El conjunto de organizaciones sociales, políticas y dirigentes de distintos ámbitos que impulsaron la demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 10.352, analizan realizar nuevas acciones para pedir su derogación, se indicó. Con esa norma, la legislatura entrerriana autorizó al gobierno provincial a tomar un crédito de 430,4 millones de dólares con bancos estatales y aseguradoras de crédito de la República China para realizar dos acueductos de forma arbitraria y sin licitación pública con China State Construction Engineering Corporation, según publicó Aim Digital.
Si bien el nuevo impulso que tomó la iniciativa con el gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri, llevaría el proyecto por otros carriles y, según los primeros indicios y expresiones públicas, se promovería la construcción de sólo uno de los acueductos (Mandisoví Chico) y con financiamiento de la nación, lo cierto es que la Ley aprobada por los diputados y senadores provinciales en enero de 2015 sigue vigente y da vía libre al Ejecutivo a tomar el crédito.
Es por eso que quienes en su momento se opusieron al polémico acuerdo, anticiparon que la intención es volver a insistir en las próximas semanas para reclamar que finalmente se derogue la norma que habilita un endeudamiento en base a un presupuesto de obra que quintuplica el que inicialmente se desarrolló desde la provincia, en coordinación con la nación a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap).