*Por Gonzalo Sánchez para Clarín

Por eso, no es una ley de tierras en sentido estricto . El jueves por la noche, en el Congreso, fue sancionada, casi sin debate, una norma que intentará ponerle cotas a las compras de hectáreas por parte de extranjeros. Se llegó a esto después de años de desmadres inmobiliarios, y es bueno que se legisle, pero se abren interrogantes.

La norma fija en un límite del 15% la cantidad total de territorio nacional que puede quedar en manos de foráneos. Matemática pura: si según estima la FAO, el 10% ya se encuentra en poder de extranjeros, queda una brecha del 5% con posibilidades de ser vendida. Esto equivale a 13,5 millones de hectáreas, casi una provincia de La Pampa entera . Sin ir más lejos –y esto parece cínico– el miércoles, un día antes de la sanción, la empresa de productos lácteos más grande de Arabia Saudita, en un intento por asegurar fuentes de alimentación para animales, anunció la compra de 12.140 hectáreas en Entre Ríos y Buenos Aires por 83 millones de dólares.

El otro punto crítico de la norma es el que establece la creación de un Registro Catastral de Tierras Rurales. Se le otorga al Ministerio de Justicia 180 día s para realizar un relevamiento integral sobre la propiedad de los inmuebles rurales. No será sencillo. Entre otros factores, fue el desorden las oficinas de catastros provinciales aquello que permitió el gran revoleo de tierras de los últimos veinte años en la Patagonia argentina. A fines de los años ’90, cuando Villa la Angostura era un edén sin cenizas en donde los ricos del menemismo querían vivir, se comentaba que el robo de un archivo con datos catastrales de Neuquén había permitido que unos pocos amigos se repartieran el negocio de los loteos millonarios al borde del Nahuel Huapi.

Pero también está la figura del agrimensor, que continúa siendo vital. Las grandes estancias de la Argentina permanentemente trabajan en la medición de sus límites porque casi nunca están del todo claros. Benetton, de hecho, mantiene un litigio con una comunidad mapuche del Sur por esas medidas difusas y trazadas a ojo, después del genocidio del desierto. Entonces, ¿cómo se llevará a cabo este relevamiento clave para la puesta en marcha de la normativa? La ley tampoco ataca la concentración, no pone el foco sobre los procesos verticales que hacen que los pooles de siembra transnacionales controlen cada vez más extensiones de campo. Se saltea, además, que casi no existen mecanismos para conocer el nombre de los accionistas de ciertas sociedades anónimas. Y por último, no repara en la urgencia social, lo que representa una deuda inmensa, porque los reclamos de vivienda digna y titularidad de muchísimas personas continúan sin ser atendidos. Frente a esto, cuidado con la protesta , porque ahora, por la gracia de otra nueva ley –que merece otro texto– cualquiera, desde un indígena hasta un periodista, puede ser considerado terrorista.