Niegan irregularidades en torno al Potenciar Trabajo en Entre Ríos

Las supuestas irregularidades detectadas por el gobierno nacional en el programa Potenciar Trabajo, instalaron en la agenda la ausencia de políticas estatales pensadas para generar puestos de trabajo formales. Para entender el conflicto que generó un quiebre en la relación entre el Ejecutivo y los movimientos sociales, hay que remontarse al tramo final de la gestión del exministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe a los fines de establecer un control sobre los beneficiarios del plan a nivel nacional.

Esos datos demoraron en procesarse, por lo cual recién fueron elevados al organismo cuando había asumido la nueva ministra de la cartera, Victoria Tolosa Paz. Las incompatibilidades encontradas son la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.

Esta situación obligó a una rápida reacción del Gobierno, y si bien ya se habían anunciado nuevas medidas tendientes a depurar los listados (varias asignaciones fueron dadas de baja), en una cumbre con los movimientos sociales se acordó postergar hasta febrero el relevamiento de los Potenciar Trabajo.

La realidad de Entre Ríos

Según datos proporcionados por la cúpula del Movimiento Evita el número de beneficiarios del Potenciar Trabajo en Entre Ríos asciende a 26.000 personas, aunque claramente la mayor concentración de planes se da en las ciudades con más desarrollo urbano, como el Gran Paraná y Concordia. Para conocer con más detalle el funcionamiento del programa y la controversia por supuestos cobros indebidos, diario Uno de Entre Ríos recurrió el testimonio de dos referentes territoriales de las principales organizaciones sociales.

En representación de la Libres del Sur, Julián Jarupkin, contó que se están dando muchos casos de “compañeros que se dieron cuenta que ya no estaban activos en los programas. ¿Qué quiere decir esto? Que a raíz del cruce de datos entre la AFIP, con Anses y Desarrollo Social, han tomado la decisión de recortar los programas sociales”.

El dirigente social dijo desconocer el número de planes que se llevan dados de baja en Entre Ríos, aunque aclaró que el clima que se vive es de preocupación y de incertidumbre. “En Unidad Piquetera están empezando a surgir los mismos casos que tenemos en Libres del Sur. Por eso estamos intentando rastrear quienes serían los que tendrían esa problemática”, ilustró.

Jarupkin mencionó que desde que comenzó la actualización de datos en la aplicación Mi Argentina al universo de beneficiarios “ha habido supuesto errores que se tendrían que corregir, que no son los más”. También desmintió algunas cifras del informe oficial que daban cuenta que más de 250.000 beneficiarios compraron dólares. Explicó que al “final fueron 2.000 personas, es decir un porcentaje ínfimo” y en ese marco relacionó el anuncio del Presidente Alberto Fernández de ir depurando los planes con “un ajuste y recorte sobre nuestro sector social, que ya la está pasando mal”.

Luego en base a testimonios de integrantes de su organización, ratificó la idea de que detrás de esta decisión se gesta un plan de achique del Gobierno. “Al ver cuando entramos en la aplicación que ya no estaban activos, al ver que te aparecía activo pero el puntito no era verde sino rojo, los compañeros empezaron a sospechar en todo el país de que se vienen los recortes. Una prueba más que demostraría esto es que no hay una fecha de cobro del Potenciar Trabajo, que son los 5 de cada mes. Ya nos dijeron que el 5 no se cobraría”, alegó.

Su testimonio denota claramente un malestar que surge de las bases y que se está haciendo carne en el resto de las organizaciones de la economía popular. En la mirada de Jarupkin la decisión de profundizar los controles tendría que ser para todos igual: “Acá no hay auditorías, no hay planes de control para las grandes megaminerías, sobre los programas de precios en los supermercados, sobre los grandes pooles de siembra. Entonces hay un nivel muy desigual de intervención del Estado en los diferentes sectores, y quienes la estamos pagando somos los que menos tenemos”.

Controles en el territorio

Desde Libres del Sur se informó que personal del Ministerio de Desarrollo Social comenzó a realizar un control sobre los merenderos y comedores que coordina la organización en Paraná. Al respecto Jarupkin precisó: “Han aparecido a hacer un control sobres los merenderos y los comedores que declaramos con actividades, a cargo de Desarrollo Social. Los recibimos con los brazos abiertos pero cuando van anotando las cositas les decimos, hace dos años no tenemos presupuesto, se está pidiendo que funcione un proyecto productivo que financiaron a la mitad”. En esa línea indicó que el movimiento cuenta en Entre Ríos con un total de 57 centros donde se asiste a los vecinos con partidas alimentarias, una cifra que se ha duplicado durante la pandemia. A eso se le debe sumar alrededor de 16 huertas, 8 proyectos productivos relacionados con panificación, 7 proyectos textiles, apoyo escolar en el área de educación popular y cultura, así como también tres radios.

“Ese laburo de la organización es lo que hoy se está poniendo en peligro y no solo en duda”, enfatizó.

El Potenciar por dentro

El Programa Nacional Potenciar Trabajo unifica los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario en una única iniciativa. El programa se lanzó en 2020 bajo la gestión del entonces ministro Daniel Arroyo, siendo alcanzadas casi 1,3 millones de personas. Uno de los datos que demuestra su crecimiento sostenido es que el Potenciar Trabajo es la tercera prestación social con mayor cantidad de beneficiarios luego de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar.

Niegan irregularidades

Desde el Movimiento Evita Entre Ríos rechazaron que las irregularidades denunciadas en torno al programa sean masivas. En efecto, el dirigente Emiliano Gómez Tutau marcó que en la provincia no fueron notificados por alguna incompatibilidad. “No hemos tenido compañeros o compañeras que se les haya dado de baja. O posterior a esta auditoría que marca la actual ministra. Porque desde que está el sistema de entrecruzamiento de datos, cada vez que se hacían estas altas se cruza esa información. Para ser más claro, cada vez que se ingresa al Potenciar Trabajo es el Estado mismo el que revisa y cruza datos para que no haya algún tipo de incompatibilidad. Entonces nos parece hasta medio contradictorio que se esté planteando la situación de esta manera”, observó.

Desde su lugar defendió los controles para garantizar la transparencia, aunque cuestionó que con esta lógica “se está condicionando o se incorporan requisitos nuevos. De 2.500 casos detectados a los 254.000 denunciados hay una diferencia enorme. Hay muchos compañeros y compañeras que en la cuenta que se termina abriendo el Potenciar Trabajo en el Banco Nación, se termina operando con movimientos que pueden ser en costo dólar. O el pibe que tenía una moto y no hizo la transferencia de nombre, y ahora termina siendo un problema”.

Luego señaló que el Potenciar Trabajo ha servido como base de construcción organizativa de cada una de las unidades productivas, pero denunció que en este contexto se profundiza la estigmatización “con algunas declaraciones de dirigentes de nuestro propio espacio. Son 1.300.000 Potenciar Trabajo en el país, acá en Entre Ríos no son más de 26.000 contando los que tienen los municipios y la provincia”.

En cuanto a las características del programa recordó que se sustenta en una Ley que crea el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) y que en Entre Ríos lleva anotados de manera voluntaria cerca de 80.000 trabajadores. “Ese es el trabajo, que muchas veces de manera tradicional, que se denomina trabajo en negro. Para nosotros es trabajo no registrado, porque de alguna manera el Estado no conoce que están produciendo y que están desarrollando esa cantidad de trabajadores. Esta herramienta viene a potenciar esa productividad y ese trabajo que a veces tienen características más institucionalizadas, como puede ser una cooperativa o un esquema societario de hecho. Y otras veces tiene características más individuales”.

Explicó luego que este episodio genera “un clima de mucha gravedad social, de cobrar o no cobrar en esa fecha, de tener o no tener un ingreso garantizado de acá en adelante cuando te venís desarrollando o más o menos planificando tu vida. Esto genera mucha angustia, y eso es lo que estamos viendo. Muchas organizaciones se movilizaron, en cambio nosotros definimos armar una asamblea con la diferentes unidades productivas, con las diferentes cooperativas, que se juntaron en todo el territorio de Entre Ríos”.

En otra intervención indicó que en un encuentro entre los movimientos sociales y el Gobierno se acordó que los relevamientos de los planes Potenciar Trabajo se postergaron hasta febrero. “Se dispuso poder pasar este mes, de mucha carga social e histórica, donde esperemos estar todos en paz y en tranquilidad sobre todo de los sectores que más padecen la crisis económica. Se tomó la decisión de empezar a partir de febrero el entrecruzamiento de datos específico para ser mucho más puntilloso, tener más tiempo, a la hora de tomar una decisión. Nos parecen bien los controles, lo que no nos parece bueno es que se cambien de reglas o que se asuma de manera intempestiva, sin tener en cuenta que conocemos a estas personas. Así podemos ir distinguiendo quienes son los que tienen algo y quiénes no. Son los propios trabajadores los que pueden asumir el papel de auditores”, argumentó.

Por último ensayó una defensa encendida de las organizaciones y del trabajo articulado que realizan en el territorio. “Todos conocen el laburo de las organizaciones, si bien hay algunas que pueden tener más desarrollo productivo y otras menos. Malos hay en todos lados y en todos los ámbitos, por eso lo que hay que tener es un trabajo coordinado”, consignó.

Gómez Tutau adelantó que las organizaciones nucleadas en el Movimiento Evita mantendrán el estado de asamblea permanente, a la espera de definiciones concretas del poder político en relación a posibles falencias en los planes.

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