De ANALISIS DIGITAL

El año 2015 se cerró con una noticia en materia del transporte público de Paraná: las empresas que tienen a cargo el servicio urbano de transporte habían recibido un total de 147 millones de pesos en subsidios. Este dinero representó 22 millones más de lo que habían recibido durante 2014.

Es conocido que el Estado, una vez privatizado el servicio de transporte, comenzó a subsidiar a las empresas para que garanticen la inversión que requiere un servicio de calidad para los ciudadanos. Lejos de representar un achicamiento en el gasto público, los subsidios aumentaron año tras año con destino a manos privadas. El discurso que justificó las privatizaciones -el de la ineficiencia de la gestión pública- se dio vuelta y fueron los privados los que condenaron a los ciudadanos a un servicio incómodo e ineficaz.

Las lógicas del mercado son contraproducentes con las del derecho, eso forma parte de la evidencia. Cuando se trata de un servicio de carácter esencial para la ciudadanía, la ganancia debería formar parte de un conjunto de variables que se deben tener en cuenta. Esto, bajo la órbita privada, encuentra los límites del mercado. El servicio público bajo la órbita estatal parece tener mayor margen para garantizar un servicio de calidad, que garantice el derecho al trabajo y transporte, a pesar de no obtener una ganancia excesiva.

Es por esto que hay algunos sectores de la oposición, ligados a la centroizquierda e izquierda paranaense, proponen reabrir la discusión sobre en que manos debe estar el servicio. El transporte urbano representa una herramienta con la cual cuenta el Estado para garantizar no sólo el derecho al transporte sino otros derechos importantes como la educación y el trabajo.

En una ciudad como Paraná, con una sociedad civil activa y ciudadanos preocupados por el transporte público -como lo demuestran las asambleas autoconvocadas creadas a lo largo del kirchnerismo- la posibilidad de hacer un sistema de transporte de gestión pública con control ciudadano y de los trabajadores no parece tan lejana.

Seguramente estos sectores llevarán la discusión a la mesa de Transporte que resolvieron resurgir entre el intendente y los representantes de la Defensoría del Pueblo de Paraná.

El gasto público de los subsidios sin control

La empresa Mariano Moreno recibió un total de 60.553.343,55 pesos entre enero y noviembre de 2015, mientras que en todo 2014 se le abonaron 54.026.270,21 pesos en concepto de Compensaciones Tarifarias y Compensación por Régimen de Gasoil a Precio Diferencial. Por su parte, a la firma ERSA Urbano SA se le pagaron 87.112.037,12 pesos, mientras que en 2014 fueron 71.404.233,26 pesos.

Las dos empresas habían recibido 125.430.503,47 pesos en 2014, 86.882.785,07 en 2013 y 64.442.592,77 en 2012.

Los libros contables de las empresas no se conocen. La apertura de los mismos serían de gran aporte a la discusión de la problemática para saber si el modelo actual de transporte urbano es conveniente para la totalidad de la ciudadanía. De esa manera se podrá saber si el destino del dinero público es el correcto.

Este es uno de los reclamos de los distintos ciudadanos y organizaciones que han participado de las asambleas, puesto que la herramienta contable es clave para que la discusión sobre la organización del servicio sea sincera.

El presunto achicamiento del gasto público que iban a significar las privatizaciones está en duda. Los subsidios aumentan sin control año tras año y el servicio no aumenta su capacidad operativa en la misma proporción.