De las investigaciones internas y de la Justicia podría haber consecuencias para los penitenciarios que no cumplieron con su deber mínimo de controlar el ingreso de droga y celulares a la cárcel, por ejemplo.
Un proceso de compra de pañales dejó afuera a proveedores históricos, adjudicó a una empresa no inscripta y se quedó con un contrato estimado en US$450 millones.