El juez de Instrucción Héctor Toloy dictó el sobreseimiento de culpa y cargo del gendarme Samuel Galarza, quien estaba imputado del delito de Abuso sexual simple contra dos menores de 5 y 11 años. La denuncia investigada por el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Paraná fue realizada el 10 de enero por los familiares de las menores, que dieron cuenta que las niñas habían sufrido vejaciones por parte de Galarza, quien se domicilia en la zona oeste de la capital provincial.

Según se estableció en el expediente judicial el hecho no existió, ya que las pericias médicas y psicológicas realizadas por profesionales de la Justicia entrerriana dieron resultado negativo. Asimismo, el juez Toloy dispuso otras medidas judiciales para establecer fehacientemente el hecho, que también dieron resultados negativos. Al agotar la etapa de recolección de pruebas y no surgir ningún elemento probatorio para procesarlo, el magistrado dictó el sobreseimiento del gendarme. Al no ser apelada la medida judicial en plazos legales dispuesto por el Código Procesal esta quedó firme.

Una vez conocida la imputación contra Galarza, quien se encontraba prestando servicios en la ciudad misionera de Oberá, este se presentó espontáneamente ante el juez acompañado por su abogado Miguel Retamoso. El hombre de la fuerza de seguridad nacional dio su versión de los hechos sosteniendo que “era inocente del hecho que se le imputaba”, y adujo que “la denuncia era motivada por un problema entre vecinos, ya que días antes el padre de una de las niñas, un funcionario policial, había ingresado a su vivienda y había golpeado a su hijo”.

Ante esta situación se conoció que Galarza había realizado una denuncia en Fiscalía por el delito de Amenazas calificadas contra el funcionario policial tiempo antes de la grave imputación sufrida en su contra por abuso de menores.

La medida ordenada por el juez da crédito a la declaración de Galarza, que había denunciado haber tenido un problema con un vecino que es funcionario policial, cuya causa es investigada por la Justicia.

Cabe recordar que la denuncia tomó estado público el 4 de abril, cuando los propios familiares de las menores, en declaraciones a Canal Once, dieron a conocer los pormenores de los hechos que supuestamente habían sido víctimas las menores. Según se hizo público en su momento la propia fuerza inició una investigación interna, la cual con el fallo de la Justicia entrerriana quedó trunca.