La Justicia, en forma unánime, confirmó los procesamientos por descarrilamiento culposo y fraude a la administración pública y allanó de esta forma el camino para el juicio oral y público.

Se trata de definiciones clave ya que el Tribunal Oral Federal 2 –según confiaron fuentes judiciales a Infobae- aguardaba que la Cámara de Casación resolviera estos más de 20 incidentes, la mitad de ellos relativos a nulidades que podían poner en peligro la realización del debate, para acelerar el trámite y lo más rápido posible fijar fecha de inicio del proceso.

En su resolución firmada por los jueces Eduardo Riggi, Mariano Borinsky y Liliana Catucci, la Cámara confirmó en esta oportunidad los procesamientos de Jaime; de los ex titulares de la CNRT Antonio Sícaro y Pedro Ochoa Romero; y del ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Guillermo Luna.

También hizo lo propio con los del ex presidente de TBA, Carlo Michele Ferrari; y de los ex directivos de la concesionaria Alberto de los Reyes; Carlos Esteban Pont Verges; Marcelo Alberto Calderón; Carlos Alberto Lluch; Alejandro Rubén Lopardo y Alberto Gariboglio.

Entre los acusados que van a juicio está el otro ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y el motorman Marcos Antonio Córdoba, pero sus situaciones no fueron evaluadas hasta el momento por la Cámara de Casación.

En tanto, la Cámara rechazó al menos una decena de nulidades planteadas por todas las defensas y confirmó el desdoblamiento de la causa en la investigación del accidente en sí y la otra relativa a irregularidades con los subsidios estatales que recibía TBA y que se comprobó no eran destinados al mantenimiento del servicio.

En diciembre pasado la Sala II de la Cámara Federal había resuelto quitarle al juez Claudio Bonadio la investigación sobre el mal uso de los subsidios y acumular dicho tramo de la causa con otra similar que tenía radicada en su juzgado desde tiempo antes el magistrado Sebastián Ramos.

Si bien los acusados tienen la posibilidad ahora de apelar y llevar el caso a la Corte, no será un obstáculo para que el Tribunal 2 comience el juicio oral y público que si bien aún no tiene fecha se estima que sea para la segunda mitad de este año o bien ya para el 2014.

Uno de los planteos que queda por definir en la Cámara de Casación es si acepta o no como querellante al Estado Nacional en la causa, algo que hará prontamente. Se trata de una medida que había sido criticada por los familiares de las víctimas, y la Cámara Federal lo había rechazado. A juicio van en total unos 28 acusados.