La revisión de los documentos, que comenzó en febrero de 2010, reveló que se habrían fraguado planos y pagado indemnizaciones por los daños que causó el embalse, a quienes no correspondía. En este sentido, Stola explicó: “Una de las irregularidades es en un terreno de 500 hectáreas que supuestamente fueron inundadas en su totalidad, pero averiguando vimos que sólo fueron 25 las hectáreas afectadas. Además habían informado que se perdieron 11 mil kilos de arroz, pero sólo fueron 6 mil”.

Las anomalías se habrían cometido en el área del Sonca, que tenía a su cargo verificar y constatar las zonas y hectáreas afectadas con la construcción del embalse, es decir aquellas tierras que quedaron inundadas, para que luego el Estado nacional pague las indemnizaciones respectivas a sus propietarios, como resarcimiento por los daños causados.

Sin embargo, según se reveló en el informe de la auditoria, el Estado argentino habría pagado indemnizaciones, por tierras expropiadas, las que no quedaron afectadas por la construcción de la represa, entre otras irregularidades, que está investigando el juez federal Ariel Lijo.

El funcionario manifestó además que otra de las irregularidades tiene que ver con “un doble dominio sobre una zona de Santa Ana, que está a nombre del Estado nacional y de particulares. Esta pertenencia a sectores privados data de varios años, e incluso se hizo fallar a un juez con planos falsos, que estaban certificados por técnicos”.

Asimismo Stola sostuvo: “Hay mucha gente involucrada en esto y nosotros no nos podemos quedar callados ante semejantes irregularidades, hay una evidencia muy importante de lo sucedido y por eso se radicó la denuncia ante la Justicia”.

En referencia a las declaraciones del titular de la CTM, Juan Carlos Cresto, quien minimizó el hecho y la denuncia, Stola subrayó en declaraciones al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza) que “todo lo que tenga que decir que se lo plantee al juez interviniente, y en cuanto a la supuesta inmunidad diplomática, no se le dio lugar, ya que se declaró competente porque el organismo tiene sede en Capital Federal”.