Por Roberto Schunk (*)

La verdad que esta resolución de los jueces sobre la causa Senor me genera una tremenda angustia, una gran desazón y la siento como una profunda injusticia. Más allá de que actuamos con total honestidad y convencidos de que era una propuesta de enorme interés productivo para la provincia, lo cierto es que siempre fue un proyecto a riesgo empresarial, no estatal. Lo que hizo el gobierno fue dar préstamos, no subsidios.

Por eso exigimos garantías sólidas, garantías que eran previas a cualquier desembolso. No podía hacerse ningún desembolso sin la garantía previa. Esto es muy simple: un empresario que tiene que garantizar con su patrimonio un préstamo que pide, nunca puede estafar al prestamista, porque si no devuelve el dinero, tiene que poner su patrimonio (el que pierde es el empresario). Una garantía sólida necesariamente evita cualquier posibilidad de fraude. Acá se pidió la mejor garantía para el Fondo de Inversiones de Entre Ríos (FINVER): los empresarios lograron el aval, nada menos que del Instituto del Seguro de Entre Ríos.

El citado organismo asumió lisa y llanamente las obligaciones de los empresarios constituyéndose en fiador solidario con renuncia a los beneficios de división y excusión de la empresa Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay. Para dar semejante aval, el Instituto del Seguro debe hacer un análisis de solvencia económica (que es un análisis objetivo) y pedir contragarantías: cuánto más riesgo, más contragarantías. Les pido por favor que revisen las condiciones de otorgamiento de seguros de caución del Instituto del Seguro o cualquier otra aseguradora.

Sin ese respaldo del Instituto del Seguro, sencillamente no le hubiéramos dado ni un solo peso. Y, de hecho, el Instituto del Seguro debió devolver la totalidad del dinero pedido. Justamente porque era un préstamo debidamente garantizado, como en tantos otros casos, ni el Gobierno ni mucho menos el Ministerio a mi cargo tenían injerencia en las decisiones de la empresa. Era un proyecto privado a riesgo privado. Por eso es que el decreto de otorgamiento dictado por el gobernador Sergio Urribarri (como el Decreto 96/2011), textualmente limita los medios de control del crédito a la solicitud de “informes de la empresa”. No está previsto otro medio de control, ni en el decreto ni en el mutuo.

Pueden verificarlo en el Artículo 5 del Decreto N° 96/2011 MEHF y en el mutuo anexo. No obstante, aunque ello es lo estrictamente normado, desde el Ministerio fuimos más allá, pedimos informes contables, solicitamos inspecciones de un Ingeniero Mecánico que visitó la planta reiteradas veces dando cuenta del avance del proyecto. Y esto se verificó incluso en el hecho de que para fines de 2011 una inspección firmada por profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) concluyó que la empresa Grandes Máquinas “está capacitada industrial y técnicamente para la fabricación de máquinas cosechadoras” y “la experiencia específica y los antecedentes técnicos de la empresa son adecuadas para cumplir con la producción de máquinas cosechadoras”.

Esto significa que, en lo productivo, la empresa cumplió el objeto del préstamo previsto en el Decreto N° 96/2011. Luego si le va bien o mal comercialmente, es un problema de riesgo empresario, el Estado nada tiene que ver con ello.

En definitiva, el proyecto nos entusiasmó a todos, el gobernador lo apoyó fuertemente y tuvo un gran respaldo del entonces senador provincial de Concepción del Uruguay, Carlos Schepens, el Intendente Marcelo Bisogni y el Secretario de Producción, Oscar Colombo, quienes en reiteradas veces impulsaron y promovieron el proyecto, convencidos como nosotros que era de interés productivo. Creímos que era una oportunidad para desarrollar la industria de maquinaria agrícola compleja, y sin que el Estado corra ningún riesgo a través del FINVER.

De todos modos, tengo la tranquilidad de conciencia de haber hecho lo correcto, la gente me conoce y sabe cómo vivo. Confío absolutamente en que se hará justicia.

(*) Ex ministro de la Producción del gobierno de Entre Ríos.