Dirigentes radicales instan al Ejecutivo provincial que no valide y se abstenga de llevar adelante la exploración de hidrocarburos que, a través de un convenio firmado con la provincia, YPF llevará a cabo en Entre Ríos.

Los diputados radicales consideran “injustificable el apresuramiento del Poder Ejecutivo en la suscripción de este convenio que avanza en la política de los hechos consumados que tanto mal han causado en nuestra provincia. Tanto más, cuando este acuerdo se realiza sin atribuciones por parte del Gobernador y sin los recaudos formales mínimos exigibles para su validez”.

En el proyecto de ley, que lleva la firma de todos los diputados del Bloque de la UCR, se advierte: “Resulta altamente llamativo que, habiendo el gobernador impulsado el año pasado un proyecto de ley, que tuvo aprobación en la Cámara de Diputados y está en tratamiento en el Senado, se apresure a firmar un convenio con la empresa Repsol YPF sin tener antes un marco normativo adecuado, que defienda los intereses de los entrerrianos y fije las bases de una política de Estado”.

En los fundamentos, destacan que “para la eficacia del convenio se requiere refrendo de un Ministro o el dictado de un decreto aprobatorio del mismo que lo contenga (Artículo 177 de la Constitución Provincial ). Sin embargo, dicho decreto no existe. Por lo cuál el convenio carece de validez y eficacia de manera absoluta. Pero aún de existir dicho instrumento, igualmente debería tener ratificación legislativa puesto que la decisión sobre hidrocarburos requiere trámite parlamentario (122 inciso 2º, 85 y concordantes)”.

“Efectivamente, el Poder Ejecutivo ha intentado comprometer a la Provincia sin estar legitimado para ello por carecer de las facultades para hacerlo por sí. En definitiva, la suscripción del convenio requería habilitación legislativa y refrendo ministerial por expresas disposiciones constitucionales. La ausencia de ambos extremos torna a dicho acuerdo nulo o directamente inexistente”, consideraron.

En el Artículo 2, los legisladores radicales exigen “la suspensión de todo acto de disposición a favor de terceros que signifique reconocimiento, validación o adjudicación de derechos o permisos sobre los recursos hidrocaburíferos de la provincia de Entre Ríos, hasta el momento de entrada en vigencia de un nuevo régimen legal aplicable a la política de hidrocarburos”, publicó diario Uno.