Este miércoles al mediodía en la sala de reuniones de la cámara alta, ubicada en el segundo piso de Casa de Gobierno, además de Kisser, los senadores Héctor Blanco (Tala), Francisco Morchio (Gualeguay), Miriam Espinoza (Feliciano), Daniel Olano (Islas), Mario Torres (Villaguay), Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú), Roque Ferrari (Victoria), Aldo Ballestena (La Paz), René Bonato (Uruguay), Ángel Giano (Concordia) y Beltrán Lora (Nogoyá). La reunión contó con la asistencia de todos sus miembros.

Según se informó a través de un parte de prensa, en el encuentro se dio tratamiento al proyecto de ley presentado por el senador Lora que pretende derogar el decreto N° 4647/12, que fija límites juridiccionales a la Planta Urbana de la Junta de Gobierno de Crucesitas Octava, distrito Crucecitas, departamento Nogoyá. El texto sostiene que “a consecuencia de este decreto se incrementaron de manera considerable los avalúos fiscales de los predios y chacras rurales de la zona, dando como resultado cálculos de impuestos a pagar excesivamente onerosos e imposibles de cumplimentar”.

Asimismo, argumenta que “se desconocen los motivos que llevaron al Poder Ejecutivo provincial de aquel momento a la recategorización de una zona rural que no recibía ni recibe hasta el día de hoy ninguna prestación de los servicios que requiere una planta urbana” por lo que es “de suma urgencia resolver este asunto y retrotraer los cálculos de las liquidaciones según criterio anterior a la reforma, y a su vez disponer para los afectados un plan especial de pago que incluya quita de multas e intereses por la especial situación de los mismos”.

El presidente de la comisión señaló, a modo de introducción, que “hay preocupación de todos los departamentos, ya que hay un problema que se ha suscitado con el incremento de impuestos”. La disyuntiva surge con el impuesto inmobiliario urbano y rural en las juntas de gobierno. “Hay que pagar impuestos razonables, buscando equilibrio”, enfatizó Kisser.

Kisser le dio la palabra posteriormente al senador Lora, quien manifestó que el proyecto de ley de su autoría es un “disparador” con el caso de Crucesitas Octava, tras lo cual argumentó con datos y decretos la evolución del problema desde 2012. Remarcó en este punto que hay pequeños chacareros y productores afectados, y trajo a colación un ejemplo concreto: el de una persona que abonó en 2012 248 de impuesto inmobiliario y en 2017 debe abonar 9.059.

El senador Ferrari apuntó a que el impuesto no debería superar el 300 por ciento de aumento del 2012 a hoy, de acuerdo a los decretos que existen, por lo que si se trata de un error hay que trabajar en solucionarlo.

Granetto reconoció que el proyecto “es un buen disparador para el tema” y comentó: “Hemos chequeado unos 200 casos y no hay errores”, ya que “la legislación es clara en cuanto a lo urbano, sub urbano y rural”. Asimismo, apuntó a una alternativa para legislar, estableciendo un cuarto registro, que serían parcelas rurales con destino productivo en plantas urbanas, valuadas como rurales.

Por su parte, Duhalde agregó que “a partir de las plantas urbanas, las parcelas pasan a urbanas de acuerdo a la normativa”. En el caso de Crucesitas, “visualizamos unas 120 parcelas, 31 tributan como urbana y el resto como rural. Se hace necesario producir una adecuación a la normativa actual de valuación y que se mantenga el tratamiento rural en determinadas condiciones, mientras se readecúen las plantas urbanas”, con lo que coincidió el Díaz Chávez.

Para cerrar el encuentro, Kisser sostuvo que fue “una reunión sumamente productiva y beneficiosa”, tras lo cual solicitó a los invitados acercar a la comisión un anteproyecto para solucionar el problema en cuestión, contemplando que incluya un retroactivo al 1º de enero de este año.