Caso Allende y una resolución polémica

Por Luis María Serroels (*)

Inextricable país el nuestro. Sorprendentes sus capas sociales; ideológicamente cambiante su clase política; inestables no pocos legisladores y poco confiable –con excepciones heroicas- su maquinaria judicial. Simultáneamente, la insatisfacción ciudadana termina optando por los menos incapaces en una forzada opción a la luz de sistemas comiciales cada vez más cuestionados.

En el orden judicial, el antiguo “principio de inocencia” sigue siendo sagrado pero a veces la pereza y los malos hábitos enquistados en ciertos estrados o las bajadas de línea –que las hay-  con un tufillo mal oliente que suele sobrevolar los tribunales, se traduce en la prescripción de algunas causas o en condenas irrisorias en otras. Son bofetadas en el rostro del derecho y una burla que se derrama sobre la sociedad.

Las fake news (noticias falsas) son hijas dilectas del gambeteo de los justiciables que persiguen el agotamiento con final funesto de las causas con destino no de archivo sino de canasto.

Nadie ignora que ninguna sentencia es válida en tanto no sea precedida por juicio previo que lo demuestre. Y es ese juicio el que suele permanecer en reposo. Pero si los cambios de gobierno permiten que se  limpie el Poder Judicial de magistrados molestos como el moscardón, no existe la división de poderes. Siempre hemos sostenido que el verdadero inocente es aquél que tras ser imputado y sin sonrojarse acude de inmediato con un letrado ante jueces y fiscales para conocer el caso y enfrentar un eventual interrogatorio en procura de demostrar su inocencia. Todo ello en los debidos términos de los códigos y no como suelen hacer otros que gambetean los tribunales, maniobra que en definitiva confirma la culpabilidad por un lado y fogonea la deplorable mecánica “tortuguesca” que habita en ciertos despachos.

Esto no nos impide reconocer la presencia en los tribunales de jueces y fiscales con sangre nueva, laboriosos y comprometidos con el añejo precepto jurídico de que “justicia lenta no es justicia”. El gran filósofo, orador y político romano Lucio Anneo Séneca (4 a.C. -  65 d.C.), sentenció que “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.

Todos estos conceptos salen al ruedo al conocerse el cierre –mediante juicio abreviado- de una causa por enriquecimiento ilícito y amenazas al periodista Martín Carboni y a la actual ministra de Salud, Sonia Velázquez, en los cuales fue imputado el cuasi vitalicio diputado provincial José Ángel Allende. El martirio del ex legislador comenzó a acosarlo tras una denuncia que con la firma de Jorge Riani fuera publicada en ANALISIS en 2012 y que ponía en evidencia sus maniobras por fuera de la ley. Pero ese martirio pareció compensado por una sorprendente decisión.

“Duerme el derecho pero no muere”, reza un antiguo adagio, aunque muchas veces se muestra bastante perezoso (esta causa se dio por cerrada transcurridos 8 años desde la publicación). No es el único caso de corrupción dentro de la política revelado por esta revista que recientemente cumplió 30 años de compromiso con la verdad. Otros personajes vieron truncadas sus operaciones  “non santas” urdidas bajo el paraguas protector del poder cuando la publicación de marras sacó a la luz sus trapisondas. En ciertos casos el rescoldo seguro de los fueros legislativos esquivaron a los fiscales pero al final los castigos llegaron. Los legisladores  Mario Yedro (PJ), Valente (UCR), Domingo Daniel Rossi (intendente sempiterno de Santa Elena), Abelardo Pacayut, Oscar Horacio Mori y Hugo Righelato (funcionarios) sintieron la espada de la justicia y el escarnio.

Aparte están los casos con debidas condenas a los sacerdotes Justo José Ilarraz y  Marcelino Moya, amén del ex funcionario Javier Broggi y el abogado-historiador Gustavo Rivas (todos ellos por abusos sexuales agravados), que salieron de la impunidad merced a las páginas de ANALISIS.Y en el denominado “caso narco” –hoy en etapa de apelación- el juez actuante y los miembros del Tribunal Federal mencionaron los trabajos periodísticos de este medio.

El ahora condenado se sentó en una banca de la Cámara Baja durante cinco períodos consecutivos (20 años).  ¿No llama la atención que la nota de Riani no fuera óbice para que continúe con su diputación como un verdadero recordman? Nadie ignora que el corporativismo no le resulta extraño a la actividad legislativa.

Lo de la “sana crítica y libre convicción” es muy difícil como vía de valorización y a la vez muy delicado en tanto le demanda mucha concentración al juzgador. Eso ocurre durante un juicio hecho y derecho con todas las garantías que acuerdan las leyes. Pasaron ocho años para que se aplique una pena a Allende, producto de un arreglo con sus defensores. Fue un final  muy discutible en tanto no se compadece con la gravedad de los cargos que pesaban sobre el inoxidable secretario General de UPCN.

Esta irrisoria condena (2 años y 8 meses de carácter condicional) que resultaría exigua y apartada de las graves imputaciones admitidas por el propio encausado, según opiniones de calificados hombres del derecho, más se parecería a una concesión graciable, de la que no gozaron quienes en tales situaciones salieron del Palacio de Justicia derecho a la Unidad Penal Nº 1. No basta con advertir que ante cualquier nuevo delito que merezca más de cuatro meses de pena, el destino inexorable sería el encierro, porque esto no merma la graciosa atención dada a alguien que se enriqueció a costas del Estado (léase pueblo). El pago de unos 3 millones de pesos en calidad de multa que figura en el acuerdo, a la luz de un revelado patrimonio lejos estaría de ser altamente dañoso.

En la noche del lunes se conoció un extenso y aniquilador escrito de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet cuestionando el acuerdo de “juicio abreviado” con duros y copiosos argumentos que ameritarían una revisión del fallo. 

El humanista italiano Pietro Metastasio, señaló que “Sin piedad la justicia se torna crueldad y la piedad sin justicia es debilidad”.

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