La historia se remonta al año 2009, cuando el Grupo Senor presentó un proyecto para instalar en Concepción del Uruguay una planta para la construcción de cosechadoras. El Gobierno le otorgó entonces un crédito por 574.000 pesos, en 2011 otro por 4 millones y en 2012 otro por 1 millón a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver).

Las cosechadoras no se construyeron y la planta terminó siendo un galpón vacío. Lo único que se había hecho con los fondos otorgados fue la carcasa de una cosechadora Maag Mitos que sirvió como anuncio de la misión comercial a Angola. Todo terminó siendo un papelón que la fotografía capturó en una imagen del 13 de marzo de 2012, en la Casa Rosada, donde se la ve a la presidenta Cristina Fernández y al gobernador Sergio Urribarri a bordo de lo que sería la cosechadora que exportaríamos los argentinos y, principalmente, los entrerrianos.

Tras la denuncia de Mulet, el fiscal Ignacio Arambarry solicitó una serie de medidas tendientes a establecer su verosimilitud y, a partir de ahí, avanzar en una investigación por la posible comisión del delito de defraudación a la administración pública por parte de funcionarios del Gobierno provincial y de los titulares de la empresa de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA.

A más de dos años de la denuncia, la Procuración General a cargo de Jorge Amílcar García avanzó con los titulares de la firma, que dicho sea de paso quebró.

Partícipes necesarios

Mulet – en su ampliación de denuncia a la que tuvo acceso Página Judicial - sostiene que Valiero y Rodríguez Signes “abrían actuado consistiendo, apoyando y actuando sin probidad, realizando con su conducta un aporte necesario sin el cual los integrantes de Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A., Ricardo Vicente y Ricardo Javier Senor, Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll no habrían podido concretar su maniobra delictiva”, la que consistió en solicitar al Poder Ejecutivo la asistencia financiera para la instalación de la empresa. Para el abogado del foro local la conducta imputada a los funcionarios “resultaría ser la de partícipe necesario cuyo aporte fue esencial a los fines del hecho delictivo”. (Ver archivo en Adjuntos)

El argumento más sólido en la investigación, hasta el momento, son los tres decretos donde constan los montos y condiciones para los créditos que se otorgó a Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, entre 2009 y 2012.

En los decretos, a los que accedió Página Judicial, surge claramente la responsabilidad del Ministerio de la Producción (antes Secretaría de la Producción) como órgano de contralor de la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las condiciones fijadas a la empresa, como también la “correcta utilización del crédito”.

Pero la situación de los funcionarios es más comprometida considerando que ya en 2010 se había establecido, como condición para el desembolso del dinero, fijar un cronograma de entregas bimestrales conforme avanzara la puesta en marcha del proyecto productivo, para lo cual la cartera a cargo de Schunk debía realizar informes técnicos previos “sobre el cumplimiento de las metas fijadas”.

El artículo 2, inciso d) de los decretos Nº 4432/09 GOB y Nº 96/11 dice lo siguiente: “En caso de incumplimiento en las obligaciones asumidas por la empresa, esta deberá abonar en forma inmediata la totalidad del dinero otorgado con más los intereses establecidos”. Ello no ocurrió, por lo tanto el Gobierno debería haberse presentado como damnificado ante el juez o ejecutar el seguro de caución que la firma presentó como garantía ante el Instituto Autárquico del Seguro de Entre Ríos.

Estas dos motivaciones impulsaron a Mulet a denunciar al fiscal de Estado, como responsable de defender el patrimonio público y a los miembros del IAPSER, entre ellos el responsable General de Gerencia de Asesoría Letrada del instituto, Julio Lisandro Rodríguez Signes, hermano del fiscal de Estado. Para el denunciante, la conducta de Rodríguez Signes “encuadraría en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en tanto que verificado el incumplimiento por parte de Grandes Maquinas Concepción del Uruguay S. A. con respecto a las obligaciones asumidas en los distintos tramos del crédito otorgado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos, el mismo no habría procedido a hacer efectivas las garantías otorgadas por la empresa (seguro de caución) sin que esta parte conozca si los créditos generados en el incumplimiento asumido por la empresa fueron verificados en el Concurso Preventivo, hoy quiebra, seguido en contra de la empresa”.

El expediente tramita en el Juzgado de Transición a cargo de Paola Firpo. La pesquisa a cargo del fiscal, Gervasio Labriola.