Por Luis María Serroels (*)

A la idea nos la comentó durante un encuentro fortuito pocas horas antes de declararse la cuarentena, un ex funcionario que desempeñara importantes cargos dentro de la política. Y terminó redondeando una idea que sería la letra chica de una decisión que quizás ya tendría en mente el actual mandatario entrerriano, Gustavo Bordet, hoy a la cabeza de una impresionante cruzada que concentra a toda la estructura  gubernamental, sus entes descentralizados, organismos específicos, recursos humanos de diferentes niveles, medicina privada, fuerzas vivas y ciudadanos de a pie comprometidos en una lucha inédita contra un enemigo invisible.

No supone en absoluto la sugerencia una desvalorización funcional para nadie (aclaró que sería una medida transitoria y de pocos meses), sino del rescate de la solidaridad colectiva en instancias dolorosas. Muy lejos estaría de considerarse un despojo sino más bien de acercar soluciones de excepción que generan hechos infaustos también excepcionales.

No se trata de cuestiones urticantes como podría ser la resurrección del mal recordado Federal que nació y murió devaluado, sino de un aporte surgido de quienes más altos salarios perciban y cuyos niveles serían fijados por la autoridad máxima de la provincia en acuerdos lógicos y con criterios sensatos con sus cobradores.

Dicho más claro, un descuento en los haberes de un porcentaje razonable y por un periodo que no se convierta en una virtual exacción sino en una excepción que oxigene financieramente al erario público, hoy sometido a fuertes erogaciones demandadas por un virus de caracteres casi apocalípticos.

En la charla apareció como reflexión lógica, que quienes quedasen expuestos a las deducciones temporales seguirían cobrando sus haberes, mientras miles de argentinos de la economía informal por falta de trabajo regular, sufren hoy la falta de recursos por obra de una  cuarentena cuya imposición nadie puede cuestionar en estos momentos de tanta angustia (el gobierno nacional anunció que se estudia una asignación especial para acudir en ayuda de los desposeídos casi de solemnidad que además de la amenaza viral deben abrirle la puerta al hambre).

“La política jamás puede ser un medio de vida permanente y menos de acumulación”, decía un dirigente, a la vez que citaba los altísimos ingresos adobados con prebendas de que se goza (de paso recordaba que legisladores nacionales que no viajaban en avión, canjeaban los pasajes asignados por dinero en efectivo para sus bolsillos en actitud claramente inmoral). No se hace política para enriquecerse sino que se debe enriquecer moralmente a la política. El Estado no ha sido concebido para pasarla bien –para servirlo y no para servirse- y esto vale para el poder central, la Legislatura y el Poder Judicial, amén del orden comunal.

En el caso de los funcionarios de carrera que alcanzan altas categorías, sería un tema para estudiar detenidamente, aunque una cosa es arrancar desde el primer puesto escalafonario y otra penetrar por la ventana bajo el viejo recurso del acomodo y la recomendación.

Nadie va a convertirse en pobre si de sus elevados salarios se deduce durante un puñado de meses una porción que, sumada a otras, contribuiría a solucionar cuestiones importantes, nos decía nuestro ocasional interlocutor.

En el sitio donde se consagran las leyes y en especial en el Poder Judicial, se supone que no habría reticencia para imitar esta idea en un momento de enorme tensión. Vale reiterar que se hablaría de haberes muy altos a la hora de aplicar esta poda solidaria. 

Lo que sí lleva a revisar ciertas situaciones es la enorme brecha que existe entre los puestos más altos y los más bajos de los respectivos escalafones y también entre los propios poderes.

Los haberes básicos responden a cada categoría y varían de acuerdo a otros ítems, diversidad y especificidad de la labor y especialmente la antigüedad. 

Organismos descentralizados y autónomos muestran en sus cúspides a funcionarios cuyos elevados haberes no se condicen con la dura realidad que vivimos.

La distancia entre los extremos no siempre se estudia con la debida ponderación y apego por la verdadera jerarquía. No pocos advierten que las diferencias suelen resultar excesivas y además, la visible disparidad existente entre los tres poderes. También provoca una reacción negativa que en el Poder Judicial no se pague el Impuesto a las Ganancias y que se hayan equiparados los ingresos con la justicia nacional. Esto fue fruto de un juego de intereses políticos cuya responsabilidad recaería en un ex mandatario que, aun pretendiendo ampararse en la presunción de inocencia (no obstante que en el Estado se invierte la carga de la prueba) se hallaba en la mira de los fiscales (ello fue difundido abundantemente tras las investigaciones de ANÁLISIS sin haber sido refutado). El hecho de que pase un largo tiempo sin que se aceleren ciertas causas alienta cualquier suspicacia.

La idea consignada al principio estaría muy lejos de ser compulsiva –no sería legal- y desde luego que lo recaudado debería observar destinos precisos, según se comentó en el imprevisto encuentro que originó esta nota. 

No es menester profesar un credo religioso para ser generoso y caritativo. Basta con asumir un gesto decidido y oportuno frente a necesidades inoportunas. La solidaridad, cuando es asumida con satisfacción, adquiere valor de virtud.

Culminando la redacción de esta columna, se anunció oficialmente que el gobernador de Mendoza resolvió rebajar los sueldos de sus funcionarios políticos situando el tope en los $50.000. El monto no liquidado se destinará a la compra de insumos por la situación sanitaria y económica. No hay duración de tal poda pero no deja de ser una buena noticia.