ordenamiento jurídico argentino es precisamente protección a la propiedad.
La propiedad no solo está reconocida: está fuertemente blindada. La Constitución la declara inviolable, prohíbe su confiscación y establece que solo puede ser afectada mediante expropiación, con ley previa, causa de utilidad pública e indemnización. No se trata de una garantía débil, sino de uno de los núcleos más sólidos del sistema jurídico. A eso se suma un entramado legal que no solo reconoce el derecho, sino que le da instrumentos concretos para defenderse frente a cualquier afectación.
En la práctica, esto configura un escenario donde la propiedad no está desprotegida, sino resguardada con un nivel de rigor que ya limita la capacidad de intervención del Estado. Expropiar es complejo, costoso y altamente judicializado. Regular exige justificar cada medida. La idea de una propiedad vulnerable frente al poder público no describe la realidad: la simplifica.
Entonces, si la propiedad ya está protegida, ¿qué viene a hacer este proyecto?
Lo que está en juego no es la existencia del derecho, sino sus límites. Porque en el marco vigente, la propiedad no es un absoluto: convive con regulaciones que no son caprichosas ni accesorias, sino el modo en que las sociedades gestionan conflictos inevitables. Ordenamiento territorial, protección ambiental, planificación urbana: todas esas dimensiones expresan que la propiedad está inscripta en un sistema social y ecológico más amplio.
El proyecto interviene precisamente ahí. No para reforzar una propiedad débil, sino para redefinir qué se considera una restricción legítima. Lo que hoy es regulación pasa a ser presentado como distorsión. Y en ese desplazamiento se introduce un giro conceptual más profundo: se debilita la noción de función social de la propiedad y se la reemplaza por una concepción más cercana a la propiedad como esfera inviolable, donde la intervención pública aparece como anomalía.
Ese cambio tiene consecuencias concretas. Al encarecer la expropiación mediante mecanismos como la incorporación del lucro cesante, la indexación reforzada y la mayor judicialización, no se elimina la herramienta, pero se la vuelve cada vez menos viable. El resultado es un efecto disciplinador: el Estado conserva formalmente sus instrumentos, pero pierde capacidad efectiva para utilizarlos. La propiedad deja de ser un derecho dentro de un sistema regulado y pasa a operar como un límite estructural a la acción pública.
A esto se suma otra dimensión menos visible pero igualmente decisiva: la redefinición de la llamada “seguridad jurídica”. Lejos de ser un principio neutro, la seguridad jurídica siempre protege ciertos intereses más que otros. En este caso, el refuerzo es claramente unilateral: se consolida la posición de los titulares de propiedad, mientras que los derechos colectivos —territoriales, sociales o ambientales— quedan relativamente desprotegidos. El resultado es una asimetría creciente en la gestión de conflictos.
Pero ese movimiento no es neutro. Al debilitar la capacidad regulatoria, también se debilitan herramientas clave para abordar problemas concretos: el acceso al suelo, la planificación urbana, la protección ambiental o la gestión de recursos escasos. Lo que se presenta como una ampliación de derechos individuales puede traducirse, en los hechos, en una mayor exposición colectiva a riesgos, desigualdades y procesos de apropiación sobre bienes que son finitos.
Por eso el debate no es entre propiedad o desprotección. Ese es un falso dilema. El debate real es otro: qué lugar ocupa la propiedad dentro de un sistema más amplio de derechos, límites y responsabilidades. Blindarla aún más no resuelve los conflictos existentes. En muchos casos, los reconfigura en una dirección más regresiva.
Y es ahí donde el proyecto revela su sentido más profundo: no viene a corregir un déficit, sino a redefinir un equilibrio histórico entre lo individual y lo colectivo. Más que resolver tensiones, las reorganiza, desplazando el sistema hacia un esquema donde la propiedad privada gana centralidad a costa de otras dimensiones.
Pero el problema no es solo jurídico o económico. Es, en un sentido más profundo, civilizatorio. En un contexto atravesado por límites ecológicos cada vez más evidentes, avanzar hacia una absolutización de la propiedad implica reforzar mecanismos de apropiación privada sobre bienes finitos. La naturaleza desaparece del horizonte normativo, reducida a mero soporte de derechos individuales. No hay aquí ninguna consideración sobre sostenibilidad, bienes comunes o justicia intergeneracional. La propiedad deja de ser una institución situada para convertirse en un principio abstracto, desconectado de los sistemas sociales y ecológicos en los que opera.
No se trata, desde ya, de afirmar que el proyecto configure una sociedad anarcocapitalista en sentido estricto. Pero sí es posible reconocer en su orientación un desplazamiento en esa dirección. Al reforzar la propiedad privada como un derecho cada vez más inmune a la intervención pública, al debilitar sus condicionamientos sociales y al reducir las capacidades regulatorias del Estado, se avanza hacia un esquema donde la propiedad deja de ser una institución situada —inscripta en un entramado social y ecológico— para aproximarse a una forma más absoluta, más desvinculada de límites colectivos. Es en ese movimiento donde la lógica del mercado tiende a expandirse como principio ordenador, no ya dentro de un sistema de regulación, sino en reemplazo de él.
Milei, con su estridencia, puede hacer pensar que estamos ante un experimento personalista, incluso caótico. Pero esa lectura subestima la consistencia del proceso en curso. Detrás del ruido, hay diseño. Detrás de la provocación, hay doctrina. Y detrás de la doctrina, hay nombres propios.
Por eso conviene correr el foco. No para restarle importancia al presidente, sino para entender mejor el sentido de lo que está ocurriendo. Porque si Milei es la cara visible de este ciclo, Sturzenegger es uno de sus principales arquitectos. Y es en esa arquitectura —más que en la retórica— donde se juega el rumbo de fondo.
No verlo es un error analítico. Pero, sobre todo, es quedarse oyendo el ruido mientras avanza la arquitectura.
(Esta columna fue publicada originalmente en La Re Verde)
