La Unidad de Información Financiera había congelado los bienes de De Marchi y Olivera –se sospechaba que contaban con el apoyo de un fideicomiso–, y el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de 2 millones de pesos, informó Infobae.
De Marchi, que se retiró del Ejército con el grado de teniente primero, se desempeñó durante la última dictadura como jefe de la compañía comando e integró el aparato militar destinado al "combate de la subversión", mientras que Olivera fue jefe Inteligencia en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 en San Juan en aquellos años. Ambos fueron condenados junto a otros represores en el histórico juicio desarrollado en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan.
La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, a cargo del juez Claudio Bonadio.