El Centro de Informaciones Judiciales de la Corte Suprema de Justicia informó este viernes que aún no hay sentencia sobre el caso de la demanda planteada por operarios de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Además, expuso que en el expediente principal y en uno de los secundarios está pendiente el voto del titular del Cuerpo, Ricardo Lorenzetti. Mientras que los documentos restantes ya opinaron todos los integrantes del Alto Tribunal.
El reclamo se inició en 1990, cuando el salario básico era de 200 pesos. Actualmente, comprendería a unos 1.400 activos y pasivos viales que iniciaron una acción judicial reclamando una recomposición con retroactividad en sus haberes. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) falló en su favor y el Estado provincial apeló ante la Corte.
El caso se subdivide en tres expedientes: el Nº 125/2006 “Baigorria y otros”, el 333/2006 “Acosta Daniel y otros”, y el 349/2006 “Puma Ricardo y otros”, todos contra la DPV y el gobierno entrerriano.
El cauce principal de las actuaciones está en el primero de ellos, puesto que fue el que ingresó más tempranamente al Alto Tribunal, y es el que más movimientos registra. Tal es así que, según indicó una fuente judicial a APF Digital, “lo que decida en esta, vale para todas”.
La demanda de tipo contencioso-administrativo se realizó el 15 de febrero del 2006 a través de la Secretaría Nº 4. El 24 de abril de ese mismo año, se envía al Procurador General de la Nación, Esteban Justo Antonio Righi, quien eleva el dictamen a la Corte el 14 de diciembre. Entonces, el primero de febrero de 2007 llega nuevamente ante los jueces con dictamen de la Procuraduría.
El vocal de primer voto fue Enrique Petracchi. A su vocalía, este expediente (al igual que los dos restantes) ingresó el dos de febrero del año en curso y egresó definitivamente el 27 de marzo. El magistrado había dado una primera salida el 28 de febrero pero lo retomó el siete de marzo hasta fines de ese mes.
Dos días después, Juan Carlos Maqueda se avocó por primera vez. El texto pasó luego a manos de Carmen Argibay por un lapso de cinco días.
Tras este último, el caso llegó a manos de Elena Highton de Nolasco, donde permaneció entre el 11 y el 30 de abril, para recalar en la vocalía de Carlos Fayt, quien lo retuvo hasta el cuatro de junio. De allí, pasó al despacho de Eugenio Zaffaroni, de donde egresó el 15 de junio.
Desde esa fecha, el documento está en la oficina de Lorenzetti, quien será el último en emitir opinión.
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