Yedro, que fue concejal justicialista de Concordia al inicio de la democracia, y luego senador provincial durante dos períodos, entre 1987 y 1991, y entre 1996 y 1999, debió desocupar su campo ubicado en Raíces Norte, departamento Tala, próximo a Maciá, a principios de mes, a partir de una denuncia que motorizó el jefe de los fiscales, el procurador Jorge Amílcar García, acusándolo de usurpación y estafa procesal.

Según publicó El Diario, antes de que se cumpliera el plazo para el efectivo desalojo, el ex legislador introdujo una apelación ante la Cámara del Crimen de Gualeguay para frenar la orden judicial. En medio, la jueza Ríos siguió delante con la causa aunque de modo titubeante: el 2 del actual firmó una resolución a través de la cual le otorgó a Yedro diez días de plazos corridos para irse de un campo que ya no le pertenece. En la práctica, ese plazo se estiró a quince días.

Esos diez días, o quince, se cumplieron este viernes. Pero en vez de ordenar el desalojo por la fuerza pública del ex legislador, la magistrada volvió a posponer todos los plazos, esta vez por 60 días. En la resolución que firmó ayer, la jueza Ríos ordenó “el inmediato desalojo”, aunque a la vez otorgó un plazo de 60 días “a fin de que se proceda a la paulatina desocupación”. En ese tiempo, Yedro deberá sacar sus 1.200 vacas y sus 80 caballos, y buscar un predio adonde ubicarlos.

Aquel fallo

Ese campo de 2.164 hectáreas que ahora parece estar en litigio ya no pertenece a Yedro, y es así por una orden judicial. El 22 de diciembre de 2005, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Concordia lo condenó, luego de culpabilizarlo por el delito de enriquecimiento ilícito, a una pena de 3 años de prisión en forma condicional, una multa de 90.000 pesos, la inhabilitación por el término de 10 años para ejercer cargos públicos y el decomiso de ese campo, que según algunas estimaciones tendría un valor de 7,5 millones de dólares. El ex senador, cuando lo compró, lo pagó en 800.000 pesos.

La sentencia puso entonces la custodia del bien decomisado en manos del Estado provincial, aunque la Fiscalía de Estado recién tomó posesión del campo en 2008. La propiedad había sido incorporada al patrimonio del ex legislador justicialista a través de la sociedad Delrubio & Hunmendi, de la que participaba junto a su ex esposa, Silvia Torres.

Claro que el pleito no acabó allí. Yedro fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso de queja, que todavía no se ha resuelto, rechazando aquella condena.
Además, en 2010 entabló una demanda ante la Justicia Civil y Comercial de Tala para reclamar la devolución del campo que le quitaron. El planteo apuntó en un sentido: la condena judicial recayó sobre el socio gerente y no sobre la sociedad Delrubio & Hunmendi en su conjunto. Así, convirtieron a esa persona jurídica en “tercero no responsable”, arguyó.

Esa sociedad comercial quedó integrada, luego de la separación de Yedro de su esposa, por el ex legislador y sus hijas, Fátima, Luciana y Lara, quienes pasaron a formar parte en 2003.

Pero luego de esa presentación en los tribunales talenses, el procurador general ordenó al fiscal Samuel Elbio Rojkin impulsar una denuncia contra Yedro por los supuestos delitos de "usurpación", al ocupar un campo que había dejado de ser de su propiedad, y además por "estafa procesal", al iniciar una demanda de devolución de un campo que había sido quitado en el marco de una sentencia judicial.

En el marco de esa denuncia fue que la jueza Ríos ordenó a Yedro marcharse del campo.

En la calle

En su pedido para que la magistrada posponga la orden, Yedro no cuestionó el desalojo, sino que pidió más días para concretarlo. Argumentó esa solicitud en el hecho de que los animales que tiene metidos allí adentro “no pueden ser dejados en la vía pública”, en razón de que no encuentra un predio para arrendar en la zona “teniendo en cuenta el déficit de tierra dedicadas a la ganadería en la provincia”.

Pero puso otro escollo. Al parecer, ninguna de las 1.200 cabezas que posee tienen la marca del dueño, y esa es una tarea por realizar para que, cuando sean sacados del campo, no soportar una penalización del Senasa. Esa tarea, dice Yedro en su escrito, le demandará “un tiempo aproximado de 40 días”. Y dice después que no es su intención resistir la orden de desalojo, pero pretende hacerlo en un plazo razonable.

El fiscal Rojkin rechazó el medido, al entender que se constituía en una “maniobra dilatoria”. Pero la jueza, después de reprochar la tardanza del Estado provincial en tomar posesión del inmueble -recién lo hizo en 2008, dos años después de conocida la sentencia-y pidió su desalojo en 2011, vuelve a mostrarse condescendiente con el pedido de Yedro, y le da 60 días más de plazo para que pueda desalojar completamente el campo.

El fiscal de Estado aseguró: “Vamos a tomar posesión”

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dijo que la próxima semana se hará la efectiva toma de posesión del campo de Raíces Norte, aún cuando el ex legislador Mario Alberto Yedro continúe durante 60 días con el proceso de mudanza.

En la resolución que tomó la Justicia de Tala en el marco del juicio por usurpación, se dispuso “el inmediato desalojo”. Pero además resolvió librar mandamiento “a los fines de toma de posesión a favor del Estado provincial de los inmuebles con todo lo plantado, edificado y anexos”, indicó.

“Hágase saber a la Fiscalía de Estado Provincial que deberá arbitrar los medios necesarios para procurar la segura custodia y conservación de los bienes existentes en el predio, permitiendo al personal de Delrubio & Hunmendi SRL las tareas tendientes a la remoción de la totalidad de los bienes y dependientes de dicha sociedad”.