La Unidad Penal 1 de Paraná se había transformado en un centro de operaciones de dos bandas delictivas que operaban en distintos lugares de la ciudad, principalmente en el barrio 1° de Julio, a veces por separado y a veces asociadas.

Narcotráfico dentro y fuera de la cárcel, extorsiones, robos y balaceras eran algunas de las actividades delictivas que desarrollaban. Una investigación dirigida por el fiscal Santiago Alfieri y la División Robos y Hurtos de la Policía logró desbaratarlas: 14 personas fueron imputadas por cumplir distintos roles en cada organización. Algunas siguen en la cárcel, otras con prisión domiciliaria y otras libres con restricciones.

Las irregularidades dentro del establecimiento carcelario denunciadas hace pocos días por la jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora, tienen su correlato en esta causa, pero no se han advertido complicidades de personal penitenciario, sino más bien omisiones y descontrol total que favoreció el despliegue de ambos grupos criminales encabezados por Jonathan Roda y Brian Fassano, publicó el diario Uno de Paraná.

Por esto, se sigue investigando y analizando pruebas, y podría haber consecuencias para efectivos que no cumplieron con su deber mínimo de controlar el ingreso de droga y celulares a la cárcel, por ejemplo.

La pesquisa comenzó en marzo por varios hechos ocurridos en la zona de la Escuela Hogar Eva Perón. Se fueron identificando a varias personas y sus vínculos con varias personas alojadas en la Unidad Penal de calle Marcos Sastre, la mayoría por delitos graves como homicidios o violentos asaltos. Siguieron con escuchas telefónicas donde cada personaje hablaba sin códigos ni pelos en la lengua, lo que permitió conocer el entramado de cada grupo.

Al principio se sospechaba que se trataba de una misma organización que coordinaba las distintas acciones para los diversos delitos. De hecho, hubo un caso donde se advirtió una sociedad: en un intento de robo en calle Corrientes, que fue frustrado por la Policía, la banda de Roda aportó la mano de obra con un partícipe y el chofer de un vehículo, y la de Fassano puso la información y la logística. No obstante, no hay suficientes pruebas para imputarles a todos el delito de asociación ilícita, pero sí, al parecer, sobran para endilgarles a cada uno los hechos en los que participaron. Todavía falta conocer la información que contienen los celulares secuestrados en los allanamientos del miércoles 28 de julio en viviendas y en la misma cárcel, de los que podrían surgir más conexiones e implicados.

La investigación inicial se bifurcó en dos

El grupo de Roda estaba encabezado por Jonathan (alias Chocho), alojado en el pabellón 1 de la cárcel, y su madre Liliana Hollotte, en el barrio 1° de Julio. Se dedicaban principalmente a la comercialización de drogas dentro de la cárcel y a desplegar la logística necesaria para el ingreso de las sustancias; y a la conformación de grupos armados para delitos violentos y enfrentamientos con rivales.

Además, lo integran otros siete imputados: los hermanos Ezequiel (alias Machuca) y Micaela Roda, Patricia Delgado, Juan Cruz Avallay (conocido como Flanders), Coco Gómez (quien se dedicaba a patear las pelotas de fútbol con droga adentro que caían en la cancha de la Unidad Penal), Brandon Comas y Lautaro Martínez (compañero de pabellón de Jonathan).

La otra estaba dirigida por Fassano (que es cuñado de Roda), quien se alojaba en el pabellón 8, junto al conocido asaltante Osca Neri Romero. También entraban droga al penal y se especializaban en llamados extorsivos y estafas a comercios con tarjetas bancarias falsas. Actuaban con tres personas que se encontraban en libertad: Micaela Roda (pareja de Fassano), Emiliano Dehan (dedicado al cambio de pesos y dólares y la adquisición de drogas) y Facundo Eckert, quien también está preso, publicó el diario Uno.

De las extorsiones hay ocho víctimas. Creaban perfiles falsos de Facebook con fotos de chicas jóvenes o adolescentes, contactaban a hombres e intercambiaban mensajes y fotos de carácter íntimo. Luego los llamaban haciéndose pasar por un comisario (con nombre real) y le exigían dinero a cambio de no hacer avanzar una denuncia o de poner la situación en conocimiento de su familia.

Territorios

Estos no son los únicos grupos que actúan en la zona del barrio 1° de Julio y alrededores. Por ejemplo, Brandon Comas aparece junto a los Roda, pero participaba de los delitos por su cuenta y tiene su grupo propio con otras personas de la zona. Se unía para determinados golpes, pero no respondía a las órdenes de Chocho y Machuca.

También aparecía en la trama Ramiro Colman, alias Pañal, único imputado por el triple crimen de narcos ocurrido en Paraná el 15 de noviembre del año pasado. Pero este joven tiene otros socios en la zona del barrio Paraná V, donde en abril fue atacado a tiros por la banda del Pillo Maidana (algunos dicen un ajuste de cuentas por el tripe crimen, otros por disputa territorial, y también se habla de conflictos personales). Luego de ese episodio, los Roda le dieron asilo en el barrio 1° de Julio y les devolvió el favor como tira tiros en la pelea que estos tenían con un grupo del barrio Consejo. Pero Colman, si bien lo mencionaban, no quedó comprometido en esta causa de las bandas de Roda y Fassano.

Se trata de varios grupos autónomos que funcionan en distintos lugares de Paraná, que se conocieron y trazaron vínculos dentro de la cárcel y que ocasionalmente se colaboran para las empresas delictivas que surjan, consignó el diario Uno.

Esta maraña de bandas fue lo que causó confusión en el homicidio del contador Gonzalo Calleja en los primeros minutos de la investigación. Cuando aparece el auto de la víctima en calle Suipacha, las primeras sospechas apuntaban a la banda de Roda, ya que en ese territorio no volaba una mosca sin su venia. También se pensaba que podría ser otra banda rival que dejó allí el vehículo para comprometerlos. Finalmente se pudo determinar que quien lo había contactado a Calleja era Ezequiel Morato, un tercero con vínculos con los Roda y con Comas por la cercanía donde vive (en el barrio Ferroviario), pero que actúa en forma independiente con otros aún desconocidos.

Luego de los allanamientos de fines de julio, el fiscal Alfieri imputó a los 14 implicados y se dispusieron distintas medidas cautelares: Jonathan Roda, Martínez, Eckert, Romero siguen cumpliendo condenas por otros delitos en la cárcel; Machuca Roda quedó con prisión preventiva en la Unidad Penal; Liliana Hllotte, Micaela Roda, Comas, Avallay y Gómez tienen prisión preventiva domiciliaria, en otros barrios; Patricia Delgado y Emiliano Dehan quedaron libres con restricciones. El objetivo fue, de aquí hasta el juicio, desarticular las comunicaciones entre ellos.

De ahora en adelante queda el trabajo de precisar las imputaciones de cada hecho delictivo con las pruebas según la participación de cada imputado, fundamentalmente a partir de lo que hablaron con claridad y quedó registrado por las escuchas telefónicas.

La cárcel bajo la lupa

Por otro lado, se avanzará en deslindar las responsabilidades que le cabrían a los agentes penitenciarios que cumplieron funciones en los días y horarios en que se detectaron ingresos de droga a la Unidad Penal Nº 1. Por ejemplo, en las escuchas aparece que determinados días ingresaban droga en bizcochuelos. Entonces se busca conocer si quedó filmado por las cámaras de la cárcel quiénes los ingresaban, a nombre de quién llegaban esas visitas, si se registró debidamente y quiénes estaban en esa guardia.

Otro ejemplo: a inicios de mayo hubo una requisa en un pabellón donde encontraron droga. Se consultará si hubo actuaciones administrativas al respecto, porque si se trata de un problema disciplinario, se tiene que reportar al juez o la jueza de Ejecución a cargo del interno, y si hay un hecho delictivo autónomo se debe informar a la Fiscalía de turno para que se investigue.

Por todo esto se han solicitado informes al Servicio Penitenciario, para complementar con la información documental las evidencias con las que se cuenta en el legajo. No se descarta que se conozcan nuevas actividades delictivas dentro de la cárcel.

El comunicado que publicó el Superior Tribunal de Justicia sobre la denuncia presentada por la jueza Bértora, no cayó muy bien en la Fiscalía ya que se estaba avanzando en la investigación sobre estas cuestiones y temen que la misma se pueda entorpecer.

Lo que sí se ha aclarado es que en toda la pesquisa no surgió connivencia por parte de ningún penitenciario con los delitos. Sí ha quedado en sobrada evidencia el descontrol en el ingreso de drogas: en las visitas, en los regresos de internos traslas salidas socio familiares, en asistencias hospitalarias, en los trámites en registros civiles, (van para un tratamiento o una diligencia y vuelven con droga). Aseguran que, “de mínima es un incumplimiento de deberes de funcionarios públicos” por parte de los penitenciarios a cargo.

En los allanamientos de la Policía al penal el 28 de julio quedó claro este panorama: había decenas de chips de celulares, altas sumas de dinero en efectivo, cuadernos con anotaciones, distintos elementos ocultos en huecos en las paredes, hasta pelotas de fútbol con orificios por donde metían la droga que era pateada desde la calle (en una ocasión, a la vista de un centinela).