Seguros de vida Ley 3011: un sistema desactualizado 

Se trata de un sistema solidario destinado a brindar una ayuda económica ante la muerte de un trabajador estatal. Sin embargo, los montos de los aportes que se efectúan y del seguro están desactualizados, hay importantes demoras para cobrarlo y quienes pierden a un ser querido deben batallar con la burocracia estatal para recibir montos irrisorios. Un informe del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), dio a conocer las quejas de trabajadores y beneficiarios, y la respuesta oficial que admite cada uno de los puntos denunciados.

La Ley del Seguro de Vida Solidario (Ley 3.011) se sancionó el 30 de octubre de 1934. Dispone que los empleados públicos de Entre Ríos realicen un aporte mínimo que se descuenta de forma compulsiva de sus recibos de sueldo.

La característica esencial del sistema es la solidaridad, es decir que todos los agentes públicos afiliados al mismo (activos y  pasivos) efectúan un aporte en proporción a sus sueldos. Con dicho aporte se crea el fondo con el cual mes a mes se abonan los seguros. También hacen el aporte los trabajadores de las Municipalidades que adhieren al sistema

Según la ley, el seguro se cobra según la categoría y el escalafón del trabajador.

Para manejar este sistema, el gobierno provincial posee la Dirección de Seguro de Vida que tiene actualmente como directora a Lucrecia Zambón Fernández. Este organismo depende de la Secretaría de Hacienda a cargo hoy de Gustavo Labriola, que a su vez responde al Ministerio de Economía, con Hugo Ballay a la cabeza.

Hasta aquí, las características generales del sistema. Pero lo que motiva el informe de Cuestión de Fondo es una serie de inconvenientes y quejas que se están planteando desde hace tiempo.

Un primer reclamo tiene que ver con el monto del seguro y del aporte por empleado, que está desactualizado. Se trata de aportes de entre 40 y 70 pesos por mes.

Según la información obtenida por el programa televisivo, se pagan seguros de entre 25.000 y 45.000 pesos. El seguro promedio que se paga es de 34.000 pesos.

Se presentan por mes entre 140 y 150 beneficios, sobre un universo total de 110.000 activos y pasivos más los trabajadores municipales, de aquellas Municipalidades adheridas al sistema.

No obstante ello, otra de las quejas es que por Resolución de la Secretaría de Hacienda sólo se autoriza abonar 110 seguros por mes, quedando sin poder cobrar el beneficio entre 30 y 40 personas cada mes.   

Otro de los reclamos es que por Resolución se paga el mismo importe a todas las categorías pese a que la ley dispone que cada trabajador debe cobrar un seguro acorde a su categoría. El escalafón más alto es el de la Justicia; el más bajo es el de los docentes. Una maestra de grado es la que menos cobra de seguro.

Finalmente, otra queja recurrente de los beneficiarios es por las demoras de muchos meses en los pagos.

La respuesta oficial

Todos estos planteos, fueron respondidos por el Secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, quien explica la situación y reconoce cada uno de los inconvenientes detallados. “Es un sistema solidario que fue creado por la Ley 3011 de 1934, y que naturalmente se creó cuando era otra la realidad y otras las necesidades de cobertura por parte del Estado a sus empleados. Involucra a los empleados de la administración central, de los entes descentralizados y autárquicos para quienes es de carácter obligatorio y para los empleados de las Municipalidades que adhieren al sistema”, explicitó el funcionario.

Agregó que el sistema “involucra un financiamiento por parte de los aportantes, que son los propios empleados estatales, y un desembolso a los beneficiarios que son declarados por el empleado para cobrar el seguro”.


Gustavo Labriola, secretario de Hacienda de Entre Ríos. 

Consultado por el monto del aporte, indicó que “está establecido originalmente por ley, luego se hicieron algunas reglamentaciones, y es un aporte muy bajo que tiene en cuenta la categoría mínima sobre la cual se hace el cálculo, según los distintos niveles del empleado en la administración. Son aportes muy menores, que van entre los 40, 50 a 70 pesos por mes; y sirven para soportar los desembolsos que hay que hacer cuando se produce el fallecimiento de la persona y los beneficiarios hacen el trámite para el cobro de esta asignación”.

Confirmó además que “habitualmente hay entre 140 y 150 beneficiarios que efectúan el trámite por mes, y dado que se abona en función de lo que se recauda son montos que naturalmente están decididos en función de esos aportes”. Especificó que el seguro de vida que se paga “depende de la categoría que tenga el trabajador fallecido pero generalmente ronda los 34.000 pesos”.

Ante el planteo de un pago igualitario para todos los empleados, sin tener en cuenta la categoría en la que aportaron, Labriola admitió que “hay pequeñas diferencias pero no son sustanciales, por eso hay una sensación de que es el mismo monto para todos”. “Hay pequeñas diferencias que no son tan significativas”, reiteró.

En relación con el reclamo por el pago de solo 110 beneficios mensuales, el funcionario provincial reconoció que “hay determinadas Resoluciones que han ido estableciendo parámetros y la intención es ir incrementando la cantidad de beneficiarios por mes porque naturalmente eso representaría un atraso en los pagos”. “Considerando que esto es solidario y se abona en función de lo que se va recaudando, la intención es ir incrementando esos beneficiarios, de forma tal que este año se incrementó un 43% de pagos respecto al 2019”, sentenció.

En ese marco, resaltó que dicho incremento se debe a un cambio en la forma de pagar el seguir: “A partir de que se dispuso que los beneficiarios declaren un CBU (una cuenta bancaria) para el cobro de este beneficio los pagos se hacen en forma directa. Anteriormente se hacían mediante cheques, los que muchas vencían y debían ser renovados, lo cual producía una demora en los cobros”.   

En cuanto a los cuestionamientos por las demoras en los pagos, Labriola afirmó que “hay que tener en cuenta básicamente que este es un sistema que hay que revisarlo, lo venimos viendo desde el punto de vista operativo qué se puede mejorar y lo estamos mejorando, pero desde el punto de la legislaciones y las reglamentaciones es un sistema muy viejo, que tiene muchos años, y naturalmente necesita que sea mucho más dinámico. Dentro de esto, está el hecho también de ver la posibilidad –y en eso se está trabajando- de hacer un acceso más sencillo, incluso de forma on line, más allá de que hay trámites que ineludiblemente hay que hacer de forma personal con la entrega de documentación y demás que no es tan sencillo reemplazar”.

“Estamos procurando que no haya retrasos, estamos viendo todo lo que sea factible para que eso pase, habida cuenta de que en el último año se pudo hacer mayor cantidad de desembolsos –un 43% más que 2019- y que el 2020 hubo mucho atraso por las implicancias sanitarias que hubo”, aseveró.

Además, aseguró que “desde el momento en que se presenta la documentación para cobrar el seguro de vida y el pago definitivo, la demora no debería ser de más de 60 días hábiles, y con ese objetivo estamos trabajando para darle previsibilidad a la gente”.   

Hoy los montos que paga el Estado por un seguro de vida no alcanzan para afrontar los gastos de sepelio, que rondan entre 65.000 y 70.000 pesos. Ante esto, al momento de hablar sobre la forma de actualizar estos montos, Labriola reconoció que “es un sistema que hay que mejorarlo desde todo punto de vista porque si hay una pretensión de una mejora del beneficio, y sigue siendo solidario, necesariamente habrá un incremento en los aportes”.

“Creo que hay que trabajar con la ley, de todas maneras hemos estado trabajando con algunas ideas para ver de qué manera podemos mejorar esto. Claramente una actualización necesita la modificación de la ley, y este acortamiento de los plazos naturalmente tiene que ser con una mejora de la calidad de la prestación y de alguna manera estamos avanzando en eso”, concluyó el funcionario.     

Conclusiones

Según pudo saber Cuestión de Fondo, existe mucho malestar entre los trabajadores de la Dirección de Seguro de Vida con su directora, Lucrecia Zambón Rodríguez, de quien dicen que “va poco a la oficina y eso retrasa la tramitación de los expedientes”. Aseguran que “tiene unos 100 expedientes sobre su escritorio porque pasó 20 días sin ir a trabajar”.

Además, el malestar es porque son los propios trabajadores quienes dan la cara ante los beneficiarios que pasan meses reclamando el cobro, y porque sufren “presiones, castigos y represalias, como ha sucedido con el recorte de horas extra”.

También la queja es por la falta de personal, ya que hoy solo son seis trabajadores para cubrir el universo de 140 a 150 trámites mensuales que se presentan.

Como conclusión, ante la confirmación y el reconocimiento de Labriola respecto a los inconvenientes planteados y a la necesidad  de una revisión del sistema, queda plantear que es hora de que los legisladores pongan manos a la obra para dar soluciones concretas y definitivas.

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