La audiencia se realizó esta mañana en el despacho presidencial del Máximo Tribunal y junto al gobernador fue convocado el ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Amado Boudou. Por su parte, Binner concurrió acompañado por el ministro de Economía, Ángel Sciara; y el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre.
“Esta audiencia fue convocada a causa de la medida cautelar presentada por el gobierno santafesino, en el marco de la demanda para que se declare la inconstitucionalidad de la detracción del 15 por ciento”, expresó Barraguirre al conocerse la nueva citación de la Corte.
En ese sentido, destacó el hecho de que la Corte haya citado a una audiencia informativa (en marzo) “a fin de tener elementos para resolver la causa, ya que el Tribunal sólo toma una medida como esa en el caso de pleitos de gran impacto”. “Ahora, el objetivo de la audiencia de conciliación es que las partes traten de establecer las bases de una composición amigable de los intereses que están en pugna”, agregó el fiscal.
La detracción
Por medio de un acuerdo federal de 1992, el gobierno nacional comenzó a detraer a las provincias el 15 por ciento de la masa de recursos coparticipables para afrontar el déficit del sistema provisional. Sin embargo, una vez que la ANSeS dejó de ser deficitaria, el Estado nacional continuó descontando el porcentaje a las provincias pese a que, en el caso de Santa Fe, retiró su aval para esa detracción desde el inicio de 2006.
En la audiencia del 17 de marzo pasado, el gobernador Binner presentó ante la Corte los argumentos acerca de la inconstitucionalidad del artículo 76 de la Ley Nº 26.078, señalando que “el compromiso de Santa Fe -pactado en 1992- fue para afrontar el déficit del sistema previsional, no para el sostenimiento de la ANSeS, con lo cual las causas de aquel acuerdo cesaron”.
Tras la presentación inicial de la demanda, la Fiscalía de Estado de la provincia presentó una medida cautelar en la que el gobierno de Santa Fe solicitó que, hasta tanto se resuelva de modo definitivo la cuestión de fondo planteada, “se ordene la suspensión parcial” de la aplicación del artículo en cuestión y también “el cese preventivo” de la detracción de los fondos coparticipables. En tal sentido, la pretensión cautelar se limita “a los períodos sucesivos” y “tan sólo al 50 por ciento de los fondos que corresponden a la provincia y se encuentran comprometidos en la detracción cuestionada”.
En cuanto a la masa de recursos que le corresponden a Santa Fe, el fiscal de Estado estimó que “sólo para este año estaría entre los 900 y 1.000 millones de pesos”, aunque aclaró que el gobierno no hizo un planteo “en términos cuantitativos, sino que lo que busca es que la Corte resuelva un problema de derecho, es decir, que no se ponga la lupa sobre los números, sino sobre las normas jurídicas”, publicó Notife.