Mizawak aseguró que “se está trabajando” en la causa por la quema de alimentos vencidos, cuyo informe debería elevarse al gobernador antes de fin de mes

La fiscal de Estado de la provincia, Claudia Mizawak, aseguró que la Oficina Anticorrupción de la provincia “está trabajando en la causa” por la entrega y quema de alimentos vencidos, pertenecientes al Ministerio de Salud y Acción Social de la provincia, aunque aclaró que se trata de una información sumaria que “será elemento de prueba en la denuncia penal”, dado que “aún no es una causa judicial porque todavía no hay requerimiento de instrucción”. Al respecto, recordó que “el compromiso asumido era que antes que terminara agosto se elevaría el informe al gobernador de la provincia, Jorge Busti”. Asimismo, dado que reconoció su amistad con la ex ministra de Salud y Acción Social de la provincia, Graciela Degani, quien está “amargada y apesadumbrada” por la situación, afirmó: “No intervine en absolutamente nada en la investigación y no voy a intervenir para no ensombrecer en ninguna forma el expediente y si tengo que hacer un recurso puntual donde tenga que expedirme, dictaminar o tomar intervención en el proceso penal, me excusaré como hice en otros casos”.

En un extenso diálogo con el programa A Quien Corresponda emitido por Radio del Plata Paraná Mizawak calificó como “emblemático” todo lo ocurrido con la contratación de la empresa Kroll Associates, que realizó el ex gobernador de la provincia, Sergio Montiel (UCR), ya que “en un momento en que la provincia estaba económicamente muy mal, se contrató una agencia, cuyo representante en Argentina era el cuestionado empresario Frank Holder, para auditar todos los organismos de contralor del Estado y prestar un servicio que finalmente no prestó”.

Al respecto, explicó que “el Tribunal de Cuentas de la provincia realizó una investigación en la que determinó que hubo una contraprestación dineraria por parte del Estado que no tuvo su correspondiente contraprestación efectiva del servicio”. En ese sentido, comentó que “la empresa contratada realizó un informe parcial, ya que no reúne los requisitos de una auditoría externa, que debería haber sido más completa y minuciosa, y ese informe lo podrían haber realizado los organismos ordinarios del Estado”.

Asimismo, especificó que “lo peor de todo es que se realizó la contratación de manera directa mediante un decreto reservado o secreto, y no tenía ninguna justificación para hacerlo”. “Por la secuencia de los decretos, en un comienzo la contratación comenzó siendo para una cosa y estaba destinada a ser una investigación rayana en lo ilegítimo, ya que hablaba de investigación a determinados funcionarios de la administración anterior, y luego se cambió el objeto del decreto y se le agregaron tareas licitas, como la auditoria de ciertos entes autárquicos”, detalló Mizawak.

Por otra parte, comentó que en la causa por los 30 millones del Senado de la provincia que, entre 1995 y 1999, no tuvieron la justificación prevista, el juez de Instrucción Héctor Eduardo Toloy citó a indagatoria al ex vicegobernador Héctor Alanis (PJ), pero aún no dispuso fecha concreta, pese a que la resolución es de mediados del 2004. Sobre esto, dijo que “en dos oportunidades se solicitó una pericia contable, que demora mucho tiempo, y el perito solicitó cierta documental para realizarla y la misma nunca le fue entregada”.

En tanto, manifestó que la Oficina Anticorrupción de la provincia “está trabajando en la causa” por la entrega y quema de alimentos vencidos, situación que provocó la renuncia de la ex ministra de Salud y Acción de la provincia, Graciela Degani. “Se tomaron numerosas declaraciones testimoniales, algunas de hasta 6 horas; se solicitaron informes a diversas reparticiones del Estado, algunos de los cuales ya llegaron a la Oficina, y el compromiso asumido era que antes que terminara agosto se elevaría el informe al gobernador, por lo cual hay dos abogados, instructores sumariantes, abocados expresamente a esta causa”, apuntó la fiscal, al tiempo que aclaró que “la información sumaria será elemento de prueba en la denuncia penal, que aún no es una causa judicial porque todavía no hay requerimiento de instrucción”.

Ante ello, reconoció su amistad con Degani y afirmó que “el gobernador ordenó hacer toda la investigación del tema, a través de la Dirección de Sumarios y la Oficina Anticorrupción, quienes no trabajaron en el ámbito de la Fiscalía de Estado, y la evaluación final con las conclusiones del titular de la Oficina, las eleva al gobernador y sólo esa elevación pasa por la Fiscalía”. “No intervine en absolutamente nada en la investigación y no voy a intervenir para no ensombrecer en ninguna forma el expediente y si tengo que hacer un recurso puntual donde tenga que expedirme, dictaminar o tomar intervención en el proceso penal, me excusaré como hice en otros casos”, añadió. Además, agregó que su vinculación con la ex ministra es también “por una relación médico-paciente, incluso desde antes de la actividad del Estado”.

Por último, sostuvo que tuvo comunicación con Degani después de su desvinculación del Ministerio y aseguró que la encontró “amargada y apesadumbrada” por la situación.

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