El excamarista en lo Civil y Comercial de Paraná, Enrique Máximo Pita, habló con el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) sobre el escándalo que envuelve al vocal del STJ, Emilio Castrillón, y cuestionó la respuesta del máximo tribunal de la provincia a la Asociación de Magistrados que había pedido evaluar la conducta del vocal en la gresca vecinal que protagonizó en La Paz.

—¿Cuánto le impactó el nuevo episodio que involucró al doctor Emilio Castrillón?

—Yo lo he seguido por lo que ha trascendido periodísticamente y además por las declaraciones públicas emitida por la Asociación de Magistrados y realmente a mí me impactó gravemente y me parece que es un hecho que debe ser tenido en cuenta y evaluado dentro del contexto de gravedad de una conducta que hay que analizarla. No conozco los detalles en sí del episodio, pero al menos aspectos que se dieron en la vía pública, eso es lo que señala el comunicado de la Asociación de Magistrados, aquellos aspectos que trascendieron de lo que pudo haber ocurrido dentro de un conflicto de relaciones de vecindad. A mí me parece que la forma en que actúa una persona que integra el Poder Judicial y más de esa jerarquía se le exige una conducta y un comportamiento que quizás no es aplicable al resto de los ciudadanos. En esto está claro que los actos privados con repercusión pública de los magistrados son evaluables, hacen al decoro y dignidad de la función e incluso son motivos de juzgamiento o apreciación disciplinaria por el órgano que corresponda.

—¿Le sorprendió que únicamente se haya pronunciado la Asociación de Magistrados de funcionarios judiciales? Porque acá también hay un Colegio de Abogados, hay diputados, senadores, hombres del poder político y Ejecutivo que también podrían haber dicho algo, y nadie dijo nada.

—A mí me sorprendió gratamente por un lado que los magistrados hayan reaccionado rápidamente a través de dos comunicados y que fueron respaldados por la Federación Argentina de la Magistratura, o sea el órgano nacional que nuclea a los jueces, respaldando la actitud y las decisiones adoptadas. Y en el Colegio de Abogados yo tengo un episodio que quiero referenciar, muy presente, que ocurrió en el 18 de marzo de 2007, cuando se hicieron elecciones provinciales. Y en ese momento el doctor Castrillón ya estaba en funciones, llevaba varios meses en su función, y se transmitió desde una FM local de La Paz, las vicisitudes electorales desde las 8 de la mañana hasta la noche, se transmitían los resultados y él estaba a cargo de esa transmisión, incluso creo que intervino el intendente Rossi también porque era candidato, había una intendente en ese momento también, se festejaban los resultados electorales, todos acompañados con música de cumbia, y todo eso incluso no fue negado por él. Él era integrante del Superior Tribunal y como tal integraba el Tribunal Electoral provincial. O sea, se estaba hablando de elecciones que podían ser cuestionadas. Y el Colegio de Abogados, en ese momento, y un conjunto de profesionales hicimos una presentación al Superior Tribunal y entendíamos que ese comportamiento asumido por una persona que tiene esa jerarquía institucional, debía ser analizado por el Superior Tribunal. El STJ en ese momento, con una resolución similar a la que sacó ahora pero incluso más grave porque el hecho institucionalmente era más grave, no llamó la atención, dijo que era mendaz y equívoca, tendenciosa, etcétera, y resolvió en una forma más o menos similar, diciendo que no era competencia, que todo era competencia del juicio político. Se hizo la denuncia de juicio político que fue archivada sin más trámite. O sea, son conductas que se van repitiendo en el tiempo y en alguna medida responden a problemas que en cada oportunidad se van presentando y en forma más agravada.

—O sea que no le sorprendió la resolución del STJ de esta semana diciendo que no pasa nada, que no son competentes para iniciar una investigación y sancionarlo.

—No me sorprendió, pensé que podía haber otra actitud porque ha pasado mucho tiempo, ha habido otras situaciones que pueden haberse dado en el interín, incluso una percepción de la sociedad sobre el Poder Judicial que el Superior Tribunal debe cuidar, la imagen del Poder Judicial debe ser preservada, y estamos claros que actitudes como estas, más allá de lo que concluya la investigación fiscal o penal, que no hace al caso, lo que ha trascendido públicamente es observable desde el punto de vista del decoro. No hablemos de una conducta delictiva, sino exclusivamente del decoro y la dignidad que se pretende desde la función judicial.

—El STJ podría haberlo derivado a la Cámara de Diputados, y no lo hicieron.

—Incluso el Superior Tribunal cita una norma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 37, que dice que ejerce la superintendencia general y el contralor sobre la conducta de todos los miembros del Poder Judicial, de todos, y hace un distingo que no coincido, dicen que se refiere estrictamente al desarrollo de la actividad judicial y del ejercicio de la función. O sea que esto al no ser un hecho acontecido en el ámbito de la función jurisdiccional o de un juzgado o de un tribunal, no puede analizarse. No, al contrario, creo que si al Superior Tribunal le llega una conducta de un juez del interior, de Rosario del Tala, de Concepción del Uruguay, de cualquier localidad, que es una conducta que no hace a lo funcional, no un hecho que ocurrió durante un audiencia sino en la vía pública, cualquier situación de desdoro, como una agresión física, una situación de ebriedad, lo que sea, creo que el STJ tomaría una medida investigativa y después verá si eso amerita una sanción disciplinaria o si es de mayor gravedad y justifica someterlo al jurado de enjuiciamiento. Acá ocurrió es que se abroquelaron corporativamente, no es así como dicen, más allá de que nadie va a discutir que el Superior Tribunal no tiene competencia para decidir la remoción de Castrillón, pero hay otra serie de medidas, incluso promover ante los órganos competentes, que  recibe toda denuncia para el juicio político, la Cámara de Diputados. Esto bien puede hacerlo incluso cualquier ciudadano.

—La diferencia entre el anterior Superior Tribunal de Justicia con aquel de 2007 es que en aquel entonces había un vocal que hacía escasos meses que estaba en la función, y acá el hecho que se suma es que en esa conformación hay una vocal que hizo una denuncia por una cuestión de género, dos integrantes de la Asociación de Magistrados que lo denuncian a Castrillón por supuesto acoso a través de diferentes mensajes, una de ellas es la subordinada en la estructura judicial.

—Eso es importante, acá en este caso se unen dos cosas. Porque la presentación de la Asociación de Magistrados es una presentación de tipo genérica, respecto a la cuestión planteada en La Paz, y luego el argumento del Superior es que es ajeno al ejercicio de la función. Él envía como vocal del Superior, a la doctora López Arango y a la doctora Morales, dos mensajes de WhatsApp claramente acusatorios, intimidatorios, que en el caso de Morales tiene el agravante que obedece a la competencia de la Sala en la que está Castrillón. Y le imputa la autoría intelectual de esta maniobra. Esto sí me parece que está vinculado a la función judicial. Lo que ocurrió en La Paz pudo haber sido un problema de vecinos, según el criterio del Superior, yo no lo comparto, pero y este otro tema ¿por qué no se analiza? A mi modo de ver debe analizarse y abordarse.

—Usted fue dos veces presidente de la Asociación de Magistrados ¿qué hubiera hecho si nos trasladamos a ese momento?

—Yo o el grupo de magistrados que estábamos en ese momento, hubiéramos tomado en ese momento la misma conducta que adoptó ahora, fue muy rotunda y clara.

—¿Pero por qué hicieron solamente una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia y no elevó la misma copia ante la Cámara de Diputados?

—No conozco si eso está siendo analizado por ellos, me parece que estaban a la expectativa que iba a haber otra respuesta del Superior Tribunal y no esta, que ha dejado desconcertados a todos los operadores judiciales. No sé cómo evalúan los pasos a seguir.

—¿Cuánto de retroceso institucional implica esto que está pasando?

—Para mí es un retroceso significativo y grave y creo que en esto, así como el Poder Judicial de Entre Ríos tiene otros aspectos ponderables, más allá de todas las críticas que podamos hacer, me parece que está faltando en la cabeza del Poder Judicial dar mensajes ejemplificadores y de empatía con la sociedad. El tema no está cerrado, pero me parece igualmente que tiene que haber una reacción de otros sectores, sería positivo.