El año que termina trajo un vendaval de idas y vueltas en Salud de la provincia. El escándalo mayúsculo se produjo con el estropicio de toneladas de alimentos mal acondicionados o dejados vencer por las autoridades del Ministerio de Salud y Acción Social, lo que produjo la caída de Graciela Degani. La obstetra que había resistido más de un embate desde las filas internas del justicialismo no pudo justificar el despropósito de inutilizar mercadería en una provincia con un alto índice de pobreza, lo cual motivó en un primer paso el recorte de funciones, para posteriormente alejarla del ámbito político. Dos figuras claves fueron su reemplazo: Jorge Kerz, que llegó para coordinar las políticas sociales y transparentar la distribución antojadiza que se había realizado hasta ese momento, y luego el posterior desembarco de Gustavo Bordet al frente de la cartera. A sólo seis meses, aún siguen apareciendo casos que demuestran la arbitraria política que se había implementado en los últimos años, emblemas del deterioro social y sanitario de la provincia que costará remontar.
Sandra V. Miguez
En junio del 2005, el escándalo cobró su punto más álgido. Vecinos de la zona de Los Cuarteles notificaron a los medios de comunicación de que “algo huele mal”. Eso dijeron para describir no sólo la quema de alimentos sino también el hecho de que varios camiones entraban y salían con mercadería de uno de los depósitos que el Ministerio de Salud y Acción Social tenía en el cuartel del Ejército Argentino en Paraná.
A partir de allí, se sucedió una batahola que parecía no tener principio ni fin; en distintos puntos de la provincia saltaban testigos que daban cuenta de la incineración o entierro de alimentos que el Ministerio de Salud y Acción Social había dejado vencer, como harina, leche y otros insumos provenientes de los fondos nacionales destinados a los programas de refuerzo alimentario de los sectores más necesitados.
Pero la denuncia involucró también a la esposa del primer mandatario, Cristina Cremer, que había decidido distribuir en un centro comunitario la harina vencida antes que decomisarla, como recomienda la Dirección de Bromatología para productos no aptos para el consumo humano.
Unos 40.000 kilos de mercadería enterrada a principios de julio se sumaron a los productos vencidos en junio: 5.000 kilos fueron quemados y al menos 3,5 mil, repartidos. Según se estima, la pérdida total de alimentos para planes sociales habría llegado a unos 60.000 kilos, sobre todo cuando desde el área de Maternidad e Infancia se corroboró la faltante de otros 13.000 kilos de leche en polvo proveniente del Ministerio de Salud de la Nación.
Como en un juego de naipes, todo se desmoronó concatenadamente y terminó de cortar el débil eslabón que sostenía a la doctora Graciela Degani aferrada a su sillón, aun cuando el gobernador Jorge Busti había decidido recortarle las funciones correspondientes al área de Acción Social con la llegada del licenciado Jorge Kerz como coordinador de las políticas sociales, que intentaría echar un manto de transparencia a la tarea.
Fue el propio Kerz quien reconoció que existía una especie de “agujero negro”, un stock no determinado de mercadería faltante, de la cual no se podía dar cuenta con precisión, que seguramente iba a ser determinada cuando se realizaran los arqueos y control de datos previstos por el sumario administrativo iniciado.
Lo cierto es que la incineración, entierro, decomiso, inutilización -o cuanto eufemismo quiera emplearse para nominar la inoperancia puesta de manifiesto a la hora de dar utilidad a más de 60 toneladas de alimentos que debían ser destinados a los sectores más vulnerables de la provincia: embarazadas, discapacitados, ancianos, niños- provocó el retiro del poco aval político que le restaba a la entonces ministra de Salud el sumario administrativo y la denuncia penal correspondiente formulada por legisladores de la oposición.
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