De hecho, hoy el senador nacional Rubén Giustiniani tenía previsto ir a las oficinas de la petrolera argentina en Puerto Madero, pero fuentes de la compañía aclararon que, en caso de presentarse, le informará que es la magistrada la que puede difundir la copia. El contrato en cuestión, de acuerdo con lo que pudo saber Infobae de fuentes con acceso al expediente, de cuatro tomos con cientos de páginas.
"Al momento de la firma del contrato con Chevron, ocurrido el 16 de julio de 2013, YPF consideraba que no estaba alcanzada por el decreto 1172/2003 que reglamenta el acceso a la información pública, posición que había sido refrendada en sede judicial tanto en primera instancia como en segunda instancia", se indicó.
"La decisión de incluir a YPF dentro de este decreto fue adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 10 de noviembre de 2015. YPF considera necesario ratificar su posición de que el acuerdo entre YPF y Chevron había sido suscripto dentro del marco de la ley de Sociedades Comerciales y que la confidencialidad de sus términos tenía como objetivo salvaguardar información geológica, comercial y financiera, que son de valor estratégico para ambas empresas", afirmó la petrolera en el comunicado.
"El carácter de confidencialidad de estos términos es de práctica habitual en la industria y forma parte de todos los contratos comerciales que cualquier compañía petrolera realiza en el curso normal de sus operaciones. YPF aclara también que para la aprobación de todos sus contratos cumplió siempre con las normas nacionales e internacionales vigentes. En este caso, las autoridades a las que se presentó documentación e información fueron la Secretaría de Energía de la Nación, el Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales de Neuquén, la Comisión Nacional de Valores y la Comisión de Valores de los Estados Unidos, entre otras", continuó.
Finalmente, aclaró que "es una empresa que cotiza en las bolsas de Buenos Aires y de Nueva York y, como tal, debe velar por los derechos de sus accionistas, tanto públicos como privados, por lo tanto, ve con preocupación el hecho de que se divulgue información confidencial que colocaría a la compañía en una posición desventajosa frente a sus competidores, contratistas y potenciales socios. Es por ello y en atención a la naturaleza y el valor comercial, industrial, técnico, económico y financiero que posee la documentación".