(Por Luis Jacobi -director de Paralelo 32 de Crespo y Victoria-)

Evitaremos caer innecesariamente en redundancias acerca de la importancia de la libertad de expresión o su asociación con el concepto de democracia, pero es inevitable mencionar que la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso ante la 64º Asamblea ONU, el 23 de septiembre de 2009, afirmó haber arribado a un acuerdo con la Corte Interamericana, y haber enviado al Congreso un proyecto de ley para eliminar el delito de calumnias e injurias sobre los periodistas. Lo reivindicó como: “Un homenaje a la libertad de prensa, a la libertad de expresión pero, fundamentalmente, creo que debe ser entendido a todos los ciudadanos. Repugna que en el Siglo XXI alguien pueda ser condenado a prisión por decir algo y expresarlo libremente” (como sucede en Venezuela y Cuba).

Cuando se analiza la cuestión de forma de esta nueva ley entrerriana, entra en colisión también con la doctrina de la real malicia, identificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como una doctrina arraigada directamente en la Constitución Nacional, lo que necesariamente implica que cualquier reforma de la ley que no la contemple puede devenir en inconstitucional. Según esta doctrina, el tratamiento de asuntos de interés público cuando involucre -incluso lesionando al honor- a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares involucrados en asuntos de interés público, no puede generar responsabilidad, a no ser que el afectado acredite que quien afirma el hecho falso o inexacto obró con conocimiento de la falsedad de la información, o la con notoria despreocupación por el control de su veracidad”.

Resulta pertinente, a nuestro entender, crear una ley que proteja al ciudadano común, pero la que hoy nos ocupa parece creada por funcionarios que buscan su propia protección, poniéndose en el lugar del ciudadano común, ya que la ley no asegura mecanismos de protección diferenciados. No ignoramos los periodistas y propietarios de medios que el honor es un bien jurídico y la libertad de expresión no es un derecho absoluto, pero si habrá leyes que recorten o condicionen las libertades, deben ser proporcionadas y contemplar la complejidad del universo de la comunicación actual.

Este proyecto con media sanción refiere que “toda persona afectada en su honor o reputación por informaciones maliciosas, inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio a través de un medio de comunicación social de cualquier especie, y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar en el mismo medio su respuesta u obtener su rectificación”. Aclara en el artículo siguiente que “la mera crítica no está sujeta al derecho a réplica”. El concepto de ‘malicia’ es impreciso, subjetivo, y la norma no aclara si el derecho de réplica puede ser ejercido también por quienes entienden que hubo malicia en las declaraciones de un tercero entrevistado, en cuyo caso los medios deberán protegerse censurando a sus entrevistados cuando consideren que sus expresiones pueden encuadrarse en los términos contemplados por la ley. Gravísimo.
La indeseada censura deberá caer mayormente sobre las declaraciones que hagan los políticos, que suelen ser implacables entre ellos y sus agresiones mutuas ya son parte del folclore provincial.

La falta de claridad hace que estén abarcadas también las publicaciones solicitadas, que se publican con costo. Resultaría gracioso si no fuera por la gravedad del tema, pensar en un par de diputados que se entrecruzan diatribas en los diarios en el departamento Colón; u otro que en el departamento Paraná (todos firmantes de la nueva ley) que suele descalificar a sus oponentes distribuyendo panfletos casa por casa en su pueblo natal, y preguntarnos cómo ejercerán su derecho de réplica los afectados en este último caso, por cuanto la ley contempla medios de comunicación “de cualquier especie” (¿tendrán que salir a repartir panfletos replicantes?), y explicar también si en el caso anterior, el primero que publica una solicitada “con malicia” pagará por hacerlo y el o los que se sientan agraviados podrán hacerlo con la gratuidad expresamente consignada en la norma.

Nos preguntamos cuándo una información es objetivamente inexacta o maliciosa y quién juzgará si hubo malicia o error en las fuentes. De recibir sanción definitiva, probablemente las discusiones se vuelvan asunto cotidiano en las redacciones cada vez que un ciudadano, agrupación, asociación, foro, deportista, funcionario, institución, artista cuya obra no fue bien calificada en el diario, se declaren agraviados y se tenga que definir los alcances del artículo 4º de la ley, que con llamativa liviandad expresa “(…) El medio deberá publicar la respuesta o rectificación en el plazo de tres días corridos de recepcionada la solicitud, la que podrá ser rechazada por el medio de comunicación cuando resulte manifiestamente improcedente” (según el criterio del director, se entiende, que no da garantías de imparcialidad, influido por su imposibilidad de destinar todas las semanas algunas páginas gratuitas a las contestaciones de quienes se crean con derecho a hacerlo).

Se trata de una cuestión absolutamente subjetiva para un lego, con quien la procedencia o no deberá ser discutida en el ámbito de la redacción. ¿Cómo se discutirá esto mismo en un estudio de radio, luego que a las palabras se las ha llevado el viento? O de televisión, donde el periodista puede negarse a entregar un video con las evidencias que pretenden ser usadas en su contra. Entonces ¿no está hecha esta ley solo para los medios en papel, donde cada palabra queda documentada y en manos de quien lo desee? En cambio, ampliará el juego de las radioemisoras, que quizás estarán gustosas de dedicarle algunos minutos diarios (sin el costo del soporte papel) a réplicas que alimentarán la polémica buscada. Y ni hablar de las páginas web, donde la libertad seguirá careciendo de límites, mientras que los diarios y periódicos que compiten con este nuevo espacio comunicacional se verán cada vez más restringidos.