Por Luis María Serroels (*)

En la Casa Gris de Racedo (sede del gobierno entrerriano) habita un gobernador legitimado por las leyes. Esto viene a propósito de que por estos días se está  procediendo  a la vacunación contra el virus del mortal Covid-19. Se ha dicho que el problema mayor consiste en saber definir el orden de prioridades. El titular o su eventual vice, deben ser protegidos y esto ocurre en todo el mundo. No se trata de identidades sino de jerarquías. No hace falta mencionar que Gustavo Bordet y Laura Stratta están cuidados institucionalmente. El resto no está cubierto con esta protección si del Estado provincial se trata.

Aclaración elemental: toda persona perteneciente a los servicios de salud (sin excepción) gozan de absoluta prioridad para recibir su vacuna salvadora. Los vivillos que lo hicieron por izquierda –y por autorización indebida- tienen rostro de piedra. Los servidores sanitaristas que murieron sin conocer ese elemento esencial,  Dios ya los entronizó muy alto.   

Ese enemigo mortal que está soportando nuestro planeta desde  principios del 2020 y sin miras de menguar, tiene su mayor auxilio en la milagrosa vía. Y precisamente en esta cuestión y en todo el territorio nacional afloran las malas mañas. Una asociación entre dos: el que apela a su maniobra lamentable y quien le sirve la mesa.

El mandatario y su subrogante constitucional, ante las circunstancias del riesgo cierto, apelan al cuidado extremo y sería ridículo eludir cualquier agente que sirva para preservarles la plena salud. Sus responsabilidades le exigen prudencia y sentido común.

Se ha dicho que el problema mayor consiste en saber definir el orden de las prioridades. De hecho que el sentido y las necesidades inagotables que abruman a un gobernante no dejan minutos libres.

Lo que no se comprende demasiado es cómo se estableció el ingreso “dentro de la categoría de personal estratégico” (sic) y que “se haya vacunado al gabinete de ministros y a un grupo de personas, precisamente por el rol que cumplen en el marco de la pandemia y en contacto permanente con las máximas autoridades provinciales y siempre de acuerdo a un criterio estrictamente técnico”.

De  ninguna manera se desmerece la importancia del funcionariado, pero habiendo personas de similares niveles y escalas (siendo o no del Estado provincial), quedaron postergados a la hora de preservar su salud.

Si al mundo lo habitan unos 7.600 millones de humanos, es muy difícil hallar argumentos válidos para establecer excepcionalidades. Y en esta ecuación cuya explicación resulta difícil, surgen identidades que cuesta justificar. Hay nombres de los que hizo mención la prensa (ANALISIS-25 de febrero de 2021) que no acuerdan con la selección.

La marejada de discrecionalidad y los no del todo aceptables parámetros, es lo que debería analizarse desde todos los ángulos.

La denuncia penal hecha por el diputado provincial Julio Solanas negando haber recibido  vacuna alguna y rechazando “versiones falsas y difamatorias”, tienen su gravedad en tanto se instala en la ciudadanía una realidad de hechos falsos.

Con una mirada amplia y sensata hacia los planteles de los agentes públicos y sea cual sea la categoría en que se desempeña, ellos también corren peligro. ¿Acaso no son todos estratégicos al momento de preservar la vida?

En otros ámbitos aunque con diferentes perfiles pero similar grado de responsabilidad (donde más se advierte el sello de un presidente carente de ética) sobresale el repudio al visualizarse que imperan categorías de ciudadanos a la hora de salvaguardar la vida de algunos y olvidarse de otros (cuando Manuel Belgrano comandaba a sus tropas, el abrigo, las magras raciones alimentarias y las medicinas jamás fueron prioridad personal).

La autonomía de los Estados federales está tan fuertemente arraigada, que cada gobernante se siente con derecho a manejar sus vacunatorios: dónde quiera, cómo quiera y según le plazca. Ello significó que sus autoridades se sintieran libres para decidir cuándo autorizar la aplicación de la agujita salvadora.

Una diputada nacional de nuestra provincia, denunció que “Entre Ríos es uno de los Estados con menor cantidad de vacunados y los grupos de riesgo tampoco son de prioridad”. Está claro que la palabra “amiguismo” revolotea por el territorio nacional. Subjetividad y favoritismo son términos que maduran cada vez que se trata de discernir con la vara de la política.

La facilidad con que Alberto Fernández modificó una grave transgresión que le costó el cargo a un ministro, para pasar a minimizarlo trocándolo en una nimiedad, dan cuenta de desequilibrios emocionales.

Se requieren grandes pasos para regularizar la administración de la vacuna salvadora y por ello es esencial  que las tareas sean sin fallas. Nadie duda de que el operativo tomara el ritmo esperado y con probado profesionalismo. Claro que nadie debe seguir interfiriendo en órdenes de obsequiosos del pinchazo fácil (al que se hace ingresar por otros accesos). Ergo: nos remitimos a las hazañas de las tres G (Ginés González García).

Cada víctima fatal del coronavirus, es una suma entre un ingreso al organismo humano y la falta de vacuna que alguien se demoró en proveer. Esta semana cobró un ritmo muy fuerte el operativo de trasladar vacunas hacia Argentina. Pero la cuestión reside en la pronta aplicación.

No debe existir ninguna facultad otorgada ni admitida para favorecer a los privilegiados del poder (que los hay).

Al último día de febrero (datos oficiales) sólo el 1,6 % de los argentinos había recibido la primera dosis y de ellos apenas 0,6 % el esquema vacunatorio completo (1.005.665). Por ese entonces Chile triplicaba a Argentina, claro que esta situación se transformó al iniciarse marzo. No está de más recordar que con la llegada del invierno se corre el riesgo de un rebrote del Covid-19. Déjense de lado los cálculos electorales. En esta lucha contra la muerte, no hay especulaciones ni espacio para la política enana.

(*) Especial para ANALISIS