Darío Ángel Dettler fue hasta hace poco sub jefe de Policía de la Departamental de Tala y ahora ocupa el cargo mayor de esa jurisdicción. Fue ni más ni menos quien dio la cara en defensa de sus conducidos cuando la ciudad quedó empañada por el humo de la impunidad, luego de que se conociera un hecho aberrante donde dos menores fueron torturados a manos de agentes de la Policía, consignó Página Judicial.

Hay una causa judicial que tiene como imputados a Marcelo Millezzi, Ludmila Soto, Héctor Mori, Claudio Monroy, Gustavo Fornerón y Pablo Segovia. Todos acusados de cometer los delitos de privación de la libertad con abuso funcional, vejaciones en actos de servicio y apremios ilegales.

El hombre que ahora se desempeña como máxima autoridad policial en el distrito de Tala fue ascendido el 20 de marzo por el decreto Nº 470 del Ministerio de Gobierno y Justicia, publicado recién el 26 de abril. La propuesta de ascenso a cargo del jefe de la fuerza, Héctor Massuh, promovió a Dettler no solo como jefe en esa jurisdicción, sino que lo elevó al grado de comisario mayor de seguridad.

El 20 de julio del año pasado, cuando se conoció el hecho de torturas en el que se utilizaron picanas, el entonces comisario inspector Dettler aseguró que “según la información recabada en la investigación administrativa, el hecho de tortura denunciado por los menores no existió”. “Tengo la certeza de que el hecho no se cometió. Hay testimonios que determinan que estas lesiones fueron hechas por los propios menores y hay muchos elementos más como son los informes médicos que indican que las agresiones no ocurrieron”, insistió.

Las afirmaciones de Dettler fueron categóricamente desmentidas por el informe del psicólogo Alejandro Poncio, enfocado en analizar “las estructuraciones discursiva orales y escritas” a los menores de 14 y 15 años torturados por los agentes.

La pericia (legajo Nº 369) determinó que en las audiencias con las víctimas no constató “incoherencia, perseveración, ecolalias (repetición involuntaria de una palabra o frase), pararrespuestas (no correspondencia con la pregunta), pérdida de la capacidad asociativa, fuga de ideas y bloqueo del pensamiento”, entre otras observaciones.

Tampoco se encontró elementos de “delirio”, “alucinaciones” o “alteración de la memoria inmediata, reciente o remota” en el relato que hicieron los menores sobre los hechos. Poncio comprobó que “existe conexión interna en lo relatado en las pericias” con “las declaraciones testimoniales en sede fiscal”.

Relato y pedido

Las declaraciones de las víctimas habían sido contundentes. En la primera detención, tres policías de civil y sin explicaciones esposaron a uno de ellos y lo cargaron con el sólo fundamento de que “había una orden” de detención. El joven era sospechado de haberse robado elementos de una escuela. Durante el camino, lo bajaron del auto y simularon dispararle en la cabeza. Luego lo llevaron a la Comisaría. Allí nunca vieron un familiar, un fiscal o un defensor. Sólo estaba su compañero, también acusado por el mismo hecho. Los golpearon con los puños, patadas y le asestaron quemaduras de cigarrillos. Después los largaron.

Hubo una segunda detención en la casa en donde vivían. Los llevaron a media noche al Arroyo de Tala a punta de pistola y a golpes. La faena terminó con una picana. “Me picanearon cerca del cuello, en la espalda varias veces y en los testículos. Mientras dos me tenían del brazo, el otro me picaneaba”, relató una de las víctimas.

Hubo una tercera detención. Los menores fueron llevados al basurero municipal. Los pararon como en un paredón mientras gatillaban sus armas. Era la simulación de un fusilamiento.

Los abogados defensores, Rubén Pagliotto e Iván Vernengo, pretendían que la Justicia que se aparte a la Policía de la investigación y tome posesión de la misma la Gendarmería, pero no se avanzó en esa medida. La causa se lleva adelante bajo los cánones que establece el nuevo Código Procesal Penal que entró en vigencia en esa jurisdicción hace casi dos años.

El fiscal Samuel Elbio Rojkin informó a Página Judicial que la idea es “darle ahora en mayo un corte a la etapa de pruebas y antes de la feria judicial hacer el juicio”. Los policías acusados no fueron suspendidos, sólo se los trasladó y se los corrió del lugar en donde se desempeñaban.