Por Antonio Tardelli (*)

Por momentos parecen tener razón quienes, al tiempo de detectar los grandes problemas nacionales, posan la mirada en el funcionamiento deficiente del Poder Judicial. La tesis cobra vigor no porque se considere que los otros poderes del Estado –el Ejecutivo y el Legislativo– exhiben un funcionamiento encantador. Más bien que no. Casi que todo lo contrario. Pero justamente por ello, porque es frecuente que administradores y legisladores se desvíen del rumbo correcto y abusen de su poder, es que se exige un Poder Judicial que se encargue a tiempo completo de colocar las cosas en su lugar.

Sabemos, en cambio, que el Poder Judicial aporta al desorden general. Contribuye a la idea extendida de que todo se va degradando.

Ayuda el Poder Judicial a la desesperanza: con su inoperancia, y a veces con su venalidad, aporta a la idea de que no hay remedio.

Que no tenemos solución. Que no hay salida.

La corrupción manda, decide y gobierna. Y no hay remedios para ello desde el Poder Judicial.

Se ha confirmado en los últimos días que importantes exponentes de la Justicia visitaron la Residencia de Olivos durante los años de gobierno del Presidente Macri Macri.

Por ejemplo, los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

La revelación no solo confirma que en su momento el gobierno macrista ocultó esas visitas. Ofreció entonces una lista mutilada, recortada, al responder una consulta formulada al respecto mediante el mecanismo de acceso a la información pública.

Son endebles las justificaciones brindadas por los ilustres visitantes: partidos de paddle o encuentros de fútbol.

Borinsky ingresó quince veces a la residencia presidencial (el magistrado, en rigor, niega que haya visitado al Presidente tantas veces).

Las reuniones, explicó, obedecieron al hecho de estaba a cargo de la Comisión de Reforma del Código Penal. Difícil imaginar al ex Presidente en una solvente conversación sobre tipos penales y rigor de las penas.

El teléfono de uno de los secretarios privados del ex jefe de Estado contiene datos según los cuales los temas de alguno de esos encuentros fueron otros, propio de la labor específica del magistrado.

Ambos jueces, a su turno, adoptaron decisiones que perjudicaron a la ex Presidenta, y ahora vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Hace semanas el ministro de Justicia, Martín Soria, denunció seis ingresos de Hornos, presidente de la Cámara de Casación Penal Federal, a la Casa Rosada. El magistrado habría concurrido a Olivos en otras dos oportunidades.

Hornos hablaba de una relación de carácter social con el Presidente.

El comportamiento de ambos magistrados ha sido, por lo menos, muy imprudente.

Ello no significa necesariamente que la ex Presidenta haya sido sometida durante los años macristas a una persecución penal injusta, arbitraria y en línea con lo que denuncia la teoría del lawfare.

Para el pronunciamiento primario de muchos ciudadanos de a pie, que no siempre coincide con los tecnicismos del Derecho, el comportamiento público de la ex Presidenta bordeó muchas veces la ilegalidad.

Exhibió actitudes y procedimientos, si no delictivos, al menos faltos de ética y de decoro.

Eso por lo menos.

Pero las investigaciones que eventualmente pusieron o ponen en duda su conducta (y nada menos que la legalidad de sus actos) no pueden quedar bajo sospecha por comportamientos (por lo menos) imprudentes, y por ello irresponsables, de quienes intervienen en algunos de los procesos que la rozan.

La lista de visitantes de Olivos entrega un elemento muy valioso, particularmente útil, para quienes pretenden, burdamente, que las investigaciones judiciales que afectan al kirchnerismo no han sido movidas institucionalmente sanas dirigidas a detectar hechos de corrupción sino que han sido maniobras de persecución política arbitrarias y tan ilegales como los delitos que se supone estaban persiguiendo.

Es una verdadera pena que se aporten tantos elementos a la posición de quienes esgrimen una defensa tan pueril.

Pero la república exige legalidad absoluta, incluso y sobre todo para investigar las ilegalidades del poder.

Corrompido, el sistema –por corrompido– se salva a sí mismo.

La Justicia es objeto de operaciones. Depositaria de manipulaciones.

Pero también es sujeto que explica desde sus actitudes el cuadro de degradación institucional.

Es el producto de muchos males nacionales, pero es a la vez causa de otros.

Retroalimenta el sistema. Reproduce las injusticias. Multiplica las perversidades.

Frente a los delincuentes que traicionan el mandato que les entrega el pueblo, y a los venales o incompetentes que por acción u omisión se vuelven sus cómplices, la corrupción se enseñorea enriqueciendo a pocos, empobreciendo a muchos, envileciendo a todos.

(*) Periodista. Especial para ANÁLISIS