“Se citó a una audiencia de partes, no de conciliación, los alcances no son los mismos, y el gobernador sabe esto, incluso porque es abogado”, disparó la abogada de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Verónica Fishback, a raíz de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el gremio docente contra la Resolución Número 436/05 de la Dirección Provincial del Trabajo por la cual se convocó a una audiencia de conciliación obligatoria entre el gobierno y los gremios docentes. Fishback informó que en “lo que tiene que ver con lo jurídico, la Dirección Provincial del Trabajo no tiene la facultades legales, sino el Ministerio de Trabajo de la Nación”. Sobre el tiempo que llevará una resolución del juzgado Laboral Número 3, a cargo de María Gabriela López Arango, la abogada dijo que “los plazos no son cortos, no es un amparo ni una medida cautelar, el gobierno va a tener que contestar la demanda”.
AGMER presentó el jueves una demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución Número 436/05 de la Dirección Provincial del Trabajo en el Juzgado Laboral Número 3, a cargo de María Gabriela López Arango por la cual se convocó a una audiencia de conciliación obligatoria entre el gobierno y los gremios docentes. “Se citó a una audiencia de partes, no de conciliación, los alcances no son los mismos, y el gobernador sabe esto, incluso porque es abogado”, dijo Fishback en diálogo con A Quien Corresponda, que se emite por Radio Del Plata Paraná.
“Se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución de la conciliación obligatoria. Lo que se había llevado a cabo era una instancia de diálogo, como una de las tantas con las autoridades gubernamentales”, para luego aclarar que “lo que tiene que ver con lo jurídico, la Dirección Provincial del Trabajo no tiene la facultades legales para la conciliación obligatoria, sino el Ministerio de Trabajo de la Nación”.
En ese sentido, dijo que “los gremios no se sentaron jamás para conciliar, sino para dialogar, no sólo de lo salarial, sino acerca del financiamiento educativo y la infraestructura edilicia de los establecimientos educativos”.
En tanto, sobre los tiempos que demandará la presentación, la abogada dijo que “no son plazos cortos, no es un amparo ni una medida cautelar, el gobierno va a tener que contestar la demanda”.