El ex secretario general de ATE, Edgardo Massarotti, analizó con dureza el proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno provincial, contextualizándolo en un escenario general donde "está todo a la baja" debido al aumento de tarifas, la dificultad para comprar medicamentos y la degradación de los salarios.
Para el dirigente, el discurso oficial que promete garantizar el 82% móvil es una falacia matemática, ya que "¿es lo mismo el 82% de 100 que el 82% de 70? Evidentemente no", sentenció.
Massarotti explicó que al extender el cálculo del haber inicial de los últimos 10 años a los últimos 20, se incluye una base salarial menor por la progresión escalafonaria, lo que en la práctica hará que una jubilación inicial no sea del 82% del salario como activo, sino que ronde apenas el 63 o 65%.
Esta lógica de recorte se traslada también a las pensiones, que pasarían del 75% al 70% sobre un haber ya rebajado, convirtiéndolas en lo que definió como "pensiones de absoluta miseria", dijo a Radio Costa Paraná.
Massarotti rechazó de plano la narrativa de que los jubilados provinciales gocen de privilegios, recordando que en Entre Ríos el aporte del trabajador es del 19%, una cifra significativamente más alta que en el resto del país.
Cuestionó el argumento de que "todos los entrerrianos bancan la caja", señalando que, a través del IVA y otros impuestos, los ciudadanos también sostienen el sistema previsional nacional y diversos subsidios impositivos para sectores privados.
Respecto al aumento de la edad jubilatoria para las mujeres, calificó la medida como un argumento "tramposo", sosteniendo que la diferencia de edad actual no es un privilegio sino un reconocimiento a la desigualdad real en las tareas del hogar, la crianza y la maternidad.
¿Quiénes son los verdaderos responsables del déficit de la Caja de Jubilaciones? Massarotti enumeró decisiones políticas históricas que desfinanciaron el sistema: las privatizaciones del Banco de Entre Ríos y el Banco Municipal dejaron a unos 1.700 jubilados a cargo de la Caja sin el aporte de activos; la transferencia de servicios de educación y salud desde Nación en los años 90 no fue acompañada por los fondos correspondientes; y la proliferación de leyes especiales y pensiones no contributivas (como al medio artístico) que el Estado otorga como "premio", pero sin aportes reales.
Además, denunció el impacto de las cajas municipales propias que se quedaron con los aportes de los activos y, fundamentalmente, la persistencia de los pagos "en negro" por parte del gobierno desde noviembre de 2005, violando el artículo 82 de la Constitución Provincial.
Emergencia "indefinida"
El dirigente alertó sobre las inconsistencias técnicas del proyecto de ley, especialmente en la declaración de emergencia hasta fines de 2026.
Según su lectura, el texto habilita al Poder Ejecutivo a prorrogarla por el plazo que fije, lo que consideró "un bolazo" porque una emergencia no puede carecer de un plazo determinado por el legislador.
También advirtió sobre la facultad que se le otorga al gobernador para adecuar los rangos salariales de los aportes extraordinarios, lo que genera incertidumbre sobre cuánto terminará pagando cada trabajador en el futuro.
En cuanto al reclamo de la provincia a la Nación por la deuda de la Caja, aunque valoró la acción judicial de Frigerio, Massarotti expresó su preocupación por los acuerdos transaccionales que el Ejecutivo podría celebrar sin control legislativo, sospechando que se terminen aceptando sumas menores, como los 48.000 millones acordados frente a una deuda reclamada de 160.000 millones.
Finalmente, Massarotti criticó la estrategia de otros sectores gremiales, como UPCN, calificándola de "posibilista" y tramposa por no discutir el fondo de la cuestión y aceptar rebajas bajo el pretexto de que "es lo que se puede".
Con una cuota de ironía histórica, recordó que el actual gobernador Frigerio fue funcionario del Ministerio de Economía durante el menemismo, cuando se impulsaban las mismas privatizaciones que hoy se señalan como causa del déficit.
Para el histórico dirigente de ATE, el concepto global de esta ley es profundamente regresivo y busca dividir a los trabajadores para evitar una discusión seria sobre el financiamiento del sistema.
