A través de una carta dirigida al gobernador Gustavo Bordet, el presidente de Protección a los Usuarios y Consumidores de la República Argentina (Procurar), Enrique Millán, pone sobre el tapete las anomalías de la concesión de Hidrovía S.A. cuyos titulares son la belga Jan De Nul y su socio local, Emepa.

La carta ingresó en la Casa de Entre Ríos en la Capital Federal el pasado 7 de enero y recurre al gobernador provincial a raíz de las declaraciones “efectuadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en las que hiciera saber públicamente su intención de transferir a las provincias limítrofes la administración de la hidrovía Paraná – Paraguay”.

En similares términos, Procurar dirigió otra misiva al mandatario de Santa Fe, Omar Perotti.

Entre los fundamentos, Millán informa a los gobernadores que durante la presidencia de Mauricio Macri, hizo llegar sus reclamos de las irregularidades de quienes hace 25 años explotan ese corredor hídrico. Sin embargo, ni Macri, ni su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dieron respuesta a los pedidos.

Durante 2019, Dietrich –quien tenía bajo su órbita esta licitación- dijo que estaban trabajando en los pliegos, ya que en 2021 ya debería operar el nuevo concesionario. El ministerio de Transportes de la administración pasada no dejó más que unos borradores de los pliegos pero no cumplió con su palabra.

Los motivos reclamados por Procurar son de público conocimiento pese a que el debate a través de los medios no haya cobrado la importancia que merece. Sintéticamente, el problema más delicado es que el propio Gabriel Romero (titular de Emepa durante casi 25 años) se autoinculpó en la llamada “Causa Cuadernos” al admitir que para la extensión en la explotación de la hidrovía de 2010 pagó, según sus palabras, 600 mil dólares de forma subrepticia a funcionarios del gobierno de entonces. Fue el decreto 113/2010 el que otorgó la extensión y debido a esta irregularidad es que Enrique Millán consideró que había –y hay- motivos suficientes para que el Estado nacional intervenga de oficio y de por terminada la explotación del corredor vial en manos de Jan De Nul y Emepa. Pese a que las autoridades de la empresa belga sostienen que si hubo un hecho de corrupción es responsabilidad exclusiva de su socio Romero, hay suficientes evidencias como para saber que ambos socios compartieron un cuarto de siglo sus negocios.

Pero esta irregularidad no es la única. El precio del peaje se paga en divisa extranjera y es de más de tres dólares la tonelada. Diversos especialistas calculan que ese costo logístico está sobrevaluado entre un 30 y un 50%.

Por otra parte, un tema central es que desde el inicio -25 años atrás- no hay un organismo de control para verificar si quienes explotan este corredor hídrico hacen las obras que dicen hacer.

Estos temas son los centrales aunque no los únicos a tener en cuenta para la transparencia del proceso licitatorio que deberán abrir las nuevas autoridades.

Cabe consignar que la Hidrovía es competencia de las autoridades nacionales. Dado el papel clave que juegan los estados federales es que Alberto Fernández anunció su decisión de sumar a las provincias a estas decisiones. Lo hizo el mismo día en que Omar Perotti asumía la gobernación de Santa Fe a la cual el presidente concurrió.

El nuevo ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, es quien tiene en su órbita este fundamental tema. Dado que aún no completó el organigrama de su cartera no se sabe aún quién estará a cargo de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Sin embargo, eso no es un escollo para avanzar en esto dada la magnitud de este asunto y que el proceso de adjudicación de la hidrovía requiere total transparencia. El calendario demuestra que no hay tiempo que perder.